EL DEBATE SOCIOECONÓMICO: UN ESCENARIO DE CONFLICTO

Las consecuencias socioeconómicas derivadas de la implantación de Parques Eólicos han suscitado un debate, que territorio a territorio, dentro de la geografía nacional, repite similares argumentos y reflexiones acerca de la idoneidad de éstos para acoger las grandes infraestructuras necesarias.

No debemos, por tanto, obviar en este estudio los problemas acaecidos en otros lugares con circunstancias, curiosamente, análogas a las del Valle de Lecrín. Los ámbitos rurales (y sus defensores) de Cataluña, Galicia, Asturias, País Vasco, Cantabria y Valencia, entre otros, parecen haberse puesto de acuerdo sobre la carencia de modelo de desarrollo que acompaña a la instalación de las centrales eléctricas y las repercusiones que derivan a otros sectores de cierta emergencia y que, hasta hace muy poco, parecían la única posibilidad de desarrollo de estas zonas.

Asociaciones ecologistas, de defensa de los montes y áreas rurales, colectivos vecinales, ayuntamientos y particulares alimentan este debate con opiniones que, más o menos, se fundamentan en las mismas evidencias. Estas son las siguientes:

- El paisaje es una parte del territorio, tal como es percibida por sus poblaciones y cuyo aspecto resulta de la acción humana sobre el entorno natural y, por tanto, debe ser considerado como un bien de dominio público, patrimonio del conjunto de la sociedad.

- Las energías renovables, yen concreto la energía eólica, constituyen una alternativa válida y viable sobre las otras formas de producción energética más contaminantes y peligrosas.

- Las centrales y parques eólicos tienen un carácter netamente industrial y, como tal, deben ser consideradas a todos los efectos.

El escaso carácter sustitutorio que la energía eólica está teniendo respecto a fuentes de energía convencional, sirve como medio para aumentar la oferta energética.

La manifiesta vinculación entre los intereses económicos de las empresas del sector eólico y los intereses políticos de los planes energéticos, carentes en su mayor parte, de una regulación coherente, ajustada al desarrollo sostenible del territorio y sensible con el medio natural.

La manifiesta carencia de información objetiva a todos los afectados, con anterioridad a la instalación de una central eólica.

La ridícula repercusión que, a nivel económico, laboral y demográfico, así como sobre la calidad de vida de los habitantes de las comarcas afectadas, está teniendo la industria eólica, en comparación con las inversiones que requiere y subvenciones que recibe.

El impacto negativo que la instalación de estas infraestructuras está induciendo a los usos tradicionales del territorio y sus valores ambientales, así como para aquellas iniciativas socioeconómicas nacidas al amparo de modelos de desarrollo sostenible, como el turismo rural.

La pérdida de valor que están experimentando las rentas procedentes del patrimonio rústico e inmobiliario en los municipios donde se instalan parques eólicos. A este respecto, sufren especial depreciación las fincas próximas a los aerogéneradores, sobre todo si están sujetas a tensión urbanística o de otros posibles cambios de uso, excepto, obviamente, el uso energético.

La situación de insolidaridad que se produce cuando Comunidades Autónomas o Ayuntamientos apoyan la instalación de infraestructuras eólicas sin tener en cuenta la repercusión que su postura puede tener sobre otras autonomías o municipios limítrofes.

El desajuste existente entre las posibilidades de desarrollo económico y social que se vinculan a la implantación de centrales eólicas y la exigua repercusión real de las mismas.

La alarma social generada sobre este conjunto de argumentos parece girar siempre alrededor del concepto de paisaje que, como recurso patrimonial, sirve a los intereses de desarrollo de otros sectores. La sostenibilidad del turismo que viene desarrollándose últimamente en los ámbitos rurales está orientada a la presencia de unos valores concretos: espacios abiertos, paisajes no alterados, tranquilidad, silencio, disfrute de la biodiversidad y apreciación del patrimonio cultural e histórico. El turista rural huye, por tanto, de los espacios cerrados, los paisajes degradados, la contaminación acústica y el estrés de la aglomeración urbana, cuyas incomodidades generan un valor añadido a las comarcas que han sabido mantener intacto su patrimonio.

Cabe por tanto, reflexionar sobre la cuestión de fondo: ¿Pueden los parques eólicos provocar el hundimiento de la incipiente economía basada en el ecoturismo, induciendo, además, a la paralización de futuros proyectos?

Sólo una cosa parece clara en este dilema: desde los sectores afectados no puede existir una respuesta objetiva a tamaña cuestión y, por tanto, la mejor postura es la que decida, por principios que van más allá de los intereses económicos, los ciudadanos que residen en estos ámbitos.

En este sentido, y en detrimento de las empresas eólicas, se está produciendo un aprovechamiento reiterado de la "vulnerabilidad social" de los municipios de índole rural, con pocos habitantes, muchos de ellos de edad avanzada, sociológicamente acostumbrados a la sumisión, hundidos en un abandono secular y donde las posibilidades de información, y en su caso, resistencia a este tipo de proyectos son prácticamente nulas.

A nadie escapa que los macroproyectos eólicos encuentran ambientes hostiles allí donde existe una sociedad civil numerosa, próspera, bien informada y organizada. Parece, pues, bastante claro que el primer requisito antes del estudio de implantación de una central eólica debiera corresponder al grado de aceptación de la población y los sectores económicos existentes. Pensar que los trámites de información pública, a los que se ven sometidos estos proyectos, es suficiente garantía de información, es una clara irreverencia hacia el poblador afectado.

El aumento del nivel de información se postula como la primera clave en la viabilidad de los proyectos energéticos que nos ocupan y obviar este hecho es tan peligroso como embarcarse en un proyecto eólico sin conocer las características del viento. Por ello:

- La implementación de campañas informativas respecto a las consecuencias económicas, sociales y ambientales que pueden traer consigo la ubicación de parques eólicos en el territorio.

La ponderación conjunta de los beneficios y perjuicios a medio-largo plazo que pueden inducir a nivel comarca¡, no sólo en los municipios directamente afectados sino en los limítrofes que comparten el paisaje.

La objetiva transferencia de información hacia las empresas promotoras sobre los posibles recursos culturales, ambientales y socioeconómicos existentes, susceptibles de verse afectados.

- Y la valoración, por tanto, de la aptitud real de un territorio para acoger dicho uso deben primar como parámetros esenciales en la viabilidad de un proyecto antes, incluso, de su redacción.

La Directiva del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (85/337/CEE modificada por la Directiva 97/11/CE, de 3 de marzo de 1997) establece en su artículo 6 que:

«los Estados miembros podrán, en función de las características particulares de los proyectos o de los emplazamientos considerados: determinar la manera en la que el público debe ser consultado, por ejemplo por escrito y encuesta pública»

lo cual pone de manifiesto la escasa atención que las administraciones competentes dedican actualmente al conocimiento del grado de aceptación de la población, cuando éste queda en mano de un inaccesible trámite de información pública.

Incidiendo sobre este hecho, Europa Nostra, Federación Pan-Europea de Patrimonio, plataforma representativa de más de 200 ONG's dedicadas a la defensa del patrimonio cultural en toda Europa, como voz del importante movimiento de la sociedad civil europea en el campo del patrimonio ante los organismos internacionales competentes, en particular, ante las instituciones de la Unión Europea, el Consejo de Europa y la UNESCO, dedicó en su 36° Reunión una serie de consideraciones específicas sobre la energía eólica que resultan de interés:

«Consideraciones específicas sobre la energía eólica. Declaración de Europa Nostra sobre el impacto de las turbinas de viento en el paisaje natural, en su 36° reunión celebrada en octubre de 2004.

(..)Aunque el Consejo apoya plenamente la campaña en favor de las energías renovables, incluyendo la eólica, considera que las turbinas de viento deben situarse en lugares apropiados.

El Consejo también considera que hasta ahora muchos países han tendido a concentrar demasiado esfuerzo en la energía eólica, tanto en tierra como en el mar. Han ofrecido importantes incentivos para su desarrollo, relajando las normas urbanísticas y sin realizar una valoración más equilibrada de sus ventajas e inconvenientes. La consecuencia es que en la actualidad existen por toda Europa extensas áreas de bellos paisajes invadidas por hileras de turbinas de viento cada vez mayores, cada una de las cuales constituye una pequeña centraleléctrica. De esta forma, están siendo industrializadas con el consiguiente grave daño para el patrimonio natural.

El Consejo opina que en muchos países europeos se está creando un clima de opinión que no favorece la toma de decisiones en este aspecto. Fundamentalmente en lo que se refiere al impacto sobre la sociedad, la economía, el turismo, la historia, la cultura, la fauna salvaje y el paisaje en su conjunto.

Con estos antecedentes, el Consejo opina que, en relación con las turbinas de viento o grupos de turbinas de viento situados en tierra, el proceso de toma de decisiones de las autoridades públicas debe incluir una amplia consulta; debe basarse en la comprensión del significado del carácter y de los valores de los paisajes locales; y debe también tener en cuenta las siguientes consideraciones a la hora de afrontar cualquier proyecto:

a) El impacto sobre la comunidad local.

b) Los resultados de un análisis cuidadoso y objetivo de los argumentos del promotor, con relación al ahorro de gases invernadero.

c) El grado de intrusión visual, relacionada con el carácter y la calidad de los alrededores. No se puede olvidar que las modernas turbinas de viento son llamativas por su gran tamaño (actualmente miden más de 100 metros de altura y cada vez se construyen mayores) y normalmente están situadas en lugares prominentes.

d) El daño suplementario al paisaje, a los hábitats sensibles, a los cursos de agua y a otros aspectos del medio ambiente provocado por el proceso de construcción, en el que se incluye la creación de carreteras de acceso, los añadidos a las redes de transmisión eléctrica, las torres de alfa tensión y los edificios necesarios para la generación y transmisión de la electricidad.

e) La garantía de que, una vez finalizada la vida útil de las turbinas, toda la zona afectada pueda ser completamente restaurada.

fl El impacto sobre lugares designados como zonas protegidas a escala internacional, nacional, regional o local.

g) El impacto sobre comunidades próximas a las turbinas de viento en aspectos no menos desdeñables, como ruidos y molestias de infrasonido, interceptación de luz, ylo reducción del valor de los bienes inmobiliarios.

h) Una evaluación de las exigencias de refuerzo, que se produce cuando las turbinas de viento están sin actividad, lo que ocurre durante gran parte del tiempo. Este refuerzo normalmente es de gas y afecta a los supuestos beneficios del proyecto en términos de la producción de gas invernadero y a los costes reales de producción.

i) La necesidad de estudiar el reemplazo de turbinas existentes por otras de mayor tamaño, de la misma manera que en el proyecto original.

j) Muchas de estas consideraciones - aunque no todas - se pueden aplicar también a las turbinas de viento o grupos de turbinas situados en el mar. Como regla general, cuanto más lejos de la costa se sitúe una turbina de viento, menos probables son las objeciones a su instalación».

Aunque la magnitud de las consideraciones realizadas por el Consejo de Europa Nostra merecen una particular reflexión que no tiene cabida en estas páginas, llama la atención la rotundidad de sus aseveraciones, en cuanto a la necesidad de actuar a nivel local se refiere, cuando establece que:

- Los parques eólicos deben situarse en lugares apropiados

- La planificación territorial de los mismos ha adolecido de una valoración más equilibrada de sus ventajas e inconvenientes.

- Y puesto que los impactos se concentran sobre una comunidad local, el proceso de toma de decisiones debe incluir una amplia consulta a dicha escala.

Volviendo a la raíz del debate, y una vez aclarada la importancia de la transparencia en el proceso de decisión, los informes recabados sobre la incidencia socioeconómica de los parques eólicos en España - sobre todo, el redactado con fecha de marzo de 2006 por la Coordinadora d"Estudis Eófcs del Comtat, en la Comunidad Valenciana - coinciden ampliamente en las graves consecuencias que para el sector terciario supone una implantación no consensuada de infraestructuras de este tipo.

Los efectos directos sobre la población: efecto discoteca o sombra, aumento de la contaminación acústica, incremento del riesgo de incendio y generación de interferencias en el espacio radioeléctrico se ven agravados por aquellos cuyas consecuencias derivan, directa o indirectamente, de la alteración del paisaje y su pérdida patrimonial y, por tanto, inducen sus peores tendencias sobre el sector terciario que pretende explotar este recurso.

Las experiencias previas analizadas hablan de un efecto demoledor sobre el valor de los bienes rústicos e inmobiliarios que, en un corto plazo, y con las reservas de una tasación adecuada, alcanzan depreciaciones del 30% sobre su valor anterior.

Aún tachando la cifra de catastrofista, de lo que no cabe ninguna duda es de las consecuencias que una depreciación de bienes tiene sobre el sector servicios, amparado por un sector turístico e inmobiliario que obtiene sus beneficios de la situación justamente contraria. Por ello, el mero rumor de que en determinada zona se instalen centrales eólicas, puede paralizar las inversiones en esta materia ante el temor de que el flujo positivo de visitantes y/o residentes establecido pudiera cambiar de signo.

Conviene así mismo recordar que, en la mayor parte de las áreas rurales, el modelo de desarrollo turístico - residencial no está lo suficientemente evolucionado para acometer los efectos de la pérdida de su principal valor, y su quiebra puede poner en peligro el precario equilibrio de otros sectores en franco estancamiento, como el agrícola.

La situación del sector agrario, anclado desde décadas en una posición desfavorable de continua pérdida demográfica y envejecimiento de población, ha encontrado en el ecoturismo su mejor aliado para revertir su tendencia. El crecimiento del sector terciario, además de evitar la fuga de mano de obra joven e incluso atraer a la foránea, dota de un carácter de complementariedad a los ingresos obtenidos por el aprovechamiento agrícola que, por necesarios, reducen el riesgo de abandono de cultivos y, por tanto, aumentan las posibilidades de desarrollo endógeno.

Esta sinergia que, por otro lado, es la base de la mayoría de los Programas de Desarrollo Rural, puede sufrir un retroceso decisivo ante cualquier factor que altere las condiciones de los recursos potenciales, lo cual puede suponer una clara incongruencia en la aplicación de fondos públicos europeos.

Por supuesto, existen opiniones contrarias a ésta, que, en referencia a las repercusiones que sobre el turismo rural inducen los parques eólicos, argumentan que «la misma sensibilidad del turista que demanda el contacto con la vida rural y el entorno natural se debe identificar con la valoración positiva del uso de energías renovables y, por tanto, no cabe la afirmación de que la implantación de parques eólicos vaya en detrimento de la actividad turística», que sería tanto como decir que la repercusión social y el debate sobre la viabilidad de las infraestructuras en determinados territorios es consecuencia de la falta de concienciación ambiental del ciudadano.

Este mismo argumento ha sido adoptado por, no pocas, administraciones autonómicas cuando en justificación de sus objetivos energéticos y, por ende, de los proyectos de inversión en esta materia, aducen que el interés global debe quedar por encima de los intereses particulares. Y ello, por inconsistente, desata una cuestión más: ¿Forman parte de estos intereses globales los beneficios esperados por el sector energético, no siempre revertidos a la comunidad local? Y aún más: la defensa de un territorio y su modelo de desarrollo por parte de sus ciudadanos, ¿debe ser considerada como un interés particular?