Del perejil a la
píldora del día después

Por abortar podían caer 12 años de cárcel. 300.000 españolas lo hacían cada año. De ellas, unas 3.000 morían.
Por
Malén Aznárez

 

Mari Carmen, Lola y Cristina no eran una excepción. Eran sólo tres españolas de las miles que cada año se veían forzadas a abortar en Londres. En las clínicas inglesas y en los aeropuertos españoles, especialmente en los vuelos chárter de fin de semana –7.000 pesetas ida y vuelta–, se podía reconocer a estas jóvenes que disimulaban su angustia bajo un informal aspecto de progres: mucho trapo indio y mucho pelo frito. Estábamos en 1976 y el reportaje con que debutó El País Semanal fue una auténtica bomba. Por primera vez se contaba la historia, aunque con nombres falsos y fotografías de tapadillo, de algunas de las españolas que iban a abortar a Londres, porque si lo hacían en España corrían el riesgo de ir a la cárcel –hasta 12 años de prisión–, o, mucho peor, morir desangradas en manos de cualquier abortera. En aquellos días el Tribunal Supremo acreditaba 300.000 abortos clandestinos al año y una secuela mínima de 3.000 muertes.

Mari Carmen era estenodactilógrafa y tenía 28 años. Cuando se dio cuenta de que estaba embarazada ya había dejado de salir con el chico. Lola, con 24 años, empleada de comercio, se quedó embarazada cuando el marido de una amiga, borracho, abusó de ella. La pareja de Cristina, 30 años, abogada de un despacho colectivo, estaba casada. Nada especialmente extraño. Eran tiempos de liberación sexual y pérdida de virginidades celosamente guardadas. Y también de búsquedas infructuosas entre médicos amigos de la píldora anticonceptiva, prohibida a cal y canto. Sólo en Inglaterra abortaban unas 30.000 españolas cada año.

Hoy, 25 años después, a una veinteañera le resultaría casi imposible entender aquella odisea, pese a que el embarazo no deseado de adolescentes va en aumento –18.000 anuales en menores de 19 años– y que en general el aborto sigue siendo una fuente innegable de conflicto entre las mujeres. “Parece que hablamos de la prehistoria”, recuerda Empar Pineda, fundadora del colectivo Pro Derecho al Aborto; “aunque suena increíble, eran tiempos en los que las mujeres de Madrid cogían el autobús de Villaverde y Vicálvaro, que era un puro bache, y hacían varias veces el recorrido con la esperanza de abortar con los saltos. Había verdaderas tragedias porque, sin hablar de los horrores de las aborteras, muchas mujeres, además de utilizar el hinojo y el perejil, las tradicionales hierbas abortivas, hacían auténticas barbaridades. Se metían agujas de hacer punto, o se ponían lavativas de agua y lejía, mezcladas con detergentes. Había unas infecciones tremendas que les ponían a la muerte”.

Franco había muerto un año antes, las cárceles estaban llenas de presos políticos, y a las casadas se les concedía la mayoría de edad en 1977: ya podían comprar y vender bienes sin permiso del marido. Las mujeres progresistas reivindicaban el derecho a los anticonceptivos y al propio cuerpo. “Anticonceptivos para no abortar, aborto libre para no morir” era el reclamo. Pero en 1979, poco después de que la píldora llegara a las farmacias, el juicio de las once de Bilbao irrumpió en la sociedad española como un torpedo.

Las ‘once de Bilbao’ fueron condenadas por abortar. Eran mujeres de extracción humilde, madres de familia con varios hijos, algunos con minusvalías, con maridos en paro y una penosa situación económica. Su condena fue como un aldabonazo para una sociedad que imponía un férreo pacto de silencio sobre un problema tabú. La Coordinadora feminista inició una campaña de amnistía para las condenadas ligada al derecho al “aborto libre y gratuito”. Había nacido un eslogan que colearía con fuerza hasta finales de los años noventa.

Hubo encierros y manifestaciones de apoyo. Un nutrido grupo de mujeres se encerró en el Palacio de Justicia de Madrid. El desalojo fue sin contemplaciones. Entre las mujeres que corrían huyendo de las porras de los grises, la diputada socialista Carlota Bustelo plantaba cara a los policías con una osadía inusitada.

Imaginación no faltó. En Madrid muchos lectores de periódicos se topaban asombrados con ejemplares que llevaba el eslogan: “Amnistía once mujeres. Aborto libre”. De madrugada, algunas feministas, tampón en mano, lo estampaban velozmente. Pero más sonoro, por su repercusión, fue el manifiesto en el que más de un centenar de conocidas mujeres del mundo profesional, artístico e intelectual se autoinculparon de haber abortado en una campaña sin precedentes en España. La escritora y periodista Rosa Montero, una de las firmantes, lo recuerda: “Personalmente fue durísimo porque al hacerlo te enfrentabas a la familia y a mucha gente. Hoy no costaría casi nada, pero entonces fue muy difícil, tanto, que hubo alguna profesional que después de firmar se echó para atrás. Pero también hubo casos heroicos, como el de la ginecóloga Elena Arnedo, a la que podían inhabilitar profesionalmente. Me consta que tuvo grandes problemas en el hospital donde trabajaba. Fue un momento muy excitante. Tenías la sensación de que estabas contribuyendo a cambiar la historia de este país”.

 

 

Por primera vez, las españolas se vieron apoyadas por conocidos varones que firmaron peticiones de despenalización del aborto, o se autoinculparon de haber ayudado a realizarlo. Finalmente, las once de Bilbao fueron indultadas y el aborto salió de la conspiración del silencio.

En 1981 se legalizó el divorcio, “una fábrica de huérfanos” tronaba la Iglesia, algo que a los españoles, que sentían las primeras ráfagas de aire fresco de una sociedad a la europea, no pareció importarles demasiado. Poco después las feministas comenzaron a realizar abortos reivindicativos delante de la prensa, e incluso de Televisión Española en un golpe de audacia sin precedentes, como bien recuerda Empar Pineda: “El aborto incluso se emitió…”.

Los comienzos de los ochenta fueron años de cambios y modernización, de incorporación a la CEE y a la OTAN, de estrenos de playas nudistas y despenalización de la blasfemia, pero el aborto seguía en la clandestinidad y en los colegios de religiosos se adoctrinaba a los adolescentes sobre sus horrores con el macabro tríptico del feto Juanito, que terminaba triturado en una aspiradora, ahogado o acuchillado.

Finalmente, para cuando, en julio de 1985, se aprobó la primera despenalización parcial del aborto en los tres supuestos todavía en vigor –grave peligro para la vida, salud física o psíquica de la madre; graves taras en el feto, o violación denunciada–, con la furibunda oposición del Grupo Popular y la Minoría Catalana, los tribunales habían procesado a numerosas mujeres y médicos.

Hubo casos sonoros, como el de la joven Silvia Cuevas y cuatro médicos del hospital público Virgen del Camino de Pamplona, procesados por aborto en 1987. Su abogada defensora, la hoy diputada autonómica por Madrid, Cristina Almeida, estuvo a punto de ingresar ella misma en prisión por unas declaraciones que hizo sobre la salud mental del juez del caso. “Me encontré con una orden de busca y captura, y un procesamiento por desacato. Había una presión enorme. Delante del juzgado se manifestaban a favor y en contra del aborto, vigilados por la policía. Los antiabortistas de Acción Familiar, y chavalines del Opus, me llamaban asesina, de todo…”.

Los médicos fueron finalmente absueltos, pero Almeida asegura que nunca podrá olvidar la entrada salvaje de la policía en la clínica Dator de Madrid, en vísperas de que se legalizara la práctica del aborto. Tampoco lo puede olvidar Marisa Castro, hoy diputada de Izquierda Unida y entonces trabajadora de Dator, la primera clínica acreditada en España para practicar abortos. “Fue el 21 de noviembre de 1986, lo recuerdo bien. Soy la única diputada de este Parlamento detenida en democracia por defender los derechos de las mujeres. Nos detuvieron por orden del juez Carlos Valle. Mis compañeros médicos pasaron a la cárcel, pero yo sólo estuve 72 horas en los juzgados. Aunque me habían detenido muchas veces en la dictadura, ésta fue la más dolorosa, porque la policía se llevó todos los archivos de la clínica, hicieron declarar a más de 500 mujeres, algunas que estaban a punto de parir o con cáncer terminal… Fue brutal, de una violencia terrible”.

Las españolas invadían la universidad, arrasaban en las oposiciones a jueces, conducían camiones, y vivían en pareja sin papeles, pero el ginecólogo Pere Enguix tuvo que esperar una década, hasta 1991, para quedar absuelto del delito de aborto por el que fue condenado a cinco años de prisión. Dos veces tuvo que entrar en la cárcel. Una auténtica pesadilla. “Me quedó un rechazo a todo lo que oliera a fuerzas de orden público. Y, para siempre, un cierto regusto de ex presidiario, y una cierta propensión a la inmediatez”. Hoy, a sus 52 años, Enguix dice que si las jóvenes fueran medio conscientes de la limitación de la actual ley estarían asustadas. “Porque sólo el 5% de los abortos que se practican están dentro de los supuestos legales. El 95% restante se cuela forzadamente en el supuesto psíquico. Hay que decir que todas las mujeres que quieren abortar están locas, tienen una grave depresión o han intentado suicidarse… La situación actual no soluciona los problemas existentes y nadie mueve pieza. En los hospitales públicos la mayoría de los ginecólogos alega objeción de conciencia y no practica abortos. El problema es real y está ahí”.

Pese a que hay que estar loca, abortar hoy en España no es difícil. Por 50.000 o 60.000 pesetas se puede hacerlo en una clínica privada autorizada. Algo aséptico y rápido. No se tarda más de 12 minutos. En 1998 hubo 53.847 abortos en todo el país, de ellos el 90% extrahospitalarios y realizados prácticamente en su totalidad en la sanidad privada.“Por carecer de recursos propios”, “por carecer de infraestructura”, justifica la Sanidad pública los desvíos hacia las clínicas privadas. Hay comunidades, como Galicia, Castilla y León, Navarra, Murcia, Extremadura y Castilla-La Mancha, en las que no se ha practicado aborto alguno en 1998.

“Abortar hoy es fácil, tenemos información y sabemos a dónde ir. Toda la universidad y los periódicos están llenos de anuncios de clínicas”, dicen a coro Carmela García, Clara Solana, Nava Alonso y Rocío Laguna, estudiantes del colegio mayor Isabel de España. Todas saben el precio de un aborto, y que la píldora del día después acaba de llegar a las farmacias. Aunque, eso si, no la paga la Seguridad Social.