LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA TRANSICIÓN

I. La perspectiva del análisis económico

- La transición y los ciclos de la economía española
- El comportamiento de los principales agregados económicos en el período de la transición política
- La política económica durante el periodo de transición
- El crecimiento económico de España en los años ochenta

II. El problema Nacional- Regional español en la transición

- Confusión en torno al problema
- Las causas del fenómeno
- Las consecuencias
- El fondo del problema
- La dinámica interna de los nacionalismos periféricos

III. Análisis del problema terrorista

- ¿Por que se produjo la escalada del terrorismo durante los años de la transición?

· Una respuesta policial ineficiente
· La ausencia de una voluntad política unitaria
· Los factores internacionales

- Consolidación de la democracia y control del terrorismo


I.  La perspectiva del análisis económico

Desde numerosos puntos de vista, el período conocido como de transición política es objeto de frecuentes análisis y comentarios. La distancia en el tiempo ha permitido disponer de información más rigurosa acerca de lo sucedido en los años en los que un sistema democrático de gobierno se implantó en España.

Desde la perspectiva económica, los años en los que se desarrolló la acción citada tienen un puesto bien diferenciado en la historia económica de España. Aunque una fecha de término del citado período no resulta nunca convincente, puede considerarse que entre los años 1976 y 1982 tuvieron lugar los hechos más significativos de dicho periodo: primeros gobiernos de la monarquía, legalización de los sindicatos obreros, primeras elecciones generales, aprobación de la Constitución, intento de golpe de Estado, acceso al poder de los socialistas en las elecciones generales de 1982. Pues bien, una aproximación a lo sucedido en el campo económico durante el período mencionado pone de manifiesto que el comportamiento de la economía española en ese espacio de tiempo presentó caracteres de fuerte contraste con la fase anterior, que se había caracterizado por un intenso crecimiento general de la actividad y de la inversión.

En los apartados que vienen a continuación se realiza, en primer lugar, una ubicación del período de transición en el contexto general de la evolución económica de España posterior al Plan de Estabilización de 1959. En segundo lugar se analiza el comportamiento medio de los principales agregados macroeconómicos entre 1976 y 1982, subrayando sobre todo la evolución seguida en términos de crecimiento, mercado de trabajo, inflación y saldo de balanza de pagos. EL tercer apartado comenta los aspectos cualitativos más relevantes de la política económica desarrollada a lo largo de dicho periodo, subrayando sobretodo el contenido de los Acuerdos de la Moncloa. Por último, en un cuarto apartado se comentan los rasgos generales de la evolución de la economía española en la década de los años ochenta, subrayando la existencia de tres etapas a lo largo de la misma, etapas en las que dicha evolución fue mejorando hasta alcanzaren 1987-88 unos ritmos de crecimiento de la actividad y de la inversión no muy lejanos de los alcanzados en etapas precedentes de alto crecimiento, como fue el período 1961-1973.

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o La transición y los ciclos de la economía española

EL proceso de la transición política española desde la dictadura a un sistema democrático suele ser objeto de diferentes acotaciones temporales. Aunque las fechas de inicio y, sobre todo, de término de dicho período son todas ellas arbitrarias, puede considerarse que con la designación de Adolfo Suárez como presidente de Gobierno en julio de 1976 se inició la etapa mencionada. EL momento considerado como el final de la transición se ha aplazado con frecuencia en el tiempo, aunque no resulta descaminado el estimar que coincide con la constitución del primer gobierno socialista en diciembre de 1982. Desde el punto de vista del análisis económico, el período 1976-1982 presentó en España unas características bien determinadas, particularmente por el contraste que supuso respecto del período inmediatamente precedente. Una ubicación temporal dentro de la evolución económica de España del período en cuestión puede efectuarse en relación con los ciclos seguidos por la economía española o bien a partir de períodos de varios años caracterizados por la presencia de comportamientos más o menos homogéneos en los mismos. El análisis de los períodos cíclicos seguidos por la economía española puede efectuarse empleando para ello la metodología de los indicadores precursores o adelantados [OCDE (1987)]. En dicha metodología se considera que el ciclo de referencia, esto es, el ciclo representativo del comportamiento global de la economía, debe establecerse a partir de la evolución del índice de producción industrial y que dichos ciclos deben fijarse en términos de las series corregidas de tendencia. A lo largo de los: anos sesenta la evolución económica de España se fue haciendo cada vez más paralela con la de los restantes países europeos de la OCDE, particularmente a medida que el comercio exterior fue acrecentando su peso en el conjunto de la economía española, por lo que el comportamiento de esta última puede también analizarse a la luz de lo sucedido en otros países en fechas similares.

En términos de ciclos de crecimiento, esto es, los ciclos de las series corregidas de tendencia, puede apreciarse en el cuadro 1 que entre 1976 y 1982 se registró en la economía española un ciclo completo, con una fase de recuperación que se prolongó desde 1976 hasta 1979 y con un prolongado período posterior de recesión que alcanzó su punto inferior en 1982. EL ciclo anterior había alcanzado su punto más elevado en la primera mitad de 1974 y había registrado un fuerte retroceso entre este último ano y 1975. El ciclo económico 1976-82, en el que se situó por completo la etapa de la transición política, tuvo una duración sensiblemente más prolongada que los tres ciclos precedentes.

Un análisis algo diferente puede realizarse acotando períodos plurianuales caracterizados por tendencias claras de fuerte crecimiento o de desaceleración de la actividad económica agrupando años en los que los agregados macroeconómicos presentan comportamientos similares.

Si se utiliza esta segunda aproximación, un primer análisis revela cómo, después de la recesión registrada por la economía española en 1959-60 a raíz de la implantación del Plan de Estabilización, dicha economía pasó a registrar una etapa de fuerte expansión entre 1961 y 1974, a la que sucedió una recesión de breve duración entre 1974 y 1975, que fue muy intensa en su alcance. Después de 1975 vino un período de crecimiento inseguro e irregular, que a partir de 1979 pasó a ser de clara recesión y que se prolongó hasta 1982. Mientras que hasta 1974 la economía española había crecido durante un período prolongado de tiempo por encima de la media europea, desde 1975 el crecimiento de la misma fue inferior al de la OCDE, además de lo cual dicho periodo se caracterizó por el retroceso de la participación de la inversión fija en la actividad económica y por una vertiginosa caída del empleo.

En síntesis, el período de transición política 1976-1982 estuvo precedido en España por una etapa de prolongado crecimiento entre 1961 y 1974, como lo indica que durante la misma el aumento medio anual del Producto Interior Bruto a precios constantes fuese del 7,2 por 100. A lo largo del período mencionado, 1976-1982, el crecimiento medio pasó a ser sólo del 1,4 por 100, menos de la quinta parte del crecimiento registrado en el período precedente. Al periodo de transición sucedió una etapa de aceleración moderada del crecimiento entre 1983 y 1985, que pasó después a ser mucho más intenso entre 1986 y 1988.

Todo parece indicar, como después se observará con más detalle, que la transición política no ayudó a adoptarlas políticas económicas adecuadas en un momento en que todo eran incertidumbres acerca del camino a seguir, justo cuando las políticas seguidas en la posguerra se habían revelado como insuficientes en todos los países industriales. A1 primer gobierno de la monarquía (1975-76) correspondió la fase de retroceso más abrupto de la actividad económica como consecuencia de la crisis originada por los más altos precios del petróleo. A partir de 19761a actividad económica registró una aceleración insegura e inestable, que no habría de resistir la nueva subida de los precios del petróleo en 1979. Los gobiernos existentes durante este período tardaron en adoptar las medidas oportunas para evitar una nueva degradación en la situación y tuvieron también que hacer frente a problemas políticos más inmediatos, lo que evidentemente hizo pasarlo económico a un piano menos relevante y aplazó el proceso inevitable de ajuste.

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o El comportamiento de los principales agregados económicos en el período de la transición política

Como se indicó en el apartado anterior, el período de la transición puede acotarse con facilidad en el conjunto de la historia económica española. Los datos económicos disponibles permiten diferenciar netamente lo sucedido entre 1976 y 1982 con respecto a la evolución seguida en los periodos inmediatamente anterior y posterior.

Como también se señaló anteriormente, la evolución económica general no fue tampoco uniforme a lo largo del periodo en cuestión. Cabe distinguir entre un periodo inicial de incierto crecimiento, que puede situarse entre los primeros semestres de 1976 y 1979,y un segundo periodo de acusado retroceso, que se prolongaría hasta 1982.

EL comportamiento económico general suele resumirse en términos de evolución de los agregados económicos correspondientes al crecimiento económico, empleo y paro, inflación y sale do de transacciones con el resto del mundo.

Por lo que se refiere al crecimiento, el aumento real del PIB de la economía española entre 1976 y 1982 fue del 1,4 por 100 en promedio anual, crecimiento sensiblemente inferior al registrado entre 1961 y 1975 y también casi la mitad del que había de tener lugar en los seis años inmediatamente posteriores (1983/88).

En cuanto al mercado de trabajo, el número total de empleos retrocedió también de forma significativa. Entre 1974 y 1982 los empleos existentes en la economía descendieron a 1.706.600 personas, esto es, un promedio anual del -1,8 por 100, apareciendo los años 1979 a 1981 como los de descensos más sustanciales dentro del periodo mencionado. La población active retrocedió entre 1975 y 1980, lo que no impidió que tuviesen lugar elevaciones fuertes en el número de desempleados, que ascendieron desde El4,1 por 100 sobre la población active en 1975 hasta el 16,4 por 100 en 1982. A lo largo de todo el período de transición la tasa de actividad de la población española descendió, lo que impidió que el volumen de desempleo alcanzase niveles desmesurados, puesto que en términos de mercado de trabajo una parte muy elevada de los activos que perdieron su empleo salieron del mercado de trabajo al dejar de buscar activamente un puesto de trabajo.

En cuanto a la inflación, la aceleración experimentada respecto del periodo de trabajo precedente resultó ser también muy intensa. Durante la etapa de intenso crecimiento registrada desde 1971 a 1973 ya habían aparecido indicios de cierto recalentamiento de la economía que, si bien no generaron déficit exteriores, si que se manifestaron en escasez de mano de obra y abrieron pasó a una inflación de dos dígitos a partir de 1973. Durante todo el periodo de transición el crecimiento medio de los precios de consumo no bajó de este nivel, aunque puede distinguirse entre un periodo inicial que desde 1974 a 1977 fue de clara aceleración, y una segunda etapa posterior en la que la desaceleración fue la pauta general. El aumento medio anual más alto de los precios de consumo tuvo lugar en 1977, al crecer el deflactor del consumo privado en un 24 por 100 anual, mientras que al final del período de transición la inflación media anual se había estabilizado en torno a un 14,5 por 100. Parece evidente que en este comportamiento de la inflación incidió sustancialmente el comportamiento salarial, puesto que en la primera parte citada funcionó una indiciación absoluta y superior incluso en varios puntos a la inflación pasada, mientras que después de 1977 se pasó a indiciar los salarios con la tasa de inflación esperada.

En cuanto al saldo exterior, la situación de desequilibrio fue la más frecuente durante el periodo analizado. Sólo en los años 1978-1979 no hubo déficit en la balanza de pagos por cuenta corriente, mientras que las situaciones de mayor déficit corriente aparecieron al comienzo de la crisis, esto es, en 1 97 5-76 y al final del período de transición, concretamente en los tres primeros años ochenta, 1980-82.

Como se ha visto hasta aquí, el período correspondiente a la transición política no fue precisamente una etapa económica brillante en la historia de la economía española. En cuanto a la explicación económica de lo sucedido la caída de la demanda interna aparece como el mecanismo desencadenante del bajo crecimiento económico. El retroceso de la inversión fija fue particularmente significativo, puesto que prácticamente retrocedió dicha variable a lo largo de todo el período analizado: mientras que en 1975 la inversión privada suponía El23,9 por 100 del PIB, en 1982 el peso de dicha variable había descendido hasta El18,2 por 100. El comportamiento mencionado de la inversión se comprende mejor si se analizan los principales indicadores correspondientes al subsector de la vivienda. Así, frente a las 410.400 viviendas iniciadas en 1973, al final de la década, concretamente en 1980, sólo se iniciaron 250.200, esto es, casi un 40 por 100 menos que en el primer año citado, advirtiéndose retrocesos aún más intensos en el indicador correspondiente a los proyectos visados por los Colegios de Arquitectos, que vienen a medirlas expectativas del subsector de la vivienda.

En cuanto a los restantes componentes de la demanda, es de destacar, junto a la caída de la inversión, la aceleración registrar da en el conjunto del gasto público, cuyo peso en El PIB ascendió desde El24,7 por 100 de 1975 al 37,5 por 100 de 1982. Este aumento de participación se debió sobre todo al aumento de los gastos públicos de transferencia de una u otra forma conectados con la crisis, puesto que el gasto público directo (consumo e inversión públicos) registró un aumento más moderado, particularmente la inversión pública, que en el periodo citado sólo vio aumentar su peso en el PIB en cuatro décimas.

La debilidad de la demanda interna impulsó las transacciones con el resto del mundo, apareciendo las exportaciones como el componente más dinámico de la demanda, como lo indica su aumento de participación desde el 13,5 por 100 de 1975 hasta 18,8 por 100 en 1982.

En cuanto a la oferta, lo más destacable del período fue la sensible desaceleración del crecimiento industrial y el notable retroceso medio de la construcción en el conjunto de la etapa analizada. Al retroceso continuado de la inversión por el lado de la demanda correspondió una caída significativa de la construcción, un retroceso neto en la iniciación de nuevas viviendas y una desaceleración evidente de la industria, que vio descender su peso en la economía española en más de dos puntos entre 1975 y 1982. Este comportamiento de la industria contrastó con lo sucedido en la etapa precedente, que puede considerarse fue de acusada industrialización de la economía española, mientras que en el período de la transición política dicho subsector, junto con la construcción, fue el más afectado tanto por su débil crecimiento como por la aparición de frecuentes y acusadas crisis sectoriales que generaron numerosas tensiones sociales y abundantes apelaciones a los apoyos públicos hasta bien avanzados los años ochenta. Los servicios jugaron un cierto papel estabilizador, acrecentándose en este período el peso del turismo en la economía española, de lo que se derivó un nuevo proceso de redistribución geográfica de la población española.

Un rasgo muy destacado de la etapa de transición fue el de los importantes aumentos saláriales registrados a lo largo del período analizado. Así, mientras que el aumento medio anual del deflector del consumo fue del 17,3 por 100 entre 1976 y 1982, los aumentos medios pactados en convenio lo hicieron en un 17 por 100 en el mismo período. Suele considerarse que los procesos de deslizamiento salarial fueron particularmente intensos durante este período, como se deduce del aumento medio del 20 por 100 que registró el salario por persona ocupada según los datos de la Contabilidad Nacional de España del INK. Si a este comportamiento salarial, un tanto al margen de la evolución general de la economía, se añade el crecimiento significativo de las cotizaciones a la Seguridad Social durante el período en cuestión, puede entonces deducirse que el excedente de explotación registró un descenso significado de participación en el valor del PIB y en la Renta Nacional, lo que afectó muy negativamente a la inversión privada.

En cuanto al comportamiento en términos de ahorro - inversión por parte de los sectores institucionales, al comienzo del período de transición política el sector privado de la economía (familias y empresas) mantuvo todavía niveles elevados de gasto, lo que se tradujo en una situación de déficit privado muy elevado, a la vez que retrocedió el ahorro de las administraciones públicas. Conforme fue avanzado el periodo citado, las empresas redujeron sensiblemente el gasto de inversión productiva, mientras que el ahorro público desapareció al acelerarse los gastos públicos de transferencia (seguro de desempleo, transferencias a empresas públicas, aumento de los gastos financieros). De este modo los desequilibrios exteriores fueron al principio el resultado de los elevados déficit privados mientras que los déficit corrientes de balanza de pagos de final del período reflejaron sobretodo el elevado déficit público, que en 1982 ascendió al 5,6 por 100 del PIB.

El modesto aumento del PIB, la aceleración de la inflación, que se mostró reacia a descender del 15 por 100 anual, la evolución negativa del empleo, con retrocesos sustanciales en la ocupación e incrementos muy sensibles del paro, la caída de la inversión y del ahorro fueron hechos más destacados del período de transición. El crecimiento de la economía española en ese período estuvo por debajo del correspondiente a los países de la OCDE y la CEE, y se acentuó su diferencial de inflación. La destrucción de empleo fue también bastante más intensa y sólo aparecieron como elementos positivos el aumento de peso de las exportaciones en la actividad económica y el cambio en el sistema de indiciación salarial acaecido en el transcurso de la crisis, puesto que en 1982 dicho proceso se efectuaba en términos de la tasa de inflación esperada de forma generalmente aceptada por los agentes sociales.

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o La política económica durante el periodo de transición

La crisis económica de los setenta se desencadenó a raíz de los fuertes aumentos de precios de la energía acaecidos al final de 1973. Los importantes aumentos experimentados en los precios de las materias primas durante el periodo de intensa expansión de 1972-73 habían ya originado que numerosos gobiernos occidentales desarrollaran políticas moderadamente restrictivas del crecimiento a efectos de reducir el alcance de la inflación. La subida de los precios del petróleo reforzó el alcance de estas medidas, lo que se tradujo en aumentos sustanciales de los niveles de existencias, que originó la reducción de la demanda y provocó importantes retrocesos de la actividad económica entre 1974 y 1975 en el mundo occidental.

En España la situación de fuerte expansión se prolongó durante el primer semestre de 1974. Se confió en que la crisis iba a tener un carácter temporal, por lo que los más altos costes en origen de la energía se absorbieron por vía de reducción de impuestas y también por medio de aumentos de las subvenciones. La no - elevación de los precios relativos de la energía y la fuerte dependencia exterior de España en cuanto a aprovisionamiento energético se tradujeron en la presencia de importantes déficit corrientes por parte de la economía española, que también generaron sensibles efectos deflacionistas sobre la actividad económica. Se considera que la entonada situación del período 1971-73 ejerció unas expectativas de continuidad ilimitada de la expansión que ejercieron efectos muy negativos en los años siguientes.

EL nuevo contexto económico general coincidió con la inminencia de un cambio político que podría resultar de alcance indeterminado, puesto que a la posible muerte de Franco era evidente que podía cambiar sustancialmente el carácter del régimen político en vigor. En general' los cambios políticos que se produjeron a lo largo del citado período de transición supusieron modificaciones decisivas del contexto político general en el que se adoptan las decisiones y medidas económicas, llegándose a un nuevo marco en el que la incertidumbre era mayor: apareció la izquierda política en la escena, se crearon las Comunidades Autónomas, se intensificó el terrorismo ligado a los problemas del País Vasco, se solicitó el ingreso de España en la CEE, se procedió a llevar a cabo una reforma fiscal de carácter progresivo, se pasó a dar al mercado un papel más importante y se procedió a suprimir numerosos controles y regulaciones.

Puede decirse incluso que al acentuarse la crisis en 1975-76 el instrumental tradicional de política económica resultaba insuficiente en España para enfrentarse a los nuevos problemas. Así, la política fiscal apenas tenía alcance como instrumento de manejo de la demanda, la presencia de amplios controles de precios creaban todo tipo de distorsiones y, sobre todo, la fuerte indicación salarial típica de los últimos años del régimen dictatorial dificultaron sensiblemente la realización del imprescindible proceso de ajuste, a la vez que las restricciones a la movilidad laboral eran las típicas de una dictadura paternalista que compensaba la carencia de libertades cívicas con numerosos intervencionismos de todo tipo en materia de mercado de trabajo.

Aunque no de forma inmediata, en 1976 ya era evidente que la crisis existente no era soluble por la vía del simple manejo de la demanda y que la consecución del éxito exigía una estrategia muy compleja. Era también seguro que se estaba iniciando un período de transición hacia economías adaptadas a las nuevas condiciones de precios de los factores de producción y de materias primas, lo que seguramente iba a producir más desempleo y también podía inducir una detención del proceso de mejora de las condiciones sociales que había acompañado ala pasada expansión.

Entre 1976 y julio de 1977 los problemas económicos se supeditaron a los profundos cambios políticos que estaban teniendo lugar, por lo que, antes de la adopción de medidas de ajuste se aceleró la inflación hasta ritmos superiores a130 por 100 en el índice de precios de consumo en 1977, se acentuó el déficit externo y el paro entró en una fase de muy intenso crecimiento.

Después de las elecciones generales de junio de 1977, pasaron a adoptarse algunas medidas de dicho carácter, medidas que dieron paso a la realización de un amplio acuerdo entre las fuerzas políticas con presencia parlamentaria en octubre de 1977 (Acuerdos de la Moncloa). La tarea urgente consistía en conseguir el control de la balanza de pagos y restaurar los equilibrios internos de la economía, lo que se tradujo en que los acuerdos mencionados tuviesen un importante contenido estabilizador a través de las políticas monetarias, presupuestaria y de precios y salarios [OCDE (1978)].

- En síntesis, los aspectos más relevantes de los Acuerdos de la Moncloa, en los que no participaron los agentes sociales, en su contenido económico fueron los siguientes:

1. Medidas de contenido estabilizador

• Devaluación previa de la peseta.

• Desaceleración del consumo público.

• Tope al crecimiento de la mesa monetaria.

• Tope salarial para 1978 en función de la tasa de inflación esperada, con cláusula semestral de salvaguardia.

2. Medidas de carácter compensador

• Fuerte aumento de la inversión pública.

• Extensión progresiva de la cobertura del Seguro de Desempleo.

• Compromiso de mayor financiación de la Seguridad Social a partir de los Presupuestos Generales del Estado.

• Reforma Fiscal y tributaria, aumentando el peso de los impuestos directos progresivos.

• Gratuidad progresiva de la enseñanza.

• Urbanismo y vivienda: aumento de la oferta de suelo, estimulo a la promoción directa, recuperación de plusvalías, mayor peso en la promoción directa de viviendas.

3. Medidas de racionalización del sistema económico

• Mayor control del gasto público.

• Reforma de la Seguridad Social.

• Reforma del Sistema Financiero, con particular atención a las Cajas de Ahorro y Crédito Oficial.

• Programa de acciones regales en la agricultura.

• Política Energética.

Las medidas de política económica adoptadas contribuyeron a reducir los desequilibrios y a reforzar el crecimiento en 1978. La introducción de las reformas institucionales fue mucho más lenta y el clima de concertación política fue desapareciendo después de 1977. La nueva subida de los precios del petróleo en 1979 puso fin ala etapa de moderada recuperación y los desequilibrios volvieron a aparecer, sobre todo en la balanza de pagos, mientras que la inversión siguió cayendo y el desempleo aumentando.

Al final de 1979 se reiniciaron los procesos de concertación particularmente a partir de los Acuerdos Marco firmados entre la patronal CEDE y el sindicato UGT. Lo más importante de estos Acuerdos consistió en la práctica que introdujeron de establecer los aumentos saláriales en función de la inflación esperada, a la vez que introdujeron puntos de acuerdo relativos a numerosos aspectos de la vida laboral y también contribuyeron a normalizar la vida sindical dentro de las empresas, después del largo periodo de desaparición de los sindicatos de clase de la vida política y social española. Los aumentos saláriales correspondientes a los años 1980, 1981 y 19 82 se establecieron en las condiciones citadas. Es de destacar que los crecimientos relativos a 1982-83 se fijaron en un acuerdo, el ANE, en el que participó el gobierno de la nación y también la central sindical Comisiones Obreras y que se firmó en 1981. EL modelo de concertación se centró, pues, en los acuerdos entre CEOE y UGT, a los que algunos años se unieron el gobierno y la otra central sindical

Es evidente que la práctica citada de los Acuerdos Marco contribuyó a desacelerar los aumentos saláriales y también lo hizo la inflación. La política económica del gobierno se había endurecido sustancialmente después de 1980, pero los últimos gobiernos centristas estaban muy debilitados como para hacer frente de forma plenamente rigurosa a los múltiples aspectos en los que era preciso efectuar acciones políticas que en muchos casos no iban a ser precisamente populares. Por otra parte, en el resto de países de la OCDE y durante el periodo 1979-1982 el alcance de las políticas de ajuste fue sustancialmente mayor. EL comienzo de la administración Reagan en Estados Unidos se caracterizó por el establecimiento de una política fuertemente estabilizadora que generó una muy profunda recesión entre 1981 y 1982. Los altos tipos de interés practicados en USA se extendieron por el resto de países industriales: se sacrificó claramente el crecimiento al logro de los equilibrios fundamentales, particularmente en forma de reducción de la inflación, restablecimiento del equilibrio externo y limitación sensible de los déficit públicos.

En España, a pesar de los Acuerdos Marco y de que incluso el Acuerdo Nacional de Empleo de 1981 estableció un proceso de reducción del poder adquisitivo en 1982-83, faltó una política económica globalizadora de todos los procesos precisos de ajuste y, como ya se ha indicado anteriormente, todos los desequilibrios tuvieron su expresión en la fuerte aceleración del déficit público en 1981-1982.

En el segundo semestre de 1982 el modelo de concertación iniciado en los Acuerdos de la Moncloa y recuperado parcialmente a través de los Acuerdos Marco entre empresarios y sindicatos era claramente insuficiente para frenarlos desequilibrios y hacer convergerla política económica con más intensidad a la que paralelamente estaban llevando a cabo la mayor parte de los países industriales. Hasta la propia política de rentas implícitas en los Acuerdos Marco no era compatible con una desaceleración más rápida e intensa de la inflación. EL periodo de la transición política terminaba con muy escasos logros económicos, como ya se ha señalado, aunque dejaba detrás procesos de normalización institucional sobre los cuales era posible montar políticas económicas más decididas y también podía disponerse de un instrumental de política económica sensiblemente enriquecido respecto del vigente en 1975.

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o El crecimiento económico de España en los años ochenta

La década de los ochenta toca a su fin. Es el momento para que a partir de las previsiones disponibles se adelanten ideas acerca de lo que han sido para España los años citados en el terreno económico.

El crecimiento medio real no habrá llegado al 3 por 100 anual en los años ochenta y el número total de empleos al final de 1989, como máximo, será equivalente al que existía diez años antes, esto es, en 1979. Sin embargo, existe unanimidad en considerar que al final de la década en cuestión la economía española, en línea con la economía mundial, está registrando un comportamiento positivo sólo comparable al de los primeros anos setenta. Mientras que el crecimiento medio español de los ochenta (2,5 a 3 por 100) estará por debajo del correspondiente a los sesenta (7,7 por 100) y a los setenta (4 por 100), el crecimiento correspondiente al trienio 198 7-8 9 estará próximo al registrado en el excepcional periodo comprendido entre 1960 y 1974. Ha sido preciso, pues, que pasen casi quince años para volver a recuperar el aliento económico existente con anterioridad al desencadenamiento de la crisis del petróleo al final de 1973.

Dentro de la presente década cabe distinguir tres periodos bien diferenciados. EL primero de los mismos, 1980-82, fue el de menor crecimiento del PIB (0,7 por 100) y el de mayor ritmo de destrucción de empleos (una media anual de desaparición de 2 75.000 puestos de trabajo). Durante este periodo existieron importantes desequilibrios adicionales en la economía en forma de notables déficit de balanza de pagos y de aumentos anuales del índice de precios de consumo en torno al 14,5 por 100. Como ya se ha indicado, este periodo correspondió a la etapa de recesión del ciclo 1976-1982 y se inició con la segunda subida fuerte en los precios de la energía de 1979.

El segundo subperiodo se inició en 1983 y se prolongó hasta la segunda parte de 1985. El crecimiento de la economía se aceleró moderadamente en esta etapa (2,0 por 100), el empleo continuó retrocediendo en media anual, pero se consiguió una notable desaceleración de la inflación (9,8 por 100) y se pasó a registrar un claro equilibrio de balanza de pagos. El ingreso de España en la CEE en 1985 y las medidas de política económica favorecieron una importante recuperación de la demanda interna en dicho año, lo que dio paso al siguiente período, 1986-1988, que está resultando ser uno de los más intensos en términos generales de la economía española, por las importantes transformaciones que durante el mismo están teniendo lugar. La convergencia con las políticas económicas seguidas en el resto de los países industriales que ha sido la note dominante de la política seguida por los diferentes gobiernos socialistas después de 1982.

Entre 1986 y 1988 la economía española ha crecido a un ritmo medio de 4,5 por 100, se han creado más de 250.000 empleos cada año, la inflación se ha desacelerado hasta un ritmo anual del 5,5 por 100 en el trienio y sólo en 1988 apareció un moderado déficit en la balanza de pagos por cuenta corriente y un repunte al alza de la inflación.

La expansión notable del trienio 1986-88 se ha apoyado en la demanda interior, puesto que a pesar del buen comportamiento de las exportaciones, el notable aumento de las importaciones ha supuesto que el sector exterior haya ejercido una detracción neta al crecimiento generado por el gasto interno. La inversión productiva y la inversión en vivienda han sido los componentes más dinámicos de la demanda, lo que implica que ha aumentado sensiblemente el potencial de crecimiento de la economía española. EL crecimiento citado de las importaciones no ha dejado de tener consecuencias positivas. Ha facilitado la capitalización de la economía española, ha mejorado sus niveles de productividad y ha contribuido a reducir la tasa de inflación, al complementar a la oferta productiva con una aportación destacada de productos del resto del mundo, aportación favorecida por el proceso de liberalización comercial llevada a cabo en 1985.

EL trienio 1980-82 fue de clara recesión y de aumento simultáneo de los desequilibrios (paro, balanza de pagos, precios). El trienio 1983-85 fue el de ajuste, el del control de la inflación, el de los procesos de reestructuración productiva y de aumento de la elasticidad general de la oferta. EL periodo 1986-1988 ha sido el de la recuperación por vía de la demanda interior, estimulada tanto por una política moderadamente expansiva como por el proceso inversor derivado sobre todo del ingreso de España en la CEE, y también por las mejores condiciones resultantes tanto del proceso de ajuste como de la recuperación general de la economía mundial.

Con la perspectiva que supone el analizar el periodo de la transición política desde el final de la década de los ochenta, puede decirse que durante el mismo el comportamiento general de la economía española fue bastante mediocre. No obstante, como ya se indicó anteriormente, se establecieron en dicha etapa los soportes institucionales que permitieron conducir al saneamiento y a la recuperación posterior bajo esquemas racionales y flexibles que los dominantes en el periodo de la dictadura. Por otra parte, lo sucedido entre 1976 y 1982 supuso una experiencia importante como para analizar y detectar en etapas de recuperación como la del final de los ochenta, que presenta elementos comunes con los de 1961-1973, cuales son las acciones que deben conducir a que se sienten unas bases de crecimiento y un modelo de estructura productiva de forma que permitan la mejor superación posible de posteriores periodos de recesión, que siempre deberán suceder al periodo previo de expansión. De este modo, una situación de menor crecimiento de la economía española no tendrá la intensidad que alcanzó en el periodo de transición política. Es de señalar que en este periodo España no sólo registró los momentos más difíciles consecuentes a la crisis económica mundial, sino que también tuvo que hacer el difícil tránsito político desde la dictadura hasta la democracia, lo que excusa un tanto las citadas mediocridades del período analizado en lo que a comportamiento de su economía se refiere.

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II..El problema Nacional- regional español en la transición

Abordar este tema con algún rigor exigiría aclarar algunas cuestiones previas que nos podrían llevar tan lejos como a considerar el proceso de construcción de la nación y el Estado entre los españoles o la génesis de nuestros distintos nacionalismos periféricos. Y puestos a ello, seria muy probable que no fuera gratuito explicar los supuestos teóricos en torno a la idea de nación y nacionalismo de los que se parte en este trabajo. Este retroceso hacia las cuestiones previas no es realista y no lo voy a intentar aquí. Me parece obligado, sin embargo, aclarar unos supuestos mínimos ala consideración del problema que ahora nos ocupa.

Estimo que el caso español constituye un claro ejemplo de nación de signo político, resultado de la acción de un pionero Estado moderno y de la dinámica económica, social, cultural y política de casi cinco siglos de historia. Creo que esa realidad nacional adquiere una clara conciencia de tal en fecha relativamente tardía del siglo pasado. Lejos de ser ello síntoma de atipicidad o anormalidad, todo trace pensar que el hecho es resultado de la solidez del Estado---en medio de sus complejos problemas-, de la ausencia de series impugnaciones a su viabilidad a lo largo del siglo XIX y de la inexistencia de otros factores exógenos o endógenos que fuercen ala movilización nacionalista de signo español. En coherencia con lo anterior, me parece un dato firme que los nacionalismos periféricos, irrelevantes en términos políticos antes de la crisis finisecular, tienen un significado limitado en cuanto a la impugnación de una idea nacional española en el primer tercio del siglo XX. EL nacionalismo catalán, tanto por sus componentes regeneracionistas-no fácilmente diferenciales de los que surgen a escala española-como por sus componentes tacticistas que tienen su último objetivo en la acción sobre el Estado, no supone una significativa apuesta política independentista, incompatible con la realidad estatal y nacional española. En mucha menor medida realiza esta apuesta el nacionalismo vasco anterior a la guerra civil. En los primeros años, por su irrelevancia; después, por su moderación; y siempre por la modestia de unos apoyos sociales que, en 193 6, no permiten a las dos formaciones nacionalistas del momento alcanzar sino el 24,7 por 100 de los votos de las tres provincial vascas y Navarra.

Implícita en las afirmaciones anteriores está mi creencia de que el problema nacional - regional de España, sin minusvalorar la importancia de los especialmente significativos precedentes catalanes, es algo que se relaciona en muy buena medida con la guerra civil, la dictadura franquista y la transición política. De estos tres momentos, me parece especialmente importante el tercero y los últimos años de la dictadura. De aquí que considere el estudio de la cuestión en esta coyuntura un aspecto sustancial del problema general.

Me ha parecido conveniente iniciar el estudio con una llamada de atención sobre lo que la confusión programática y práctica de la izquierda estatal pudo suponer de animación a la tensión nacionalista en los años de la transición. Los partidos políticos no estuvieron solos en este proceso, y trataré de ilustrar esta circunstancia. Señalar el hecho tendría poco sentido si ello no va acompañado de un intento de explicarlas causas del fenómeno y de valorar sus consecuencias; y a ambas cosas trato de dar una explicación. En este punto me parece obligado subrayar que creo no equivocarme respecto al significado de este aspecto de la cuestión. Concluir que la responsabilidad fundamental por el lugar que ocuparon las tensiones nacionalistas en la transición es atribuible a la acción de los propios partidos estatales seria una simplificación y, en alguna medida' un modo de orillar los aspectos más difíciles del problema. No es ésta mi intención, sino, más sencillamente, abrir la visión en la explicación de un tema que ni en el pasado ni en el presente puede entenderse adecuadamente si se encierra en el terreno acotado por los propios nacionalistas. Finalmente, trataré de aproximarme a otros factores capaces de dar cuenta de la importancia de nuestro problema nacional a lo largo de la transición.

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o Confusión en torno al problema

Que los partidos y fuerzas políticas nacionalistas de los sesenta y los setenta defendiesen, con mayor prudencia en ocasiones, lo que hoy proclaman respecto al problema nacional de España, está dentro de la normalidad. No resulta tan fácil de entender, sin embargo, el entusiasmo filonacionalista-con relación a los nacionalismos periféricos-que los partidos de izquierda estatal demostraron en la década de los setenta. Lo cierto es que entonces, tanto el PSOE como el PCE, del mismo modo que el PSP, defendieron posiciones a este respecto inmantenibles a la vuelta de muy pocos años. El Congreso del PSOE de octubre de 1974, en su resolución sobre las nacionalidades y regiones , asumía, en primer lugar, una explícita y rotunda defensa del derecho de una autodeterminación que "... comporta la facultad de que cada nacionalidad pueda determinar libremente las relaciones que va a mantener con el resto de los pueblos que integran el Estado español" La aceptación del principio de la autodeterminación no evita el pronunciamiento del partido a favor de una "República federal de las nacionalidades que integran el Estado español", por entender que a través de esta fórmula se protegen suficientemente las peculiaridades de las nacionalidades y los intereses de la clase trabajadora.

La resolución sobre nacionalidades del Congreso del PSOE de 1976 es un documento más extenso que el de 1974, con mayores pretensiones doctrinales y fiel, en lo sustancial, al texto anterior. A1 margen de algunas modificaciones literarias-aceptación por ejemplo del término España-se sigue haciendo una reiterada defensa del derecho de autodeterminación, cuyo reconocimiento debe ser obligado en la inminente Constitución. Una fraseología marxista ("la opresión que sufren las nacionalidades y regiones es una faceta más y un instrumento de la opresión que la clase dominante ejerce sobre los pueblos y los trabajadores del Estado español, y tiene su vinculación al proceso de la lucha de clases", "... la clase trabajadora debe, pues, ponerse a la cabeza de la lucha por la liberación de las nacionalidades y regiones oprimidas") sirve de marco para la asunción de unas causes nacionalistas, que se insertarían dentro de una defensa general de la autogestión de la sociedad. Descontadas algunas afirmaciones sorprendentes, por ejemplo la llamada al reconocimiento de los "estatutos de soberanía" que fueron establecidos constitucionalmente, el documento se extiende después en la consideración de algunos tests en torno a la futura estructura federal del Estado.

El Manifiesto - Programa del PCE (septiembre de 1975) define algunas actitudes interesantes del comunismo español. La digresión histórica del documento permite apreciar, en primer lugar, una aceptación en profundidad de la lógica de los nacionalismos periféricos-y particularmente del nacionalismo catalán-en la comprensión de nuestra historia contemporánea. Así puede entenderse la valoración general de los nacionalismos catalán, vasco y gallego: "Inicialmente encabezados por sectores de la burguesía, más tarde intervinieron en su dirección otras clases sociales y representaron fundamentalmente una opción política democrática frente al Estado centralista burocrático". EL Manifiesto subraya además "... el inalienable derecho de los pueblos a decidir libremente de sus destinos", aunque no oculta la posición comunista favorable a "... La libre unión de todos los pueblos de España en una República Federal". Las resoluciones del IX Congreso del PCE de abril de 1978, al margen de algunas concesiones al lenguaje y la iconografía propia de los nacionalismos periféricos (por ejemplo, la referencia a la "opresión histórica" de las nacionalidades), evidencia-seguramente por su fecha tardía-una moderación y un relativo buen sentido ausentes en los documentos antes citados.

El Partido Socialista Popular no fue a la zaga del PSOE y el PCE en estos planteamientos. En el "Programa Ideológico - político" aprobado por la Comisión Permanente del Congreso del PSP (1975) 3, este partido supera a los otros de izquierda en tacticismo político vista su singular afirmación - negación del derecho de autodeterminación. Dice al respecto el punto 17: "Consecuentemente con el punto 6 de esta declaración, el PSP asume el principio de la autodeterminación para las nacionalidades y regiones españolas que, por razones históricas, culturales, sociales o económicas la deseen ..."Pero sin esperar el eventual resultado de ese proceso de autodeterminación de las nacionalidades y regiones, o realizando una singular interpretación de ese derecho, sigue diciendo el punto 17: "... Manteniendo también la necesaria solidaridad articulada a través de los órganos comunitarios del Estado español, que tendrán como una de sus principales funciones la de coadyuvar al máximo desarrollo económico de los diferentes pueblos del Estado".

Sin que el orden de referencia tenga mayor significado y haciendo mención solamente a lo publicado fuera de España, merece la pena recordar el trabajo de académico tan significado como S. Giner en torno a las dimensiones históricas de la cuestión 4. El punto de partida del autor es la constatación del supuesto fracaso de una revolución ilustrada en el siglo XVIII: "La falta de una genuina revolución ilustrada en la España del siglo XVIII fue un hecho bruto que la hizo entrar en la era industrial y del gran imperialismo capitalista con un aparato estatal ineficaz, unas pautas de privilegio y desigualdades arcaicas, y con unas mentalidades hostiles a la modernidad" (Pág. 440). Haciéndose eco de una actitud generalizada entre el catalanismo político, el autor tiende a subrayar, no sin razón, la apropiación "castellana" del Estado como consecuencia del menor dinamismo burgués de las clases medias de Castilla, diluyéndose, sin embargo, la significación que ese Estado, avanzado el siglo XIX, habrá de tener para las burguesías periféricas. Dentro de la búsqueda de raíces profundas a un problema nacional- regional cuya agudización no se desea dejar limitada a una determinada y tardía coyuntura política, el autor no tiene inconveniente en insinuar una particular visión de la guerra civil en la que se exagera la significación de los nacionalismos periféricos en demérito de los más obvios factores sociales y políticos: "En gran medida el régimen de Franco halló su justificación en su capacidad de suprimir y extirpar toda forma de autonomismo o separatismo étnico minoritario". Mayor alcance tiene la afirmación de que el franquismo es la oportunidad para que el gobierno y el Estado pongan en marcha-en clave opresora-una homogeneización nacional. Al lado de tan singular interpretación - negación del proceso de construcción de la nación en España con anterioridad a 1939, otras arriesgadas afirmaciones de Giner (por ejemplo, la supuesta mayoritaria voluntad federalista de vascos y catalanes) adquieren menor significación.

Otros dos respetables académicos, J. Marsal y J. Roiz,no dudan, planteando la significación del nacionalismo catalán a partir de 1979 5, en ofrecer a una audiencia extranjera una sorprendente visión de la historia de Cataluña; la integración del principado al Estado es vista como la consecuencia de una conquista y no debe extrañar, por tanto, al rector norteamericano que "Repetidamente, desde el siglo XV al XVIII, el conflicto se desarrollase en una guerra abierta, terminando cada vez en una derrota catalana y una erosión subsiguiente de la independencia catalana". Tan angustioso devenir histórico, caracterizado además por la indiferencia europea ("cada vez que su independencia era amenazada, Cataluña trataba desesperadamente de encontrar aliados europeos en defensa de sus territorios y sus leyes de las pretensiones de la Corona española", no podía concluir sino en la definición de un nacionalismo catalán cuyas pretensiones, dicen los autores en contradicción con lo que han sido las interpretaciones al uso de este nacionalismo, no pueden ser otras sino la consecución de un Estado independiente. Posición comprensible, sin embargo, si se da por buena la afirmación de que al margen del federalismo periférico del XIX no ha habido otro movimiento modernizante y democrático en la España moderna.

G. Shabad y R. Gunther, en un por otro lado ponderado artículo en torno a los conflictos lingüísticos en España 6, no pueden sustraerse al clima general de dramatización e idealización de nuestro problema nacional regional. Pese al reconocimiento expreso de la tradición de autonomía de las provincial vascas dentro del Estado español, los autores-sin solución de continuidad-se verán obligados a reiterar las referencias al tradicional y secular centralismo castellano. La guerra civil de 193 6 debe ser interpretada como fruto sustancial de unas tensiones nacionalistas, del mismo modo que la Constitución de 1978 se justifica fundamentalmente por el intento integrador de los nacionalismos periféricos. En el reciente estudio de R. Gunther, G. Sani y G. Shabad sobre la España postfranquista 7, se reiteran algunas de estas afirmaciones. No solamente el conflicto centro - periferia vuelve a tomar un lugar clave en el desencadenamiento de la guerra civil pese ala ausencia de series tensiones secesionistas en 1936, sino que vascos y catalanes se convierten en los "principales objetivos" de la represión franquista. Una afirmación ésta llamada a alcanzar fuerte predicamento entre los propios nacionalistas, vascos especialmente, olvidadizos sin dude como los autores de este libro-de la alineación política de vascos y catalanes en la guerra civil, de lo que fue la represión franquista en otros puntos de España y de las propias características geográficas de la guerra civil y la consiguiente represión. Más allá de lo inexacto de estas afirmaciones, sobresale la magnificación de la raigambre de un problema nacional - regional que distinguiría a España, en el presente y en el pasado, del resto de la Europa occidental.

No están ausentes los desenfoques en otro interesante articulo de J. F. Coverdale en torno al nacionalismo vasco, aunque sean distintas las causes del despiste. Dentro del proceso de proyectar el presente sobre el pasado español, se descubre la condición histórica del País Vasco como el área más rice de España, explicándose acaso por ello la vocación centralista de Castilla con relación a las provincial vascas. EL carlismo no puede ser sino la respuesta, en lugar de la cause complementaria, de la crisis foral, y la totalidad del territorio vasco-Alava incluida-debe ser la víctima del castigo franquista tras el final de la guerra civil. Pero estos limitados desenfoques extranjeros respecto al problema, visibles también en el libro de B. Kohler y en mayor medida en el de D. S. Bell, son sin duda menos significativos que los generados entre la propia comunidad académica española. Y si esto puede decirse de algunos de nuestros profesores que explícitamente abordaron la cuestión, ahí están las hemerotecas para ilustrar las opiniones de otros intelectuales y hombres públicos que, desde la izquierda en la mayoría de los casos, hicieron su peculiar aportación a la ceremonia de la confusión en torno al problema.

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o Las causas del fenómeno

Con el adecuado distanciamiento de aquella coyuntura, no es difícil entender las causas que explican semejantes actitudes. Contribuyó a ello sin dude una actitud "neo-romántica" ante unos movimientos nacionalistas europeos, que, en los años setenta, pudieron ser vistos por algunos como una renovación de la llama revolucionaria. Del mismo modo que de los nuevos movimientos sociales, equiparados ala suerte de ecologistas, feministas, pacifistas y antinucleares, de los nacionalismos sin Estado, de los nacionalismos etnicistas, de los "pueblos minorizados", se esperaba la alternativa revolucionaria que no podía protagonizar ya la socialdemocracia europea y que cuadraba mal como los sueños eurocomunistas. Por de pronto, y a falta de mejores indicios sobre la solvencia revolucionaria de los nacionalismos alimentados por una retórica tercermundista, los nacionalismos estaban ahí. Activistas, voluntaristas, luchadores, dispuestos a la acción directa, los movimientos nacionalistas en el Ulster, en Escocia, en Bélgica, en Córcega, en Bretaña, en Quebec o en el País Vasco, eran algo vivo en un momento de atonía revolucionaria. Es cierto que el pasado filofascista, racista, conservador o reaccionario de buena parte de estos movimientos podrá ser cause de perplejidad para las nuevas vocaciones revolucionarias. Pero la súbita conversión al marxismo, la invocación a Fanon, el ejemplo argelino y el atractivo de la acción, podían ayudar a superar las reticencias ante unos nacionalismos de los pueblos dispuestos a enfrentarse al, a partir de ahora, nefasto nacionalismo de los adelantados en el proceso de construcción de las naciones.

La fácil aceptación por la izquierda del reverdecimiento de las pretensiones nacionalistas presentadas ahora como las más eficaces instancias de transformación revolucionaria, no se producía, sin embargo, en el vacío. Sin la constante manipulación comunista de la cuestión nacional, sin el hábito instrumentalizador de las tensiones nacionalistas insinuado ya en Marx y explicitado en Lenin y Stalin, hubiera sido imposible una convergencia de las ilusiones de una nueva izquierda y unos renovados o nuevos movimientos secesionistas en Europa occidental.

De un modo más o menos vago, este proceso ideológico habría de tener su incidencia en España. EL crecimiento de la primera ETA, el surgimiento posterior de grupos como el Movimiento Comunista o la Liga Comunista Revolucionaria, son fenómenos estrechamente relacionados con aquél 9. No creo, sin embargo, que ésta pueda serla explicación fundamental para entender el proceso de difuso filonacionalismo que caracteriza a buena parte de la izquierda española en los fnales de los sesenta y los primeros de los setenta. Creo que son razones tácticas, de distinta naturaleza, las que pueden dar cuenta de esa actitud.

Si los nacionalismos radicales pudieron ser en la Europa de los sesenta una animación a un proyecto revolucionario necesitado de sustituir la traición del proletariado, los nacionalismos vasco y catalán fueron unos eficaces dinamizadores de la lucha política contra la dictadura de Franco. Entre los grupos sociales en que se vivía con mayor efervescencia la lucha contra el franquismo, las pretensiones nacionalistas habrían de encontrar un buen ambiente. Estudiantes, profesores e intelectuales tendían a acoger con simpatía lo que había de justo y de exagerado en las pretensiones de unos nacionalismos periféricos capaces de protagonizar acciones de "mesas" y, muy especialmente, acciones de fuerza, contra un régimen represivo. La actitud del Partido Comunista, con su innegable fuerza dentro de la vida de oposición, habría de ser decisiva respecto a la asunción de unos postulados nacionalistas que, con mayor o menor entusiasmo, hubieron de asumir después el resto de las fuerzas políticas de izquierda. La opinión comunista superó siempre en su filonacionalismo periférico al resto de los partidos estatales. De acuerdo con los datos recogidos por R. Gunther, G. San¡ y G. Shabad para 1979, el número de encuestados que declaraban su preferencia por el comunismo y eran partidarios de la independencia como solución de los problemas regionales, alcanzaba el 11 por 100. Más del doble de los proindependentistas que manifestaban sus preferencias por los socialistas (el 5 por 100) y muy por encima de los identifcados con Convergencia i Unió (6 por 100). Esta actitud es acorde a la de la defensa de la conveniencia de que el Gobierno negocie con ETA. Mientras en ese mismo año son partidarios de esa negociación El31 por 100 de los encuestados que expresan preferencias comunistas, la cifra alcanza El21 por 100 en el caso de los que se identifican con el socialismo o El5 por 100 entre los identificados con Convergencia i Unió.

Una segunda razón táctica empuja inmediatamente después a esa asunción de las pretensiones nacionalistas más radicales: la necesidad de integrar unas demandas que tan eficazmente se habían animado previamente. De este modo, la necesidad de "entrar" en determinados sectores sociales contrarios al franquismo, se complementaba con el temor a dejar solos a los nacionalistas en la defensa de unas reivindicaciones que se hablan estimado elementales y de pura evidencia.

Debe darse entrada a otros factores en la comprensión de la actitud ante el problema por parte de la izquierda española. Es cierto, de una parte, que el agudo centralismo de la dictadura obligaba a una reconsideración en profundidad de la actitud del conjunto de España ante el País Vasco y Cataluña. Aunque en lo sustancial era falsa una presunta situación de opresión nacional respecto a esas dos comunidades, aunque no era cualitativamente distinta la presión dictatorial sobre los territorios con relación a los del resto del Estado, era evidente que las lenguas vasca y catalana habían sido objeto de persecución en los primeros años del franquismo y que se obstaculizaba una normalización lingüística que permitiese a la sociedad civil del País Vasco y Cataluña la libre utilización de las lenguas propias y la del Estado. Hablar de genocidio con relación a lo sucedido en los dos países, como se habló en buen número de ocasiones, era pura fantasía, sin relación ninguna con los hechos. Pero la situación de "mala conciencia" con relación al País Vasco y Cataluña,'mala conciencia incrementada con las sucesivas incorporaciones a la oposición de personas y segmentos sociales fuertemente comprometidos en el pasado con el régimen de Franco, obligaba a una actitud receptiva respecto a las demandas nacionalistas y regionalistas.

En esta actitud tenía sustancial significación la evolución de la situación en el País Vasco y el papel de ETA. La estrategia de acción-represión-respuesta por parte de ETA se ha saldado siempre, hasta época muy reciente, con el éxito de la organización terrorista. A ello hubo de contribuir sin dude el componente represivo, torpe siempre, brutal en muchas ocasiones, de una dictadura deslegitimizada ante una sociedad crecientemente democrática. La contribución de ETA ala democratización española es una cuestión sumamente dudosa; en primer lugar, porque es discutible que la llamada "lucha armada" fuese en sí misma una contribución al debilitamiento del franquismo;en segundo lugar, porque ETA-en tanto que organización terrorista-no adquiere real significación más que a la muerte de Franco y con el restablecimiento de la democracia. Aunque los datos sobre los asesinatos terroristas ofrecen alguna contradicción , está claro que el total de atentados con muerte de enero de 1968 a diciembre de 1975,43, presuponen una capacidad de acción terrorista muchísimo menor a la desplegada una vez aseguradas las libertades democráticas (65 asesinatos en 1978, 78 en 1979 o 96 en 1980). Pero la presumible irrelevancia primero y el grave obstáculo después que ETA ha supuesto para la democracia española, no pueden ocultar su funcionalidad para el desarrollo del nacionalismo vasco. Quien haya conocido la acción de la oposición antifranquista vasca con anterioridad a 1967 y quien se haya aproximado a ella en los años setenta habrá sido testigo de una explosión de nacionalismo que estuvo intrínsecamente unida a la táctica guerrillera y política de ETA. Es evidente que fue esta crisis vasca, y vuelvo con ello al hilo de la argumentación anterior, la que levantó las mayores solidaridades fuera del País Vasco, unas solidaridades hechas a golpes de acciones terroristas y a golpes de represión de unas fuerzas policiales que muy difícilmente podían haber estado a la altura de las circunstancias.

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o Las consecuencias

EL proceso que hasta ahora se ha descrito está abierto a muy diferentes interpretaciones. Parece evidente que una vez desencadenada la efervescencia nacionalista que rodea al proceso constituyente y tiene su punto álgido en las elecciones legislativas de 1979, era inevitable una amplia comprensión de un fenómeno que no podía verse frustrado por un brusco giro hacia el realismo. En líneas generales, parece acertada la actitud que UCD y PSOE manifestaron en esta coyuntura, tratando de encontrar el punto de equilibrio entre unas demandas nacionalistas y las necesidades de continuidad y eficacia en la vida estatal. Pero en esta difícil estrategia política era inevitable la persistencia de problemas y desenfoques generales de los años anteriores.

Por lo pronto, nunca podrá conocerse con exactitud lo que la comprensión nacionalista de la izquierda española pudo suponer de excitación y acicate a los postulados auténticamente nacionalistas. Reivindicaciones que muy pocos años antes habían sido consideradas objetivos satisfactorios para los nacionalismos vasco y catalán quedaron rápidamente desbordadas por la dinámica de los hechos. Los estatutos de autonomía de la II República fueron al respecto ejemplos significativos. La acelerada revolución de las expectativas por parte de los nacionalismos periféricos fue una realidad. Aunque resultan arriesgadas interpretaciones demasiado tajantes al respecto, no parece desmedido concluir que la necesidad de los partidos nacionalistas de singularizarse de los partidos estatalitas en punto a la política autonómica y la cuestión nacional obligó a los primeros a radicalizar y exagerar sus pretensiones como modo de garantizar su espacio político. Ante cuestiones como la lengua, el derecho de secesión, la policía, etc., los partidos nacionalistas no podían quedarse rezagados de lo dicho y proclamado por la izquierda estatal. Y en menor medida aún, podían aceptar un súbito "cambio de línea" como consecuencia de factores políticos que no tenían relación con transformaciones significativas de la opinión y la dinámica política en Euskadi y Cataluña.

Es un lugar común señalar el atrevido paso político de la UCD al generalizar el proceso autonómico al conjunto de España. Resulta evidente que en este paso se reflejaba no solamente la apuesta por un determinado modelo de organización territorial del Estado, sino el intento de disolver los problemas nacionalistas más graves en una reformulación general de la planta estatal. Tiene poco sentido plantearse ahora el acierto o el error de esa decisión. Debe subrayarse, sin embargo, que fue una decisión compartida por el resto de las fuerzas políticas significativas, el PSOE especialmente, y que contó con el apoyo generalizado de las elites políticas del país y amplios sectores de opinión de buena parte de España. Cuestión distinta es la precipitación con que se llevó a cabo el proceso de reajuste. Por de pronto, habrían de surgir comunidades autónomas de difícil justificación (La Rioja, Cantabria), de discutible necesidad (Madrid) o de muy escaso apoyo popular (Castilla-León, Castilla-La Mancha o Extremadura). A1 mismo tiempo, y al procederse ala redacción de los primeros estatutos, se comprobaron los costes de la redacción de la Constitución en un clima político no suficientemente sereno por lo que trace a este problema. Como ha escrito García de Enterria, la fórmula napoleónica(...on s'engage etpaís on volt) presidió buena parte de la redacción de un titulo octavo que habría de resultar, inevitablemente, conflictivo.

Cuando se contempla el desarrollo del Estado autonómico desde alguna distancia, se trace inevitable reconocer que no siempre se observaron adecuadamente las pautas constitucionales al respecto, y que las presiones políticas ablandaron más de una vez el respeto de unos y otros al orden constitucional. EL examen prácticamente simultáneo que se realizó por la Comisión Constitucional del Congreso de los proyectos de estatuto del País Vasco y Cataluña y, especialmente, la forma de regular los correspondientes referenda, no fueron ejemplares. No menos dudosa resultó la reconsideración del proyecto de estatuto gallego por la Comisión Constitucional a consecuencia del "facto del Hostal", y tuvo bastante de disparatado el tratamiento del estatuto andaluz. La regulación del tema navarro, comenzando por su tratamiento constitucional bajo la preside del nacionalismo vasco, tampoco fue feliz. Con todo y con ello, es muy posible que al final las cosas salieran mejor de lo que cabria esperar en un primer momento. Como señalaba el propio García de Enterria, el texto constitucional terminaría evidenciando un inesperado contenido ordenador del sistema autonómico, ofreciendo las bases para la adopción de una lógica federal que introdujese racionalidad y orden en el proceso autonómico. La línea de reorientación marcada por el Informe de la Comisión de Expertos sobre Autonomía y concretada en los pactos autonómicos y en la LOAPA corregida y matizada poda decisión del Tribunal Constitucional fue sin dude de gran utilidad para el conjunto del Estado autonómico, aunque no pudo evitar tensiones y conflictos con las comunidades autónomas históricas que siempre vieron con distanciamiento el proyecto federalizable de la nueva España democrática.

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o El fondo del problema

Pese a la significación que pueda tener lo hasta ahora dicho, seria equivocado supravalorar su importancia. Si es dudoso que el desencadenamiento del problema nacional-regional pueda reducirse al peso de unos "agravios", es seguro que no es consecuencia directa de los errores de los partidos estatales españoles, particularmente de los de la izquierda. Lo significativo es que como consecuencia de múltiples factores, la transición española hubo de desarrollarse en el contexto de un minoritario pero significativo cuestionamiento de la propia realidad nacional y estatal españolas. Conviene señalar a este respecto que el problema no era, ni es, algo que afectara o afecte a la mayor parte del territorio español, ni tan siquiera algo relacionado con las llamadas nacionalidades históricas. EL problema era y es-en lo fundamental-un problema vasco.

La identidad nacional en Cataluña y el País Vasco, en 1979, manifestaba unas diferencias sumamente significativas. Con independencia de la cuestión de qué factores son determinantes de esa conciencia, lo cierto es que los datos de los dos territorios difieren notablemente para la fecha señalada.

Cuestión distinta es el significado que debe atribuirse a estas opiniones independentistas. Una encuesta parece un terreno más adecuado para la manifestación de aspiraciones "máximas" o "utópicas" que un referéndum en condiciones de resolverla cuestión. No debe olvidarse que temas como el de la independencia o el de la "reunificación vasca" forman parte de una retórica nacionalista que, precisamente por su condición de tal, no ha sido objeto de un auténtico debate en Euskadi. Resulta más cómodo para los políticos "abertzales" hablar del "incuestionable derecho de los vascos ala autodeterminación" que defender lisa y llanamente la secesión del resto de España. Circunstancias todas éstas que obligan a manejar con cuidado los porcentajes pasados o presentes entorno alas voluntades independentistas.

Al nacionalismo radical, al terrorismo etarra y a las excitaciones externas a que antes aludía, hay que añadir los problemas creados por los nacionalismos moderados y por los inevitables reflejos centralistas de significativas esferas estatales. EL nacionalismo moderado vasco y catalán animó la tensión nacional- regional como consecuencia de políticas concretas y meditadas y como consecuencia también de gestos, imágenes y palabras no siempre bien calibrados por sus protagonistas.

EL PNV, como partido capaz al mismo tiempo, de gobernar en Euskadi y de deslegitimar parcialmente el marco político de juego, fue un fenómeno destacado de aquellos años. EL que esta tensión entre dos papeles políticos irreconciliables pudiera terminar rompiendo el propio PNV seria un problema menor en comparación con la animación objetiva que esa estrategia suponía para las posiciones radicales. En las actitudes representadas por el PNV, en parte también por CIU, primó sin duda la conciencia de su capacidad intimatoria sobre los gobiernos de centro - derecha. Pero no siempre se midió la significación de algunas de esas actitudes para la estabilidad del sistema democrático.

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o La dinámica interna de los nacionalismos periféricos

Quien se encuentre familiarizado con los estudios generales del nacionalismo, conoce bien el desasosiego implícito al deseo de encontrar un marco teórico capaz de dar una explicación global del mismo. Los enfoques más ambiciosos al respecto, desde las teorías de la modernización al marxismo, pasando por el impacto de la comunicación, las explicaciones de la psicología social y el arsenal de las complejas explicaciones ofrecidas por los propios nacionalismos, no han conseguido-pese a su indudable eficacia en gran número de casos concretos-ese objetivo. Hoy, como ayer, el nacionalismo sigue siendo, como ideología y movimiento, un fenómeno complejo y ambivalente, capaz de construir Estados y destruirlos, susceptible de aliarse con el proceso de legitimación liberal- democrática del poder y de sabotear eficazmente ese proceso mediante el amparo de ideologías conservadoras y reaccionarias capaces a su vez de congelar en determinadas sociedades una modernización social o económica a cuyo servicio adquiere el nacionalismo su sentido en otras latitudes.

Al fin, junto a la versatilidad fundamental de la ideología nacionalista, solamente permanece constante, en el caso de los nacionalismos de inspiración cultural, su lealtad a una especificidad étnico - cultural y, en todos los supuestos, su vocación por la consecución de poder político, sea en la forma de Estado o en otras formas de autogobierno de base territorial. A partir de estas premisas es ,posible entender el surgimiento y desarrollo de los nacionalismos periféricos españoles. Ni la especificidad cultural, en unos movimientos que surgen desde plataformas urbanas limitadamente diferenciadas del conjunto de España, ni la intensidad de unos agravios-en unos movimientos que alcanzan su mayor operatividad en coyunturas liberal - democráticas (segundo trecho de la Restauración, lI República, transición política pueden equipararse a la potencialidad de los movimientos nacionalistas para ser instrumentos de presión, representación y participación de diferentes agentes sociales. Es cierto que permanece siempre, en el supuesto de nacionalismos como el vasco, catalán o gallego, una fidelidad por la personalidad cultural diferenciada de sus pueblos. Pero esa fidelidad, sin la cual resultaría sumamente difícil mantener la identidad ideológica de los movimientos, ni tiene por qué ser exclusive de los nacionalismos (ni lo ha sido en el pasado ni lo sigue siendo hoy), ni es la razón fundamental sobre la que se justifica su existencia.

Los nacionalismos periféricos españoles, salvo impensables supuestos de opresión cultural y lingüística, sobrevivirán en tanto distintos grupos sociales vean en ellos la posibilidad de acceso a un nivel de poder político propio y una vía eficaz de presión sobre otras instancias políticas de ámbito territorial más amplio. El que las impaciencias de los nacionalismos periféricos tiendan a desbordare en nuestra historia en coyunturas más proclives al reconocimiento de un poder regional o autonómico, tiene que ver menos con ajustes de cuentas en relación a situaciones pasadas que con las oportunidades que en estos momentos se ofrecen cara al incremento de más significativas cuotas de poder de uso exclusivo.

¿Cuál hubiera sido el tratamiento más adecuado de las tensiones nacionalistas en el momento de la transición? Es evidente, en primer lugar, que era necesario el reconocimiento de una esfera de poder autónomo, tanto político como administrativo. La Constitución de 1978, en las condiciones de ambigüedad a que antes me refería, resolvió esta cuestión. Era y es discutible, sin embargo, que un aumento cuantitativo de competencias, la aceptación de ambiguas exigencias nacionalistas-la redacción amplia de la cláusula foral, por ejemplo-, la asunción sin más del federalismo o la reforma del Senado, pudieran o puedan atenuar significativamente la presión nacionalista. Algunas bienintencionadas y sumamente respetables demandas en favor de la reforma de la Constitución cara a este objetivo, deben tener en cuenta no solamente los riesgos políticos de la operación, sino el aún mayor riesgo de su irrelevancia cara al objetivo propuesto. La mete a conseguir en este tema era y es que los nacionalismos periféricos decidan abandonar la actitud victimista y la siembra de frustración en sus respectivas comunidades-abandono realizado en buena medida por el nacionalismo catalán y en grado mucho menor por el nacionalismo vasco moderado-,en favor de la acción en un marco político autónomo que la propia experiencia podrá ir modulando de acuerdo alas necesidades de las comunidades y del propio Estado central. Es una decisión política y no un mecanismo jurídico la que ha permitido ir solucionando el problema catalán y en parte el problema vasco.

En segundo lugar, el Estado central debía aceptar, con todas sus consecuencias, la reformulación de una planta política que ya no se ajusta al sabor castellano-andaluz dominante durante siglos. El Estado central no solamente debía practicar una exquisita neutralidad respecto a la influencia de los distintos grupos sociales con personalidad cultural diferenciada, sino que debía evidenciar su porosidad a una España periférica que tenía todo el derecho a disfrutar las cuotas de poder político que le corresponden, no solamente en las Comunidades Autónomas, sino en el propio Estado central. Lo que con plena razón y coherencia nació bajo signo castellano, no debe-por los mismos argumentos demográficos, económicos y culturales-seguir teniendo ese signo predominante. En este terreno se avanzó poco en la transición, pese al esfuerzo constitucional y autonómico, y puede que todavía quede mucho por hacer. Complejas circunstancias, a las que no son ajenas sin duda el oportunismo político de los propios nacionalismos periféricos, siguen haciendo del Estado algo absurdamente distanciado de algunos de los territorios paradójicamente más dinámicos y activos de España.

En tercer lugar, se hubiera requerido en la transición, y se sigue requiriendo todavía, que los partidos políticos estatales consiguieran una seria implantación en el conjunto de España, bien desarrollando su capacidad organizativa, bien articulando en torno a ellos fuerzas políticas nacionalistas y regionalistas interesadas también en el juego político estatal. Equivale esto a reconocerla necesidad de un funcionamiento más democrático y descentralizado de unos aparatos partidistas que tienen que aceptar seriamente, en el seno de sus organizaciones, el reparto de poder operado a un nivel general en el conjunto de la vida política. Por último, es evidente que una visión no sacralizada del problema nacional - regional español, la superación de los mitos y la sobrecarga ideológica que ha rodeado a la cuestión, debían y deben formar el telón de fondo para una visión más optimista del problema.

La cuestión nacional-regional de España gravitó decisivamente sobre el proceso de transición. Seguramente fue mucho mejor lo que se hizo que lo que se dijo, pero ni se hicieron todas las cosas debidas ni las palabras ni las confusiones ideológicas -como casi siempre sucede en política-fueron arrastradas por el viento con la celeridad que hubiera sido deseable. Hay que pensar y desear, sin embargo, que todos los elementos negativos de aquellos años quedarán definitivamente olvidados ala sombra de un nuevo edificio estatal capaz de resolver un pleito político mucho menos antiguo de lo que algunos creen, pero de gravedad y signifcación innegables en el presente y en el inmediato futuro.

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III. Análisis del problema terrorista

EL primer punto que hemos de tener en cuenta es el del concepto de terrorismo: EL terrorismo puede ser definido, en perspectiva sociológica, como una forma de acción colectiva caracterizada por el recurso sistemático y tendencialmente exclusivo a la violencia armada, ya sea potencial o efectiva, con la intención de afectar la distribución del poder mediante atentados cuyo impacto psicológico y simbólico supera al derivado de los daños personales y materiales que provocan. Se trata de un fenómeno surgido en su configuración actual a finales de los años sesenta, preferentemente en el contexto de sociedades industrializadas y protagonizados por organizaciones clandestinas.

EL proceso de cambio dio lugar al establecimiento de un Estado de derecho y de un régimen democrático en España, con libertades públicas, mecanismos para facilitar la participación política y representar la voluntad de los ciudadanos, pluralidad de partidos y competición por el voto popular en elecciones libres, de las que emanen gobiernos legítimos que desempeñan sus funciones durante un período limitado de tiempo, tras el cual pueden ser remplazados. Un régimen, en definitiva, donde es posible canalizar efectivamente las demandas colectivas, regular pacíficamente los eventuales conflictos de intereses que se produzcan, y proteger los derechos de las minorías. Durante los últimos años del franquismo estaba muy difundida entre los españoles la idea de que el horizonte democrático dejaba sin sentido el terrorismo, considerado en buena medida como una suerte de reacción extrema contra la violencia institucionalizada de la dictadura, como una consecuencia de la ausencia de libertades democráticas. Se argumentaba con frecuencia que, una vez desaparecida la autocracia desaparecería la violencia terrorista que le acosaba. Y esta convicción persistió incluso durante 1976- 1977 años en los que el conjunto de la actividad terrorista, en términos de atentados con resultado de víctimas mortales, no rebasó las cifras del turbulento 1975, aunque alcanzó niveles superiores a los registrados con anterioridad a ese año. Pero todo ello demostró ser una ingenuidad motivada por el deseo, tal y como los acontecimientos vendrían a demostrar. A medida que el proceso democratizador avanzaba los atentados terroristas se incrementaban a la par que se dirigían a objetivos cualitativamente distinto, con el propósito de provocar a las fuerzas armadas para que, con su intervención, bloquearan el proceso hacia la democracia.

Aumento y cambio de objetivos. Si en 1973, año del asesinato de Carrero Blanco, se produjeron en total cuatro atentados terroristas con víctimas mortales, cinco años después, en 1978 se producían 71 atentados con el resultado de 85 muertos, y la cantidad de atentados y víctimas mortales continuaría aumentando hasta 1980, en que se produjeron 91 atentados con 124 muertos, el número más elevado de toda la serie. Por otra parte, en julio de 1978,y cuando terminaba ya la discusión del proyecto constitucional, ETA apuntó a la cúpula militar, asesinando a un general del ejército de tierra con el evidente propósito de provocar una reacción militar que paralizarse el proceso de democratización.

El incremento del terrorismo vasco en los primeros años de la transición revela la decisión de ETA de responder con la violencia a la política autonómica seguida por el Gobierno.

La ruptura de la política de consenso por parte del PNV, al no reconocer la Ponencia no la Comisión Constitucional los fueros históricos del País Vasco, produjo en un amplio sector de la población vasca el rechazo de la Constitución que, actuando sobre un sentimiento nacional más arraigado y exclusivo, se expresó en forma de masiva abstención en el referéndum constitucional. Los grupos radicales blandieron entonces el argumento de la ilegitimidad de la Constitución, lo que reforzaba su teoría de que, después de la muerte de Franco, nada había cambiado en España.

EL retraimiento y la alienación del nacionalismo vasco moderado respecto al proceso constitucional estableció una relación ambigua entre el PNV y ETA, considerada por los primeros como punta de lanza en una estrategia de presión. La Iglesia vasca, reforzó ese tipo de relación al acoger como héroes y mártires de una causa sagrada, la patria vasca, a los militantes de ETA muertos en enfrentamientos con la policía o de resultas de la explosión de sus propios artefactos. Los ritos funerarios, la exaltación de la muerte del héroe y la denuncia de la acción policial como la de agentes de un poder extranjero que ahogaba la patria vasca comenzaron a formar parte de la cotidiana liturgia de la muerte administrada con cierto entusiasmo por sacerdotes vascos.

EL ejemplo vasco ejerció un considerable influjo sobre otros grupos nacionalistas que ensayaron también durante estos años el recurso a las armas. Aunque ninguno de ellos lograra el nivel de profesionalidad y eficacia y el apoyo social que alcanzó ETA, sus acciones se repitieron desde finales de los años sesenta. EL movimiento para la autodeterminación e independencia del archipiélago Canario (MPAIAC), la organización independentista catalana Terra Lliure y, más tarde, el Exército Guerrilleiro do Pobo Galego Ceibe, son algunos de estos grupos que, in contar con un extendido apoyo social a sus objetivos de independencia nacional y, menos aún, al recurso a la violencia, han reivindicado varias docenas de acciones terroristas.

Pero los grupos que han pretendido intervenir en el proceso político por medio de la violencia no se limitan exclusivamente a los nacionalistas. Por la otra línea de fractura, la que marca la posición derecha / izquierda, la organización que mayor notoriedad alcanzaría durante estos años fueron los GRAPOS, una continuación del FRAP y, como él, una emancipación del llamado Partido comunista de España (reconstituido). Formados por jóvenes estudiantes y obreros que habían militado en organizaciones políticas clandestinas durante los últimos años del franquismo, los GRAPO nunca llegaron a contar con más de dos o tres grupos de acción, pero sus intervenciones en el proceso político, al coincidir con momentos particularmente delicados, contribuyeron a desestabilizar la frágil marcha a la democracia y favorecieron las actuaciones de los núcleos involucionistas no desarraigados todavía del interior de las fuerzas armadas y de las fuerzas de seguridad.

Mientras en la extrema izquierda no nacionalistas, los atentados fueron reivindicados casi exclusivamente por los GRAPO, en la ultraderecha surgieron numerosos grupos, algunos de ellos bien organizados como los Guerrilleros de Cristo Rey, y otros de carácter más efímero como la Alianza Apostólica Anticomunista, un remedo de la Triple A argentina, o, posteriormente, y cuando ya muchos de ellos habían desaparecido, los grupos armados deliberación, GAL.

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o ¿Por que se produjo la escalada del terrorismo durante los años de la transición?

Tanto la motivación como un mínimo potencial organizativo resultan necesarios para que cualquier grupo terrorista se perpetúe activamente más allá de las circunstancias sociales y políticas en el marco de las cuales surgió, o simplemente para que desarrolle una campaña de violencia sostenida y duradera; pero no bastan. En cualquier caso, por si solas no explican adecuadamente la escalada terrorista acaecida en España entre 1978 y 1980. EL número y la pauta de los atentados con resultado de víctimas mortales registrado durante esos años configura un ciclo, es decir, una serie de acciones violentas cuya frecuencia sobrepasa con creces los niveles registrados con anterioridad y con posterioridad al mismo. La excepcionalidad del ciclo y su progresión creciente sugieren que fue consecuencia no sólo de la existencia de organizaciones clandestinas con voluntad y capacidad de realizar operaciones terroristas, lo cuál ocurría previamente, sino también, y quizá sobre todo, de circunstancias coyunturales específicas. Por ejemplo, se ha interpretado la escalada del terrorismo durante la transición democrática en función de una inadecuada gestión del cambio político, que habría defraudado no pocas expectativas, más o menos maximalistas, y generado una propensión agresiva en determinados segmentos sociales. En concreto, las vacilaciones y retrasos de los primeros Gobiernos de la monarquía la hora de concederla amnistía a casi quinientos presos vascos detenidos bajo el franquismo (aunque no sólo fue culpa de esos Gobiernos: en 1977, el Ejecutivo negoció con los polimilis, a fin de que pudieran celebrarse los comicios sin presos, pero los milis se negaron a negociar porque, como ha trascendido después, no deseaban la amnistía; disponer de presos propios resultaba fundamental para movilizar respaldo social), los errores y dilaciones en satisfacer las aspiraciones simbólicas y políticas del resurgiente nacionalismo, el mantenimiento de una política de orden público difícilmente diferenciable de la del régimen anterior (con sucesos tan trágicos como los acaecidos en la ciudad de Vitoria el día 3 de marzo de 1976, cuando una carga policial contra manifestantes y huelguistas originó cuatro muertos y un centenar de heridos), las provocaciones de la extrema derecha y un clima de crisis económica generalizada serian las causes de que se agudizaran sentimientos de frustración y crispación en parte de la sociedad vasca, favoreciendo con ello los intereses de la izquierda extraparlamentaria abertzale y, por extensión, de las dos facciones de ETA, ya de por sí inclinadas, aunque como se ha visto con diseños estratégicos diferentes, a continuar la lucha armada. De hecho, el nacionalismo vasco radical base sus argumentos políticos en el no reconocimiento del derecho a la autodeterminación por parte de la Constitución, los problemas del proceso autonómico, la no incorporación de Navarra a Euskadi, el tratamiento dado al euskera y el modelo policial. Pero se ha señalado, asimismo, que existe toda una generación vasca socializada políticamente en los años setenta, en pleno proceso de sobredramatización y decadencia del franquismo, muy radicalizada al haber interiorizado tempranamente la evidencia social del predominio nacionalista en la vivencia política cotidiana de Euskadi, que ha tenido y tiene grandes dificultades para aceptar una racionalización del proceso de institucionalización democrática en España y, por tanto, para oponerse a la persistencia de la violencia etarra.

Pero, junto a todo ello, hay otra serie de circunstancias coyunturales que, combinadas, permitieron la ejecución práctica y particularmente intensa de la mencionada propensión al uso de la violencia armada. Es decir: la escalada terrorista acaecida durante los años en que se aceleraba la transformación del sistema político español fue posible, en gran medida, debido a la existencia de una estructura de la oportunidad favorable. La estructura de la oportunidad, noción utilizada en el estudio de los movimientos sociales, se refiere a un conjunto de condiciones sistémicas, pertenecientes al entorno político y social, que inciden, favoreciendo o constriñendo, tanto sobre la aparición de determinadas formas de acción colectiva como sobre su dinámica ulterior 4. Puede describirse en términos objetivos, pero también en términos subjetivos, en la medida en que su composición sea percibida por los actores afectados. La operacionalización de dicha estructura de la oportunidad depende sobremanera de cada forma de acción colectiva y de cada contexto histórico. As¡, en la estructura de la oportunidad que favoreció la escalada del terrorismo en España durante los años álgidos de la transición a la democracia hubo factores internos e internacionales. Entre los primeros. además de tener presente que una situación de cambio de régimen político y menor control social amplía las posibilidades de éxito, siquiera relativo, de cualquier estrategia de acción colectiva tendente a influir sobre la distribución del poder, cabe mencionar la ineficacia policial y la ausencia de una voluntad política unitaria ante el problema, circunstancias ambas que terminaron por limitar e incluso desvirtuar las medidas legislativas adoptadas hasta hacerlas, en algunos casos, sencillamente contraproducentes. En buena medida, se trata de factores que resultan ser consecuencias imprevistas o no deseadas de determinados acuerdos (no necesariamente públicos, algunos de ellos ambivalentes o inconclusos) entre agentes sociales y políticos. propios de la transición a partir de un régimen autoritario. Los factores externos se refieren, por su parte, a la participación de otros países o entidades internacionales en dotar de refugio o recursos; materiales a organizaciones terroristas endógenas activas en el territorio español. Aunque se ha subrayado la limitada importancia genérica que el contexto internacional tiene en los procesos de transición democrática. al tratarse del terrorismo dicho contexto adquiere particular relevancia.

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La política antiterrorista de los diversos Gobiernos de la UCD fue asaz errática hasta finales de 1980. coincidiendo así con la escalada del terrorismo. Los responsables del orden público durante aquel tiempo se mostraron incapaces de establecer una acción coherente y simultánea de medidas que reemplazaran a la perspectiva militar que el franquismo había aplicado a la seguridad interior. EL aparato policial heredado resultó parcialmente modificado, como consecuencia. entre otras razones, de las legítimas presiones de la oposición y de los arreglos políticos subsiguientes; algunos mandos expertos fueron desplazados de sus cargos y se produjeron alteraciones jerárquicas. sin que ello viniera acompañado de una adecuada reorganización de las fuerzas policiales. Así, por ejemplo, las redes de información, necesarias para la lucha contraterrorista, eran deficientes, a menudo casi artesanales, y operaban sin control ejecutivo, haciéndose evidente la descoordinación entre los servicios de inteligencia de los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. De este modo, no resultará extraño que algunas instancias policiales de ámbito provincial y local obtuvieran éxitos resonantes, aunque lógicamente limitados, en la persecución de organizaciones armadas clandestinas. En tal situación, el Gobierno español se vio obligado, durante la transición, a recabar ayuda e información a los servicios de inteligencia de otros países occidentales. En algunos casos, la presencia de determinados funcionarios policiales o judiciales mal acomodados a la nueva evolución democrática hizo que, ocasionalmente, la ineficacia no sólo fuera producto de la incapacidad sino también de la inhibición, como revela la aparente inmunidad concedida durante años a ciertos elementos neofascistas, las numerosas acciones violentas llevadas a cabo por la extreme derecha sin que apenas se produjeran detenciones posteriores, o los insólitos permisos concedidos a terroristas de ultraderecha convictos y encarcelados, permitiendo su fuga. Por último, el desánimo ante los parcos resultados obtenidos se hacía sentir en algunos sectores de los aparatos de seguridad, agravando con ello la falta de medios y de aptitudes.

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EL terrorismo también se benefició durante largo tiempo de las consecuencias que acarreaba la notoria ausencia de una voluntad política lo suficientemente extendida como para aislar y contribuir a erradicar dicho fenómeno. En este sentido, además del respaldo directo que recibían las organizaciones terroristas por parte de colectivos o partidos minoritarios situados en su ámbito ideológico, importa subrayar la calculada ambigüedad evidenciada por influyentes entidades sociales y políticas a la hora de abordar el problema de la violencia contrainstitucional en un contexto de transición democrática. Aunque existieron algunas inclinaciones, dentro del ámbito ideológico de la izquierda moderada, a situarlas causes del terrorismo en la crisis de lo que venía a ser definido como capitalismo monopolista del Estado, y a rechazarlo no por una cuestión de legitimidad o principio, sino por obstaculizarla lucha de clases y frenarlas movilizaciones de mesas, aquella ambigüedad adquirió especial relevancia en el caso de la violencia etarra. Debido a la escasa habilidad negociadora del Gobierno centrista y a la propia obstinación del Partido Nacionalista Vasco, este grupo político no se adhirió al proyecto de Constitución democrática elaborado en 1978,y decidió propugnarla abstención con motivo del referéndum celebrado en noviembre de ese mismo año. Sólo la mitad del electorado vasco votó en el mismo, y se registró casi un 20 por 100 de votos negativos. EL referéndum constitucional resultaba, pues, insuficiente para regular el conflicto nacionalista en Euskadi, único lugar d e España donde no obtuvo el refrendo mayoritario de la población. El independentismo radical había obtenido una formidable victoria: podría argumentar en adelante que el pueblo vasco había rechazado la Constitución española. La abstención solicitada por el nacionalismo vasco moderado, que había permitido ese resultado, suponía el inicio de una actitud confusa respecto a la legitimación del nuevo Estado de derecho. Puesto que el problema de la violencia política es inseparable de las disonancias aparecidas en la legitimación de las instituciones, dicha ambigüedad resultó ser soporte implícito del terrorismo. Aunque el Partido Nacionalista Vasco aceptó después el proyecto de Estatuto de autonomía para Euskadi y pidió el voto favorable para el mismo en el referéndum de 1979 que lo aprobó mayoritariamente, siguió cuestionando la Constitución sobre la cual se base, por lo que mantuvo su actitud ambivalente. EL PNV se negaba a utilizar el término terrorismo para referirse a ETA e incluso convocaba manifestaciones contra la violencia en las que no se hacía referencia expresa a dicha organización clandestina. ETA surgió a partir del nacionalismo vasco y creció gracias al silencio; cuando no a la connivencia y a la instrumentalización de sus actividades por parte del Partido Nacionalista Vasco. La organización terrorista se sirvió también de la actitud de buena parte de la Iglesia vasca, que dejó correr el tiempo en una carrera de ambiguas tolerancias y tibias críticas, antes de situarse, con excepciones, contra la violencia de ETA. Es cierto que la jerarquía eclesiástica vasca ha ido acentuando la contundencia de sus condenas a ETA recientemente, pero no es menos cierto que las ha hecho acompañar, casi siempre, con un reproche ala actuación de las fuerzas policiales, hasta el punto de equiparar a éstas con la organización terrorista, favoreciendo con ello los intereses de un nacionalismo radical que se esfuerza en socavarla legitimidad del Estado dentro del territorio vasco para transferirla a ETA. Como consecuencia de todo ello, se ha estimado que, entre los años 1977 y 1980, alrededor de la mitad de la población vasca no expresaba una opinión negativa sobre ETA, siendo dicha actitud más acentuada entre los varones, los jóvenes y quienes se ubicaban en el ámbito de la izquierda nacionalista radical. Ello muestra cómo una minoría puede llegar a crear un clima de opinión dominante, para lo que el miedo y la ambivalencia juegan un papel fundamental. Tanto la ineficacia policial en sus tareas de investigación y persecución del terrorismo como la ausencia de la necesaria voluntad política para poner fin a la violencia, unidas al déficit de legitimidad del Estado en Euskadi; tuvieron otros efectos de relevancia. De un lado, redujeron o limitaron la validez de las medidas legislativas adoptadas durante los años de la transición y endurecidas progresivamente. Dicha legislación antiterrorista -que adoleció de improvisación, heterogeneidad de contenido, imprecisión técnica, urgencia y transitoriedad-desarrollaba las indicaciones constitucionales referidas excepcionalmente a la suspensión de determinados derechos fundamentales (concretamente, los relativos a la duración máxima de la retención preventiva, la inviolabilidad del domicilio y el secreto de la comunicación), en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. Aunque se establecieron garantías formales para tal suspensión, apelando a la intervención judicial y al adecuado control parlamentario, en la práctica resultaron relativas e insuficientes, por lo que al amparo de la ley se cometieron abusos; entre otras cuestiones, la incomunicación de los detenidos durante días dejaba las puertas abiertas ala torture y los malos tratos. Convertida en consigna del nacionalismo radical, la denuncia de tales sucesos en un contexto como el vasco, hizo que la normativa contraterrorista se volviera en contra de sus promotores cuando de restar apoyos sociales a ETA se trataba. A ello contribuyó, de otro lado, el ocasionalmente desmesurado comportamiento de los cuerpos y fuerzas de seguridad en el País Vasco. Cuando un aparato policial resulta ineficaz para investigar y perseguir adecuadamente los delitos de terrorismo, tiende a llevar a cabo actuaciones de naturaleza abusiva y detenciones indiscriminadas. Con ellas, se generó un gran resentimiento en determinados ámbitos de la, población vasca, los más afectados, en los cuales se fraguó una espontánea actitud de apoyo o adhesión afectiva a ETA, especialmente a su rama militar. De este modo, resulta razonable pensar que, sobre un sustrato de simpatías adquiridas por ETA a raíz de su actividad durante los años finales del franquismo y otras de etiología genuinamente nacionalista, buena parte del respaldo social disfrutado por ETA tiene su origen en los resentimientos acumulados como resultado de actuaciones excesivas y torpes llevadas a cabo por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado durante los años de la transición a la democracia. En este sentido, resulta significativo recordar dos hechos: el primero, que la militancia etarra se incrementó significativamente entre 1978 y 1979; el segundo, que Herri Batasuna, brazo político de ETA(m) y coalición que articula su respaldo social, no surgió hasta 1.979. Aunque entraron a formar parte de ella minúsculos grupos independentistas radicales y marginados de los procesos políticos relevantes, puede decirse que su electorado, y por extensión el apoyo social de ETA(m),tiene más que ver con agravios, rencores y animadversiones hacia la Policía y la Guardia Civil, que con eventuales frustraciones motivadas por una inadecuada solución a las demandas de autogobierno formuladas en el seno de la sociedad vasca. Otro dato para ilustrar este aserto: en las elecciones generales de 1977, el voto a los partidos de ámbito nacional en las provincial vascongadas superó al otorgado a las fuerzas nacionalistas, lo cual no se ha vuelto a repetir.

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En lo que atañe a los factores internacionales que han favorecido la persistencia del terrorismo en España a partir de 1976, así como su intensificación desde 1978 hasta 1980, conviene distinguir entre los apoyos activos y los pasivos, ambos igualmente conscientes, otorgados directa o indirectamente por diversos países y actores no gubernamentales a algunas organizaciones armadas clandestinas. Entre los apoyos pasivos ocupa un lugar preferente la inhibición con que las autoridades francesas reaccionaron ante la presencia en su territorio de la dirección de ETA. Desde sus orígenes, la organización terrorista optó por buscar refugio al otro lado de los Pirineos, en el País Vasco continental, donde los etarras obtuvieron el estatuto de refugiados políticos durante el franquismo y lo mantuvieron, sorprendentemente, durante la transformación del sistema político español. Los Gobiernos y la opinión pública francesa tardaron mucho en asimilar que España se había convertido en un régimen democrático. Durante años sostuvieron el tests de que el terrorismo de ETA era un asunto interno español y se limitaron a ordenar tímidos confinamientos de algunos activistas, quizá para evitar la extensión del nacionalismo radical y violento a su propio territorio. Además de ser el lugar en donde residía el directorio etarra, en el llamado santuario francés se realizaba la inscripción de nuevos militantes, se celebraban los cursillos ideológicos, se llevaban a cabo los entrenamientos en el uso de armas y explosivos, se publicaba y distribuía propaganda, y se analizaban los datos recogidos por las células de información. Constituía, en definitiva, un centro permanente de refugio, repliegue y reorganización. De otro lado, ETA--en particular ETA(m- ha recibido, especialmente a partir de 1976, y sobre la base de motivos ideológicos y pragmáticos, apoyo material y logístico procedente de diversos países de América Latina, Europa Oriental y determinados Estados árabes radicales, así como de varias organizaciones terroristas de ámbito internacional, principalmente palestinas; algunas evidencias y contactos registrados señalan a la Unión Soviética como origen indirecto de buena parte de tales apoyos. Quizás la búsqueda de un respaldo internacional semejante explica, a su vez, el desplazamiento del PCE y los GRAPO, desde posiciones próximas a otras prosoviéticas, ocurrido durante aquel tiempo. También hubo grupos de extrema derecha vinculados íntimamente a la Internacional Fascista. Podría asegurarse que, sin la interferencia exterior, active o pasiva, directa o indirecta, la actividad terrorista en general, y, sobre todo, la de ETA en particular, hubiera declinado mucho antes, si no desaparecido, o cuando menos no hubiera dispuesto de los recursos necesarios para iniciar la escalada que alcanzó su máxima intensidad en 1980.

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o Consolidación de la democracia y control del terrorismo

Durante la consolidación del nuevo régimen democrático español, un proceso largo e inicialmente frágil como lo demuestra el frustrado intento de provocar un golpe de Estado, acaecido en febrero de 1981-, los fundamentos jurídicos y formales del marco institucional recién instaurado cuajaron en estructuras sólidas y duraderas.

La consolidación supone que el nuevo régimen elimina, reduce a su mínima expresión o reabsorbe las inconsistencias de sus primeros momentos, afirmando su autonomía frente a los poderes de hecho, movilizando políticamente a la sociedad civil y generando un sistema de partidos estable, capaz de garantizarla gobernabilidad del país. Sin embargo, existe toda una constelación de factores que inciden sobre dicho proceso. La propia forma en que tuvo lugar la transición ha ejercido un impacto ambivalente ya que, por ejemplo, el trasvase de lealtades desde un régimen a otro fue lento, parcial y fragmentario por parte de algunos grupos identificados previamente con el franquismo y situados en posiciones claves dentro del aparato estatal. Empero, la joven democracia española ha persistido y se ha reproducido con normalidad. Con todo, las principales dificultades que ha encontrado el nuevo régimen para su consolidación se refieren a la distribución territorial del poder, la crisis económica y, por supuesto, el terrorismo. El alcance que una configuración de la estructura de la oportunidad como la descrita en el apartado anterior tuvo en la escalada del terrorismo durante los años de la transición política parece venir corroborado por el hecho de que, con la consolidación democrática, la paulatina conversión de los factores favorables en elementos de incidencia negativa produjo un significativo declive de la violencia terrorista. Así, el promedio anual de las acciones terroristas con resultado de víctimas mortales descendió entre 1981 y 1985 un 60 por 100 respecto al período transcurrido entre 1978 y 1980, para reducirse todavía más desde 1986; los GRAPO resultaron prácticamente desarticulados, pese a algunas tentativas de reorganización observadas recientemente; quedó anulada la capacidad operativa de los grupos de extreme derecha (una vez residualizados sus vínculos con funcionarios de agencies oficiales) y de otras organizaciones menores; ETA(m) quedó como foco central de la actividad terrorista. EL punto de inflexión en la política antiterrorista que permitió tales resultados coincidió con la designación de Juan José Rosón como ministro del Interior, a mediados de 1980, momento en que era evidente el descontrol gubernativo de la policía, mientras el terrorismo alcanzaba su máxima eficacia mortífera y capacidad desestabilizadora. EL nuevo ministro supo poner en orden el departamento, utilizó su autoridad para recortar la tendencia a la autonomización de los cuerpos policiales y disciplinar a las fuerzas de seguridad a sus órdenes-incluyendo las unidades encargadas de investigar y perseguir alas bandas ultraderechistas que hasta entonces campaban por sus fueros--, realizó un gran esfuerzo para mejorarlos servicios de información, creó el Mando Único para la Lucha Contraterrorista (MULC) e impulsó la creación del Grupo Especial de Operaciones (GEO) dentro de la Policía Nacional, así como de las Unidades Antiterroristas Rurales (WAR) en el seno de la Guardia Civil; pero, sobre todo, tuvo la audacia imprescindible para impulsar, con notable éxito, una vía de reinserción social de los terroristas dispuestos a dejar las armas, cuyo fruto más visible fue la disolución de ETA(p.m.). Tras la victoria del Partido Socialista Obrero Español en las elecciones generales de octubre de 1982, revalidada en 1986, se ha continuado, ampliado y refinado un diseño político contraterrorista cuyos ejes genéricos fundamentales han sido: en primer lugar, una mayor eficacia de la acción policial, para lo que han incrementado los medios técnicos y humanos, diseñando planes especiales de seguridad, y se han registrado importantes avances en el establecimiento de una infraestructura de información coordinada que permita a los cuerpos de seguridad un mejor conocimiento de la articulación interna de las organizaciones terroristas, así como de la identidad y localización de sus militantes; en segundo lugar, un cultivo minucioso de la diplomacia especializada para llegar a acuerdos de control y colaboración intergubernamental en materia de terrorismo, derivado de la creciente presencia española en los foros internacionales; en tercer lugar la progresiva y no siempre fácil adecuación de las medidas legislativas sobre la base de una mayor eficacia policial, pese a que la persistencia de una legislación antiterrorista que posibilita la incomunicación y, por tanto, los malos tratos a los detenidos, sigue resultando polémica, particularmente en el País Vasco; en cuarto lugar, la oferta de reinserción social, para que los terroristas que abandonar la violencia y decidan actuar conforme al régimen jurídico democrático vigente, puedan regresar paulatinamente a la vida civil-y son ya más de doscientos los miembros de organizaciones terroristas, sobre los cuales no existía ninguna requisitoria policial o judicial, que han regresado a España. En lo que respecta a ETA(m), organización responsable de casi el 90 por 100 de los atentados mortales acaecidos desde 1981, la política antiterrorista se vio complementada por una serie de [actores específicos. Ante todo, la decisiva colaboración internacional, en particular la francesa, finalmente iniciada y plasmada en un acuerdo bilateral interministerial suscrito en junio de 1984, lo que ha puesto fin a la impunidad con la que se realizaba el movimiento de etarras en torno a la frontera, rechazando la consideración de refugiados políticos para los miembros de ETA y posibilitando la detención, extradición 0 deportación de éstos, permitiendo así el progresivo descabezamiento de la organización clandestina en Francia. A lo cual hay que añadir el cambio en las actitudes de la nueva cúpula dirigente soviética hacia el terrorismo como instrumento de guerra larvada y el hecho de que la integración europea juega también en contra de las expectativas de los terroristas. Junto a ello, la acción criminal de los GAL, aunque su violencia se ha dejado de sentir desde que Francia colabora estrechamente en el acoso a ETA(m) dentro del territorio galo. Por último, la pérdida de respaldo popular a la violencia en Euskadi, la relativa estabilidad de los alineamientos políticos en la Comunidad Autónoma Vasca y la consecución de un acuerdo mancomunado frente al terrorismo (favorecido por la experiencia de un Gobierno vasco de coalición formado por el Partido Nacionalista Vasco y la sección vasca del PSOE, que resultó de las elecciones autonómicas de 1986) han contribuido sobremanera a desdramatizar la vida política en Euskadi y a deslegitimar políticamente las pretensiones de ETA(m). Importa subrayar en este sentido que, tras una década marcada por la inestabilidad política, el deterioro económico y la degradación moral de la sociedad vasca, el nacionalismo moderado y democrático evoluciona hacia la plena integración de sus aspiraciones en el marco de la normalidad constitucional que caracteriza a una democracia consolidada como la española. Un hito fundamental a este respecto lo constituye el acuerdo contra la violencia suscrito en enero de 1988 por todas las fuerzas políticas con representación en el Parlamento vasco, a excepción de Herri Batasuna. A fines de ese mismo año, una encuesta realizada por el gabinete de estudios sociológicos dependiente de la presidencia del Gobierno vasco mostraba cómo más del 80 por 100 de los entrevistados en Euskadi cree que ETA debe abandonarlas armas y desea que el problema de la violencia se solucione sin recurrir a mecanismos traumatizantes. Cabe ubicar aquí las discretas, y eventualmente trascendentales, tentativas de abrir y culminar conversaciones directas entre el Gobierno central y ETA .Otro hito de gran relevancia en lo que atañe a la deslegitimación política y social de ETA(m) lo constituyó la manifestación multitudinaria celebrada el 18 de marzo de 1989 en Bilbao "por la paz, ahora y para siempre" que, sin precedentes en Euskadi por su tamaño y convocada por todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento vasco, a excepción de HB, supuso un respaldo inequívoco a la solicitud mayoritaria de que los etarras cesen la violencia y entreguen sus armas. EL mensaje pacificador parece, pues, haber calado entre la opinión pública española en su conjunto y en el propio tejido social vasco, pese a ciertos discursos neonacionalistas ambivalentes que, al abordar el problema de la violencia, enfatizan una y otra vez que el desarrollo autonómico no ha avanzado lo suficiente. Considérese, como colofón, el trabajo de la Ertzantza o policía autónoma vasca, cuyos vínculos con el nacionalismo moderado implican que los términos en los que se plantea el enfrentamiento entre ETA(m) y las fuerzas de seguridad ya no son los mismos.

Las consecuencias de todo ello han sido palpables. Las acciones de ETA(m) ya no paralizan la vida política vasca o afectan las actitudes del Gobierno central en materia autonómica o en otros terrenos. Pese a algunos golpes de efecto, el progresivo debilitamiento de ETA(m) queda evidenciado por las disensiones internas entre sus dirigentes y el temor de la organización terrorista a las medidas de reinserción social. Así, parece existir una escisión interna entre los dirigentes etarras partidarios de llegar a un acuerdo con el Gobierno legitimo del Estado, que permita hallar una vía para la resolución del problema suscitado por los presos y exiliados de la organización terrorista, y los partidarios de perpetuar el enfrentamiento armado. Por otro lado, desde la dirección etarra se ha amenazado de muerte a cuantos militantes, antiguos o actuales, en prisión o fuera de ella, se han ido acogiendo o piensan acogerse a las medidas de reinserción; amenazas a las que ha tratado de dar crédito asesinando a la antigua dirigente María Dolores González Catarain, conocida por su apodo de Yoyes, que se había acogido a dichas medidas en 1985 y residía ya en el País Vasco peninsular. La tendencia, visible en algunos sectores de Herri Batasuna, a adoptar un protagonismo político institucional ajeno al dictado de ETA(m), podría denotar también el declive político y operativo de esta última. Otro signo inequívoco que aparece cuando una organización terrorista manifiesta síntomas de agotamiento se refiere a cambios, siquiera temporales, registrados en las pautas de ejecución de sus atentados. Así, los atentados de ETA(m) ya no son preferentemente s electivos, esto es, realizados con armas de fuego y contra individuos o grupos pequeños, sino que se han hecho crecientemente indiscriminados, ejecutados mediante coches bomba y explosivos de gran potencia, que causan mayor número de víctimas civiles. Al tiempo, el acoso policial y un enfriamiento del respaldo popular a ETA(m) o de la pasividad de los ciudadanos ante el terrorismo (excepto en algunas localidades concretes, el miedo ha dejado de ser un factor decisivo en el comportamiento de la población vasca ante los violentos) ha provocado que la organización terrorista ya no pueda operar en los confines del País Vasco con tanta fluidez y seguridad como antaño, por lo que desde 1980 ha aumentado la frecuencia de sus atentados en otros rincones de España, como Madrid y Barcelona donde, por otra parte, los atentados indiscriminados tienen un costo menor, un eco mayor y no corren el riesgo de afectar directamente a la base social sobre la que se sustenta HB. Finalmente, la creciente debilidad de ETA(m) se manifiesta en sus constantes apelaciones a la negociación y en la naturaleza del interlocutor que reclama. ETA(m) declare ya treguas unilaterales, cuando hasta hace poco sólo las admitía bilaterales, y pretende negociar el fin de una guerra que no existe, para tratar de obtener una victoria política que admite implícitamente no poder conseguir mediante la violencia, a cambio de importar sus criterios sobre el futuro de Euskadi. Para ello, ignore deliberadamente que la población vasca dispone de instituciones de autogobierno legítimamente asumidas, y de representantes elegidos democráticamente, entre los que no se encuentran los dirigentes de la organización terrorista, aunque sí algunos de Herri Batasuna, si bien los votantes de esta coalición apenas alcanzan al 10 por 100 del electorado de las provincial vascongadas. Empero, al pretender negociar ahora con el Gobierno central y no con las Fuerzas Armadas, como solicitaba hace tan sólo unos años, reconoce también implícitamente, aunque no lo haga público, la primacía del poder político sobre el militar, uno de los signos evidentes de la consolidación democrática. La misma consolidación cuya estructura reduce cada vez más las oportunidades de que exista en España una actividad terrorista sistemática y sostenida.

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