UN ESPACIO VALIOSO CON NECESIDAD DE PROTECCIÓN

La necesidad de protección de un territorio debe estar en consonancia con la cantidad y calidad de sus valores patrimoniales. La planificación, regulación y gestión de las actividades respecto a la preservación de los valores corresponde, por tanto, a la acción coordinada de todas las administraciones públicas.

Ante la ausencia de regulación explícita, los parques eólicos se ven sometidos a las determinaciones superpuestas de una serie de normas, de carácter territorial y/o sectorial, que con distintos objetivos, suponen toda la protección legal del espacio valioso del Valle de Lecrín. En el presente documento se realiza un pormenorizado análisis del escenario legal que afecta al territorio objeto de estudio con el único fin de dilucidar la idoneidad del mismo y, sobre todo, su adecuación proporcional al territorio que pretende proteger.

En este sentido, la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental de Andalucía, determina la obligación de regular la actividad eólica a través de un preciso trámite de evaluación ambiental; sin embargo, el escaso carácter localista de dicho trámite implica que la valoración de impactos ambientales se circunscriban a la ubicación exacta del área afectada por las construcciones, obviando en gran medida aspectos territoriales y paisajísticos. Únicamente los núcleos de población, sobre los que se determina la obligación de mantener un perímetro de 500 metros libres, parecen contar con un cierto nivel de protección.

Así mismo, en la legislación urbanística la regulación de la actividad eólica exige una cierta compatibilidad con los valores culturales y ambientales, aunque esta última quede en manos de una Declaración de Impacto Ambiental favorable. No obstante, las afecciones territoriales y paisajísticas se tienen en cuenta, pero siempre desde una óptica de corrección y minimización de impactos acaecidos durante las fases de ejecución y explotación y, por tanto, en el caso de que la regulación local del suelo no urbanizable no lo prohíba expresamente o el espacio no esté sometido a una figura de protección ambiental o cultural de carácter supramunicipal, no se establece limitación alguna a la implantación de estas infraestructuras.

Tal es el caso de la mayor parte de municipios ubicados en ámbitos rurales, en los que sus instrumentos de planeamiento, muchas veces antiguos y desfasados, no contemplan la regulación de la actividad eólica, sencillamente porque no existía en el momento en que desarrollaron sus normas.

Los espacios naturales protegidos, de la misma manera, van actualizando su relación de usos permitidos y prohibidos en sus límites afectos. De esta manera, el borrador del nuevo PORN y PRUG del Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada prohíbe expresamente su ubicación dentro de sus respectivos espacios de protección.

Sin embargo, como ocurre con los planeamientos municipales, el Plan Especial de Protección del Medio Físico no contempla la regulación del uso en cuestión, pues apenas era percibido entonces como una posibilidad y se limita a preconizar la protección paisajística en sentido genérico.

Cabe destacar, por otro lado, las novedades avanzadas durante la redacción del presente documento sobre la protección del patrimonio cultural. Si bien es cierto que, en la actualidad, la protección se limita a los Bienes de Interés Cultural declarados y su exiguo entorno, la información obtenida de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura acerca de la próxima incoación del expediente de Bien de Interés Cultural con la categoría de Sitio Histórico del Valle de Lecrín, cuyas determinaciones afectarán tanto a la delimitación propuesta, en los términos municipales de Albuñuelas, Lecrín y El Valle, como a su “entorno de protección” y “entorno de protección visual”, sí contiene mayores visos de establecer limitaciones de carácter territorial sobre usos y actividades que puedan poner en peligro el patrimonio cultural presente.

En definitiva, el análisis de la viabilidad legal de la ubicación de parques eólicos en el Valle de Lecrín no corresponde, en el presente documento, a la mera observancia, por parte de éstos, de la regulación legal existente, sino más bien, a la cuestión planteada sobre la presencia de una proporcionalidad bien entendida entre los valores patrimoniales de su espacio y la fortaleza de su protección legal.

Las nuevas oportunidades planteadas y el reto común que deben asumir los municipios del Valle de Lecrín debe comenzar, por tanto, con la construcción conjunta de un escenario de protección supramunicipal que, bajo el principio de la solidaridad, establezca criterios únicos sobre la delimitación y el grado de protección de sus valores patrimoniales, especialmente los de índole paisajística y ambiental, que, como se pone de manifiesto en estas páginas, no conocen fronteras interiores ni límites administrativos.