VALLE DE LECRÍN: NUEVAS OPORTUNIDADES, UN RETO COMÚN

Desde los albores de la Humanidad hasta nuestros días, nuestra especie se encuentra en permanente disputa por el territorio (incluso en los últimos siglos, con el territorio), por la obtención de los recursos necesarios para la satisfacción de sus necesidades de desarrollo.

Esta disputa, que no es más que una contienda indefinida de los distintos intereses humanos, se recrudece especialmente en aquellos lugares que pueden considerarse como valiosos. El territorio, por tanto, es valioso por la presencia de recursos (naturales o antrópicos) que asumidos como valores patrimoniales son, además, demandados por distintos intereses socioeconómicos.

El presente documento obedece a la clara vocación que el Valle de Lecrín presenta como territorio valioso y así lo será en la medida en que sus recursos puedan ser considerados como valores patrimoniales demandados. Por ello este epígrafe introductorio plantea la reflexión principal sobre la que gira todo el desarrollo metodológico del documento: la demanda de espacios en el Valle de Lecrín, para la implantación de infraestructuras y usos que den lugar a un modelo de desarrollo, genera al mismo tiempo oportunidades y amenazas que, a su vez, entran en conflicto por la superposición de intereses en su consumo territorial y ello, por tanto, precisa de una respuesta política que cuanto menos debe considerar la situación como un reto común.

En la actualidad, dos grandes sectores económicos presentan iniciativas empresariales sobre el actual modelo de desarrollo del Valle de Lecrín estructurado en un sistema de asentamientos rurales, bien articulado internamente, y sustentado por una agricultura variada pero tradicional, un sector terciario de servicios básicos de ámbito comarcal, en el mejor de los casos, una decadente actividad mineroextractiva de futuro incierto y la escasa presencia de un sector secundario vagamente representado por algunas empresas de carácter agroindustrial y de apoyo a la construcción (prefabricados); así, la confluencia de propuestas de inversión desde el sector energético y desde el sector inmobiliario son el origen de esta nueva situación en la que oportunidades, amenazas y conflictos determinan un escenario para la reflexión, discusión y elección conjunta de las estrategias de desarrollo que, al menos, permitan a generaciones posteriores la posibilidad de mantener un debate similar cuando los avatares futuros así lo aconsejen.

Y precisamente, es este primer Principio de Sostenibilidad el que se manifiesta en el objeto del presente documento técnico mediante un encargo que, realizado conjuntamente desde el sector público y privado, pretende servir como un primer enfoque del conflicto que se avecina y como un texto más de trabajo para un foro que, conformado al menos por todos los municipios de la comarca, tiene la obligación de dar una respuesta conjunta al reto común al que se enfrenta.

La decisión sobre el modelo de desarrollo del Valle de Lecrín debe, de este modo, seguir estando en manos de los ciudadanos y ciudadanas de esta pequeña comarca andaluza y granadina y de sus órganismos públicos más cercanos, a pesar del empeño, no desdeñable en cualquier caso, de las políticas supramunicipales e intersectoriales que abordan los problemas territoriales desde una óptica a veces demasiado lejana, con modelos contradictorios incapaces de dar respuestas concretas a problemas concretos.

El clásico lema del movimiento ecologista en la década de los noventa: piensa globalmente, actúa localmente cobra en el Valle de Lecrín una renovada vigencia en la necesidad de una planificación espacial de las nuevas iniciativas como instrumento conjunto para paliar las consecuencias que, sobre el territorio, serán inducidas por la confluencia de intereses del sector energético, priorizados por la localización de espacios para la generación de energía eólica, y los intereses del sector inmobiliario, apuntados por las iniciativas de inversión que pretenden moldear un futuro basado en el desarrollo turístico-residencial.

Antes de entrar en una reflexión algo más profunda sobre el papel que pueden jugar ambos sectores en la dinamización del tejido socioeconómico del Valle de Lecrín, cabe recordar el objeto y alcance del encargo, exclusivamente centrado en la viabilidad paisajística y ambiental para la localización de Parques Eólicos y sus posibles consecuencias para el desarrollo de otros sectores emergentes; es decir, debe quedar patente que el análisis de viabilidad no pretende la comparación de ambos sectores, ni evaluar el posible impacto que sobre el territorio produciría cualquier otra dinámica de crecimiento; no es, por tanto, un documento con propósito de planificación u ordenación, ni un alegato contra la energía eólica que, evidentemente, se presenta como una de las fuentes alternativas de mayor potencial en Andalucía, alimentada por un recurso tan inagotable como el viento.

Las propuestas del sector energético están basadas en la presencia del recurso viento y amparadas en determinadas políticas sectoriales y/o supramunicipales con objetivos de carácter global.

La política energética de la Unión Europea plasmada, principalmente, en la Directiva 96/92 CE del Parlamento Europeo, de 19 de diciembre, sobre normas comunes para el mercado interior de electricidad, obligó al establecimiento, en el Estado Español, al igual que en el resto de Estados Miembros, de una nueva regulación energética articulada en virtud de la Ley 54/97, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. En ella, se hace compatible una política energética basada en la progresiva liberalización del mercado con la consecución de otros objetivos que también le son propios, como la mejora de la eficiencia energética, la reducción del consumo y la protección del medio ambiente. El régimen especial de generación eléctrica, los programas de gestión de la demanda y, sobre todo, el fomento de las energías renovables mejoran su encaje en nuestro ordenamiento.

En efecto, la protección ambiental es un aspecto al que reiterativamente se alude en todo el texto legal, comenzando por la exposición de motivos y afectando de manera muy particular al articulado que tiene que ver con la autorización para las actividades de producción y distribución de energía eléctrica. En este sentido, el artículo 21 deja bien a las claras que este principio, auspiciado por nuestra Constitución, debe ser limitante a la hora de conceder autorización administrativa cuando establece lo siguiente:

«Los solicitantes de autorizaciones para instalaciones de producción de energía eléctrica deberán acreditar los siguientes extremos:
a) Las condiciones de eficiencia energética, técnicas y de seguridad de las instalaciones propuestas.
b) El adecuado cumplimiento de las condiciones de protección del medio ambiente y la minimización de los impactos ambientales (...)».

De acuerdo con esta Ley, el Estado instrumentó las políticas de fomento de las energías renovables de la Unión Europea mediante el Plan de Fomento de las Energías Renovables en España 2000-2010, revisado recientemente por el nuevo Plan de Energías Renovables 2005-2010 en el que se asume el objetivo de que las fuentes de energía renovables cubran como mínimo el 12% de la demanda total de energía primaria.

 En el Ánálisis de Objetivos por Áreas Técnicas del citado Plan se reconoce el papel preponderante de la energía eólica, como el área que mayor desarrollo viene experimentando y todo ello debido a la existencia de factores propiciadores de un mayor impulso para su evolución:

- Existencia de un amplio potencial eólico sin explotar.
- Normativa favorable a conseguir una mayor penetración eólica que permite consolidar la confianza y el interés de los promotores.
- Sector industrial maduro.
- Existencia de tecnología y capacidad de desarrollo de fabricación a nivel nacional.
- La incorporación de mejoras tecnológicas en el comportamiento de los aerogeneradores frente a red.
- Planificaciones de carácter autonómico que soportan los objetivos planteados en el Plan Nacional.

Sobre este punto, el Plan estima como “especialmente ambicioso” el objetivo eólico planteado en la Comunidad Autónoma de Andalucía a través del PLEAN (Plan Energético de Andalucía 2003-2006) de 2.700 MW en 2006 y una proyección hacia el horizonte de 2010 de 4.000 MW, y todo ello bajo la premisa de que el Sistema Energético Andaluz sea más respetuoso con el medio ambiente:

- Empleando sistemas de generación eléctrica más limpios y eficientes: cogeneración, energías renovables y ciclo combinado.
- Evitando las consecuencias, tanto sociales como medioambientales, derivadas de una excesiva concentración territorial de fuentes de generación eléctrica.
- Fomentando el ahorro y la eficiencia energética. Además, el PLEAN reconoce que la cuestión energética está en el corazón del debate sobre la viabilidad ecológica de los sistemas territoriales y siendo consciente del marco de acción global en el que debe integrarse la política andaluza en esta materia, determina que algunos aspectos precisan de un marco territorial específico. En este sentido, el Plan preconiza la importancia de la valoración de las identidades y diversidades del espacio regional, obligando a que el desarrollo del mismo tenga en cuenta las particularidades del territorio, de las estructuras y de la evolución de sus diferentes ciudades, comarcas y zonas geográficas, así como los factores y valores ecológicos de su medio natural, caracterizado justamente por su enorme diversidad.

De lo anterior resulta evidente que la puesta en práctica de muchas de las estrategias y medidas del PLEAN (especialemente aquellas que incorporan objetivos ambientales) requieren una perspectiva territorial explícita para alcanzar una mayor eficacia. Y esta perspectiva es el resultado de integrar y vincular el Plan Energético con el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), aprobado recientemente por el Decreto 129/2006, de 27 de junio.

Como cabía esperar, el POTA apuesta por el fomento de las energías renovables y la sostenibilidad del sistema energético, con especial incidencia sobre la necesidad de consolidar en Andalucía los grandes proyectos eólicos e impulsar a la pequeña y mediana eólica, así como a los sistemas híbridos con otras energías renovables.

Sin embargo, en la Ordenación Territorial del Sistema Energético andaluz se produce un avance decisivo en materia de protección ambiental, al reconocer explícitamente (a diferencia del PLEAN) que el Sistema Energético constituye uno de los factores principales de generación de impactos ambientales a nivel global, regional y local, y fundamenta la contribución regional-local establecida, bajo una serie de criterios que, por vez primera, establecen con suficiente claridad limitaciones territoriales a la implantación de infraestructuras, como son:

- La identificación de territorios con limitaciones físicas y ambientales para el desarrollo de las infraestructuras del Sistema Energético.
- El establecimiento de medidas de protección del paisaje en los instrumentos de planificación energética general y sectorial, así como en los proyectos individuales de cada infraestructura.

Paradójicamente, el Valle de Lecrín no parece disfrutar, a criterio de los designios del POTA, de los valores ambientales, culturales y paisajísticos mínimos para su preservación de una indiscriminada propuesta como Zona Eólica para Agrupación de Proyectos Eólicos; en todo caso, se contemplan con cierta tibieza en relación con las propuestas que giran en torno a las políticas de desarrollo rural.

Por supuesto, es oportuno entender que el Plan de Ordenación del Territorio Andaluz no puede ni debe vislumbrar problemas a una escala mucho mayor que aquella con la que fue concebido. Es algo así como pretender ver con un telescopio algo que no mide más de un centímetro cuadrado. Por ello, es lícito asumir que los problemas a escala local pueden obtener respuestas más adecuadas desde la propia acción local, sin por ello perder la perspectiva de concepción global del territorio.

Es decir, una vez constatado que el potencial eólico del Valle de Lecrín resulta un recurso muy valorado por instancias que exceden del ámbito comarcal, es preciso aumentar el nivel de detalle en el análisis de las evidentes oportunidades que ofrecen estas nuevas iniciativas energéticas, al objeto de mitigar las amenazas que se ciernen sobre otros valores patrimoniales requeridos por nuevos sectores emergentes con incluso mayor capacidad para inducir economías de escala.

Por este lado, el sector inmobiliario manifiesta un claro interés para el desarrollo de propuestas basadas en un modelo turístico - residencial, amparado por una serie de factores que le son favorables:

- En primer lugar, el Valle de Lecrín es el territorio que sirve de soporte físico al eje de comunicación más importante que une las dos áreas más dinámicas de la provincia de Granada: el área metropolitana y el litoral costero.
- Este hecho, una vez consumada la ejecución de la autovía A-44, supondrá que la pequeña comarca vallesana sea el territorio de mayor accesibilidad a dichas áreas, recibiendo de esta manera los impactos, positivos y negativos, del dinamismo metropolitano y litoral. En este sentido, el Valle Alto comienza a mostrar palpablemente un cierto “proceso de metropolitanización” como consecuencia del incremento del hinterland de la capital a partir de la explotación del primer tramo de autovía.
- Cabe por tanto, en este contexto, una primera reflexión sobre los efectos futuros que deben esperarse con la compleción del eje viario hacia la costa. El agotamiento del modelo turístico de sol y playa y la creciente demanda de destinos turísticos rurales induce a la inversión en este sector, a volver la vista hacia parajes como el Valle de Lecrín, cuyos recursos ambientales y paisajísticos bien preservados, son ahora considerados como valores patrimoniales necesarios para el éxito de estas iniciativas.
- Por último, el escenario debe completarse con las sinergias que, en materia de desarrollo del ecoturismo, deben esperarse con el otro gran ámbito potencial: La Alpujarra.

En conclusión, el sector inmobiliario parece apostar por la implementación de un modelo sobre el que el sector energético puede inducir una amenaza inherente a la distinta utilización que de los recursos hace cada uno. No se trata, por tanto, de buscar argumentos en favor de uno u otro, sino más bien, de encontrar la compatibilidad entre ambos, aumentando las oportunidades al diluir el conflicto de intereses. Conflicto que encuentra su campo de batalla en el distinto consumo que del recurso paisaje se produce por las dos iniciativas.

El uso más consuntivo que del recurso paisaje efectúa un Parque Eólico condiciona claramente la atracción de inversiones en materia inmobiliaria, las cuáles participan de este recurso como elemento activo aunque, por supuesto, en condiciones desordenadas o carentes de modelo, también pueden afectar negativamente. Las siguientes dos reflexiones deben ayudarnos a comprender la raíz del conflicto y la necesidad de estudios pormenorizados como el que acontece, al objeto de que sea el territorio quien delimite las opciones de compatibilidad de los diferentes usos existentes y propuestos.

Imaginemos la situación ficticia en la que el desarrollo urbanístico participara del consumo del recurso viento ¿Sería, en este caso, lícito que el sector energético solicitara un reparto equilibrado del recurso para poder compatibilizar sus distintos objetivos?

Desde otra perspectiva, la segunda reflexión tiene que ver con la proyección de la actual dinámica del Valle de Lecrín. En el hipotético caso de que la comarca fuera el soporte físico de una agrupación indiscriminada de Parques Eólicos que conllevara al freno del modelo turístico-residencial, el horizonte de proyección de la actual dinámica de estancamiento del Valle se establecería en la vida útil proyectada para los Parques, que como mínimo será de 25 años ¿Podrán al menos mantenerse durante ese tiempo, los actuales parámetros de calidad de vida del ciudadano del Valle? ¿Serán suficientes los beneficios económicos inducidos por las eólicas para paliar la pérdida de oportunidades en otros sectores de menor incertidumbre?

Y por último, ¿Podría ser revertida la situación dos décadas después?

No sin cierta malicia, la opinión generalizada de foros con posturas manifiestamente en contra de la explotación industrializada y masiva de energía eólica, es que la proliferación de plantas se está produciendo en aquellas zonas en las que la opinión pública y las autoridades son más permisivas y existe un importante déficit de información hacia la población en general.

Como se ha referido anteriormente, el presente documento tiene por objeto la viabilidad de estas infraestructuras desde la óptica exclusivamente territorial, al margen, por tanto, de la socioeconómica, no pretendiendo, en ningún caso, la valoración de las ventajas o desventajas, en términos económicos, de ambos modelos, sino más bien con la finalidad de dotar a aquellos que deben dar respuesta a tanta incógnita aquí planteada, de información pretendidamente objetiva y precisa para tal fin.

La suma de los valores patrimoniales demandados que quedan patentes en los epígrafes que suceden a éste y cuya máxima expresión se sintetiza en la calidad del paisaje, convierten al Valle de Lecrín en un territorio valioso con una identidad propia muy ligada a los mencionados valores paisajísticos y también ambientales, fuentes de su riqueza y capacidad de desarrollo endógeno.

Y es esta última aseveración, fruto del análisis y la reflexión técnica del equipo multidisciplinar que ha participado del documento, la que ha guiado a la dirección y concepción metodológica de todo el documento, el cual se ha sustentado además en dos condiciones necesarias para garantizar la objetividad del trabajo:

- Prescindir de cualquier tipo de prejuicio sobre el sector eólico que pudiera incidir negativamente en el desarrollo de lo que debe ser un estudio profesional, libre y objetivo.
- Y desarrollar el objeto del encargo bajo el desconocimiento absoluto de la localización exacta de las propuestas de Parques Eólicos ya existentes.

El presente trabajo está, pues, elaborado desde el territorio y hacia el territorio, bajo la importante carga emotiva que siempre supone para un equipo ambiental aportar su experiencia en la conservación y protección de nuestros valores.