CARLOS ARIAS NAVARRO

El nuevo gobierno que, para sorpresa de no pocos, sucedió al de Carrero Blanco en enero de 1974 estaba presidido por el anterior Ministro de la Gobernación, antiguo director general de seguridad y alcalde de Madrid, y a quien no se atribuían conexiones especiales con ninguna de las familias del régimen. En todo caso, Arias formó un Gobierno que marca no ya el declive sino la desaparición del primer plano político de los tecnócratas vinculados al Opus Dei que habían tenido un decisivo influjo en el desarrollo económico de los años 60 y en la operación sucesoria culminada en 1969. E1 proyecto continuista, encallado decididamente en el inmovilismo con el Gobierno de Carrero, perdía, con la salida del Gobierno de López Rodó, el segundo de sus arquitectos.

Arias carecía de un proyecto político propio que estuviera dispuesto a llevar a la práctica con energía y decisión. Recuperó para el gobierno, en la persona de Pío Cabanillas, el grupo desplazado en 1969 por López rodó y vinculado a Manuel Fraga, que pretendía impulsar una operación de reforma del régimen, conducida desde el poder, con objeto de incorporar al juego político a las oposiciones moderadas de cristianodemócratas, liberales y socialdemócratas. Fraga había proclamado desde 1971 una apertura al centro, amplio terreno en el que situaba a la mayoría de la clase media favorecida por el crecimiento económico y partidarios de una ordenada transición desde el autoritarismo a formas más democráticas de participación política.

Con el nombramiento de Barrera de Irimo para la vicepresidencia económica, Arias parecía dar entrada en su Gobierno a los sectores más dinámicos del capitalismo español, mientras que con Antonio Carro en el Ministerio de la Presidencia establecía vínculos con los sectores democristianos que más reformistas se habían manifestado en los últimos años. Por otra parte quiso asegurar el apoyo de las nuevas generaciones del Movimiento con la incorporación al Gobierno de representantes de sus diferentes tendencias.

La cuestión más larga e inútilmente debatido en los últimos 10 años en las filas del movimiento Nacional y entre el Movimiento y tras familias del régimen ‑ la posibilidad de abrir canales de participación política sin derogar previamente algunas de las Leyes fundamentales y a través de "asociaciones" que no fueran partidos políticos ‑ volvía así de nuevo al centro de la discusión política.

La discusión duró poco. Sólo dos semanas después de la promesa de apertura, el Gobierno presidido por Arias tuvo que hacer frente ala primera crisis seria, provocada por una homilía del Obispo de Bilbao, en la que se pedía el respeto a la lengua y a la identidad cultural vasca y una política de reconocimiento de los derechos de las regiones. E1 enfrentamiento con la Iglesia, además de abrir una profunda brecha en el Gobierno, favoreció el paso a la ofensiva aperturista de los sectores del régimen conocidos como búnker, que designaba al conjunto de personajes del antiguo Movimiento que, careciendo ya de posiciones de poder en el Gobierno y en la Administración, mantenían aún buenas relaciones con los sectores más inmovilistas de las fuerzas armadas y que, a través de ellos o directamente, ejercían presión sobre el propio Franco. El "gironazo", como se llamó a esta reacción del búnker, pretendía acabar con la incipiente permisividad de la prensa y cortar en seco cualquier avance aperturista.

El primer ensayo de evolución hacia formas más abiertas de participación política dirigido fracasó debido al rechazo del búnker, aglutinando en torno a los ultras del movimiento y un sector de las fuerzas armadas que remataron su triunfo con la destitución, a mediados de junio, del jefe del Alto Estado Mayor, teniente general Díaz Alegría, cabeza visible del reformismo militar, y el cese, a finales de octubre, del ministro de Información, Pío Cabanillas que había prometido mayor grado de tolerancia y libertad para la prensa. Al cese de Cabanillas, preludio de nuevas restricciones y multas a los medios de información, siguió la dimisión de Barrera y de varios altos cargos de la Administración: los grupos reformistas del propio régimen parecían dar esta primera batalla por perdida y replegaban sus posiciones hasta que Franco desapareciese de la escena.

Por todo ello se comprende que el Estatuto de Asociaciones presentado por Arias al Consejo Nacional en diciembre acabara por liquidar las expectativas levantadas entre los reformistas por el discurso del 12 de febrero. En este discurso Arias había iniciado lo que se consideró un avance en la pre ‑ transición. Se hablaba de apertura, de cambio de la sociedad española y de actualizarla vigencia de unos principios fundamentales permanentes.

La incapacidad de autoadaptación del régimen era evidente, frustrándose todas las expectativas de que tuviera lugar una limitada liberalización. Mientras tanto, grupos diversos pertenecientes a la llamada "derecha civilizada" fueron surgiendo con la finalidad de apoyar a alguna figura política que pudiera ser capaz de conducir al país a una salida pluralista o semi pluralista.

Por parte de la izquierda, los organizaciones obreras clandestinas cobraron a partir de 1973 nuevo ímpetu y, en ese año, las huelgas aumentaron. Durante esos dos años, Comisiones Obreras empezó a recobrarse de la represión que había sido objeto. La Unión General de Trabajadores comenzó también a cobrar fuerza entre la clase obrera, beneficiándose de que su dirección y líderes habían dejado el exilio y vuelto al país. A esto hoy que añadir el resurgimiento del PSOE a partir de 1972. Durante el verano de 1974, se creó la Junta Democrática, encabezado por el partido comunista, y de la que formaban parte CCOO, algunos pequeños partidos y algunas personalidades independientes. Un año más tarde, se constituyó la plataforma de Convergencia Democrática, en la que estaban presentes el Partido Socialista, los socialdemócratas, los demócratas cristianos, el PNV y otras formaciones políticas. A partir de ese momento, la oposición democrática se había convertido en una "alternativa con credibilidad", a pesar de que seguía dividida.

La enfermedad que obligó a hospitalizar a Franco e19 de julio de 1974 y la asunción temporal de la jefatura del estado por el príncipe Juan Carlos el 19 del mismo mes desató todos los las expectativas. El secretario general del PCE, Santiago Carrillo, había hecho saber a don Juan de Borbón, su disposición a apoyar una regencia con un gobierno provisional que sometiera a referéndum la futura forma de gobierno. Este plan, que contaba con el apoyo de personas cercanas a don Juan, como García Trevijano y Calvo Seres, y que en un primer momento sedujo al pretendiente a la corona, prosperó sin embargo con el rechazo de un consejo político. La negativa del Conde de Barcelona a hacer pública una declaración de abierta ruptura con el régimen no desánimo a Carrillo, que a finales de julio presentó en París un nuevo organismo, la junta democrática, en la que participaban, además del partido comunista, el partido del trabajo de Nazario Aguado, el partido socialista popular, los carlistas y en sindicato comisiones obreras, además de varias personalidades independientes como Calvo Seres.

En su primer manifiesto, la Junta se declaró a favor de la ruptura con el régimen por medio de la formación de un gobierno provisional que tomaría el poder gracias a una acción democrática nacional, aunque dejaría para un referéndum posterior la decisión popular sobre la forma de gobierno. La Junta exigía también amnistía política, legalización de los partidos, libertades democráticas de reunión, manifestación y sindicación, y establecía la convocatoria de elecciones en un plazo de dieciocho meses a partir de la constitución del gobierno provisional.

La pretensión de que otros partidos y grupos políticos de la oposición se integraran en la Junta Democrática tropezó con el rechazo del PSOE a participaren empresas en la que el PCE ocupaba una posición relevante. Inmerso todavía en la lucha entre interior y el exterior por el control de los órganos de dirección, lucha que quedó resuelta con la elección de una nueva ejecutiva dirigida por Felipe González, El PSOE impulsara desde junio de 1975 frente a la junta una plataforma de Convergencia Democrática, la Unión Social Democrática, y algunos partidos regionales, entre los que destaca el Partido Nacionalista Vasco, y que se extenderá por la izquierda hasta la organización revolucionaria de trabajadores. Aunque proclama la ruptura democrática, como la junta, la oposición nucleada en torno al socialismo se muestra más dispuesta a entraren negociaciones con el gobierno con objeto de ir conquistando lo que por entonces se denominaba parcela de libertad. Desde el primer momento, la estrategia de ruptura propugnada en declaraciones y manifiestos se ve así matizada por la disposición a negociar con los sectores del poder claramente comprometidos en el proceso democratizador, y a ir ocupando, de forma pacífica, un espacio cada vez mayor en la escena política. Los conceptos de ruptura y reforma surgen así como asimétricos y no como opuestos. La ruptura se ve como el resultado y la reforma como el método. Por eso se ha terminado calificando el modelo de transición política como reforma avanzada, ruptura pactada y ruptura encubierta. Incluso se acuñó un término coloquial: ruptiforma, mezcla de ruptura y reforma.

Un notable movimiento de oposición procedía del movimiento sindical, que había sufrido una fuerte represión desde 1969 pero que volvió a recuperar su capacidad de movilización desde 1973. Varios dirigentes de CCOO habían sido sometidos a juicios y condenados a fuertes penas de prisión en los últimos días de 1973. A1 unirse las reivindicaciones salariales con las demandas políticas, la movilización obrera tendieron a convertirse en huelgas generales de ámbito local.

Aparte de los conflictos obreros, el primer gobierno presidido por Arias contempló un incremento y un cambio significativo en las acciones terroristas. Hasta el asesinato de Carrero, y con la excepción del comisario Melitón Manzanas, los policías muertos por ETA lo habían sido en enfrentamientos armados con comandos que intentaban atravesar la frontera. Desde abril de 1984 ETA anunció que todas las fuerzas de seguridad del estado debían considerarse objetivo legítimo de su acción.

Pero la violencia política no quedó limitada a ETA, aparecieron también otros grupos como el FRAP (frente revolucionario antifascista y patriótico); Cristo Rey; batallón Vasco‑español, y triple A. E1 gobierno respondió al incremento de las acciones terroristas declarando el estado de excepción en el País Vasco y procediendo a la detención de casi 200 personas.

En medio de la confusión creada por la proliferación de terroristas, por el incremento de las movilizaciones obreras, por la mayor actividad de la oposición externa al régimen y, en fin, por el descubrimiento de la Unión militar democrática y el arresto y procesamiento de un grupo de jefes y oficiales del ejército, los últimos meses de Franco conocieron el retorno de las viejas prácticas de adhesión y una escalada neo‑autoritaria por parte del gobierno.

En este clima de tensión tuvo lugar la hospitalización de Franco. Su agonía fue prolongada hasta el 20 de noviembre de 1975 fecha en que murió.

El día 22 de noviembre de 1975, dos días después de la muerte del general Franco, el nuevo rey pronunciaba su primer discurso. En la ceremonia ante las viejas cortes franquistas que le proclamaban Rey de España el mensaje de la corona tiene un difícil equilibrio entre la legitimación del pasado en la que se basa (ley de sucesión de 1947) [1] ley orgánica del estado de 1967, y ley de nombramiento como sucesor de 1969) representada en la figura del anterior jefe del estado y la nueva legitimidad que se pretende instaurar: "hoy comienza una nueva etapa en la historia de España (...). Una sociedad libre y moderna requiere la participación de todos en los foros de decisión, en los medios de información, en los diversos niveles educativos y en el control de la riqueza nacional"

Desde el comienzo se observó claramente que el gobierno formado por Arias en enero de 1974 sería incapaz de impulsar cualquier política de apertura. De ahíla decepción de personalidades como Fraga o Areiza cuando en 1975 Carlos Arias fue sacrificado al frente del gobierno designándose Torcuato Fernández Miranda para la presidencia de las cortes y del consejo del reino, instituciones claves en el entramado del régimen. Pero el nuevo gobierno reunía a varias personalidades que habían mantenido un espíritu reformista, y en abierta contradicción con los sectores ultranza del régimen (Fraga, Areiza, Antonio Garrigues, Alfonso Osorio, Suárez) desde un primer momento este sector reformista se enfrentó al mandato de Dios. Por ello las primeras propuestas de reforma no partieron de Arias sino de estos ministros que se habían destacado desde hacía muchos años por sus ideas reformistas.

El nuevo gobierno de Arias Navarro comienza una gestión tendente a liberalizar las estructuras autoritarias del estado más con el propósito de intentar mantener en pie todo el edificio institucional anterior sometiéndolo a determinados retoques modernizadores sobre todo en lo que afecta a la cuestión de participación política.

Este mantenimiento de los pilares básicos del anterior régimen político aún siendo contestado con importantes movilizaciones tanto del movimiento obrero como de diversos sectores de los movimientos populares. La aplicación de la represión al viejo estilo no impide que vaya quedando cada vez más patente la imposibilidad de este gobierno para conducir la política de"modernización" anunciada.

Garrigues defendió el proyecto de otorgar al Rey y al gobierno plenos poderes con objeto de convocar elecciones para cortes constituyentes. Su propuesta implicaba un completo olvido de la legalidad franquista. Fraga, por su parte, se mostró desde los primeros momentos partidario de la reforma gradual de una serie de leyes fundamentales, con objeto de convocar elecciones para una cámara elegida por sufragio universal, que luego se encargaría de determinar el alcance de las demás reformas. E1 primer problema suscitado por el plan de Fraga consistía en determinar qué organismo debía prepararlas nuevas leyes de reunión, de asociación y de cortes que modifican la legalidad vigente. En primer momento, se pensó en una comisión nombrada por el Rey pero finalmente Arias aceptó la indicación de Adolfo Suárez de resucitar la comisión mixta gobierno consejo nacional.

En los primeros días de mayo de 1976, el gobierno envió alas cortes sus proyectos de lo que se llamó reforma constitucional, que comprendían un proyecto le ley de sucesión a la corona y otro le reforma constitucional, que comprendían un proyecto tendencias ley mandé sucesión a la corona y otro de reformas de la ley constitucional de cortes y de la ley orgánica del estado. Mientras estos proyectos pasaban por la discusión del consejo nacional, Manuel Fraga presentaba en las cortes los proyectos de ley de reunión y de asociación que exigían, a su vez, la reforma de los artículos 172 y 173 del CP que tipificaban como asociaciones ilícitas los partidos políticos. Desde principios de 1976 se mantuvo una presión constante sobre el gobierno en forma de manifestaciones y huelgas, la aparición pública de los dirigentes de la oposición y la apertura de negociaciones con objeto de llegar a lo que la comisión ejecutiva del PC denominó por vez primera en marzo de 1976 con el concepto de "ruptura democrática pactada"

El día 7 de enero Santiago Carrillo regresa a España. Carrillo impone en la junta democrática una política de unidad de acción con la plataforma de convergencia que permite al conjunto de la oposición iniciar negociaciones con los reformistas del régimen. El 26 de marzo junta y plataforma acuerdan sus respectivas disoluciones y la incorporación de todos sus componentes a una nueva entidad, coordinación democrática llamada Platajunta.

La creciente oposición de los sectores del búnker dispuestos a impedir el desmantelamiento de las instituciones franquistas y a mantener en vida el movimiento lograron amedrentar al presidente del gobierno. El primer proyecto reformista no sucumbió por parecer insuficiente a la oposición, ni porque éste se negara a entrar en el proceso de una lenta reforma dirigida desde el gobierno. No fue la oposición democrática la que hizo encallar la reforma de Fraga sino el búnker que, al negarse a modificar los artículos del código penal ponía en evidencia la debilidad del gobierno, y acabaron con Arias.

Ante esta situación el Rey llamó a Arias y le obligó a dimitir. Nombrando como nuevo presidente del gobierno a Adolfo Suárez.


[1]  Ley de sucesión de 1947. Con la ley de sucesión en la jefatura del estado, de 26 de julio de 1957, se cierra la cristalización del régimen, se redefine su naturaleza política, teniendo en cuenta las exigencias internacionales, se establece un marco de garantías de una sucesión controlada y, finalmente, se reitera el carácter vitalicio del Caudillaje franquista. Con esta ley, España deja de ser un estado totalitario de preguerra mundial para redefinirse, como se dijo, como "estado católico social y representativo que, de acuerdo con una tradición, se declara constituido en reino°. Se crea, complementariamente, un órgano que asesora al jefe del estado. El consejo de reino.

La ley de sucesión asigna, nominal y expresamente, por su artículo 2°, la jefatura del estado al general Franco, con carácter vitalicio. Dejando a su discreción la propuesta de designar sucesor "a título de Rey o regente"

La ley orgánica del estado de 1967 reiteraba el carácter vitalicio de la jefatura del estado y del partido único. El movimiento nacional, en la persona de Franco. Hay una intencionalidad manifiesta de afianzar la institución. El Rey o regente (todavía no hay designación oficial del sucesor) sería una institución vicarial de la legalidad corporativa, no un nuevo caudillaje, y los principios de esa legalidad se siguen considerando permanentes e inalterables.