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Hace un año, un grupo de artistas pensaron en la idea de glosar de una forma vidriada, serena y efémira la arquitectura secular y un poco olvidada del jardín, como espacio privado donde regular al menos un aspecto de sus vidas, en un lugar y una provincia, la de Granada, en donde tantos y tan hermosos jardines públicos y privados ha habido.

A partir de este imaginario pensamiento, María Jesús de Córdoba, Jose Manuel Peña, Delia Fernández, Yolanda G. de Santa Ana, Antonio R. Barbero, A. García de Velaasco, Pura Varela Muela, Manuela Arias y Javier Alcantud se pusiron manos a la obra, en el camino, que finalmente les ha llevado, a estos nueve artistas participantes, a mostrar sus obras de una forma pública y con la necesidad urgente de dar un planteamiento de absoluta modernidad a todas ellas.

Y, para ello, eligieron un lugar con poderosas esencias, como es la antigua Casa-Palacio de los Zayas, en Nigüelas, que se encuentra rodeada de agua y jardines, donde el tiempo parece haberse detenido y donde, desde hoy, día 29 de octubre se puede visionar, tras su inauguración.

Bajo el título de 'obra gráfica, escultura y muestra audiovisual: Jardines Dormidos', podrá visitarse de lunes a viernes de 19,00 a 21,00 horas, así como los sábados, a través de cita previa, llamadno al teléfono 958777607 .

El Fiscal mantiene los cargos de delito ambiental contra el ex alcalde de Padul
20/10/2004- 17:48- Justicia.Granada digital

El fiscal mantuvo hoy los cargos contra el ex alcalde de Padul Cipriano Duarte y el ex delegado de Medio Ambiente Manuel Chirosa, acusados de un delito contra el medio ambiente por permitir la explotación de una cantera ilegal y por el que pide para ambos 1 año de cárcel y 13 meses de inhabilitación.

En la penúltima sesión del juicio que se sigue en la Audiencia Provincial, el fiscal retiró la acusación que mantenía por el mismo delito contra un técnico de la compañía y otros dos del departamento de Minas de la Consejería de Empleo, al tiempo que la mantuvo contra el entonces jefe de Minas y los dos hermanos que ostentaron la titularidad de la empresa que explotaba la cantera, clausurada por resolución judicial en marzo de 2000.

Está previsto que el juicio quede visto para sentencia el próximo 9 de noviembre, fecha en la que los representantes de los acusados, que inicialmente pedían la libre absolución de sus defendidos, expondrán sus alegatos definitivos.

El fiscal acusa a Cipriano Duarte, alcalde de Padul entre diciembre de 1997 y diciembre de 1999, de seguir cobrando un canon municipal por extracciones mineras a la cantera a sabiendas de que ésta era ilegal, pues carecía de ciertas licencias e invadió terrenos del Parque Natural de Sierra Nevada.

Por estos hechos, solicita ahora para el ex alcalde 1 año de prisión, 13 meses de inhabilitación y 540 euros de multa por la comisión por omisión de un delito contra el medio ambiente, delito por el que inicialmente pedía 1 año de cárcel, 2 de inhabilitación y 2.160 euros de multa o, subsidiariamente, 3 meses de cárcel, en caso de que se estimase que cometió imprudencia grave.

Respecto al que fuera delegado de Medio Ambiente entre 1994 y 1997, el fiscal lo acusa de informar favorablemente, a pesar de que existía informe de impacto ambiental negativo, un plan de restauración que fue autorizado por Economía a la compañía y que sirvió de "pantalla" para que la cantera continuara "con su actividad depredadora".

El Ministerio Público pide ahora para Chirosa la misma petición de condena que para Duarte, frente a los 4 años de cárcel, 5 de inhabilitación y 4.500 euros que solicitaba inicialmente.

Para los dos hermanos que en distintas fechas ostentaron la titularidad de la empresa que explotaba la cantera, el fiscal solicita 1 año de cárcel y 420 euros de multa.

La Fiscalía de Granada ha solicitado penas que oscilan entre cuatro y un año de cárcel para los ocho acusados en el caso de la cantera de Padul (Granada), clausurada en marzo de 2000 por ocupar 6,3 hectáreas del Parque Natural de Sierra Nevada, consideradas Reserva de la Biosfera.

Entre los acusados que comparecerán en la Audiencia el próximo 13 de octubre se encuentra el delegado de Medio Ambiente entre 1994 y 1997, Manuel C.R., para quien el fiscal pide un cuatro años y un día de prisión, cinco de inhabilitación y multa de 4.500 euros, por un delito contra el medio ambiente.

El Ministerio Público considera que pese a conocer que la cantera había merecido la declaración de impacto ambiental negativo, "no actuó en consecuencia ante la ausencia de las autorizaciones oportunas ni acordó clausurar la actividad", firmando un informe favorable a un Plan de Restauración "que sólo sirvió de pantalla formal para continuar el desarrollo de la actividad depredadora con el consiguiente perjuicio económico".

El escrito fiscal también acusa al ex alcalde de la localidad Cipriano D.R., para que el que pide un año de prisión, dos de inhabilitación, y multa de 2.160 euros por un delito contra el medio ambiente, y al entonces jefe del Departamento de Minas de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, Miguel Angel T.G., y dos asesores técnicos de la misma, José F. M. y Agustín F.M., para los que solicita 2.160 euros de multa y siete años y tres meses de inhabilitación por un delito de prevaricación.

Para los responsables de la empresa Aridos Millón 48, Ana María y Antonio R.J., y Andrés G.M., el fiscal solicita entre cuatro y un año de cárcel y multas de hasta 4.320 euros por un delito ecológico contra el medio ambiente, considerando a los dos últimos autores en su vertiente agravada de desobediencia a la autoridad administrativa.

Según el relato fiscal, la empresa explotó la cantera existente en el paraje conocido como Motrilejos del Monte, ubicada en el término municipal de Padul y próxima a la N-323, hasta el Juzgado de Instrucción 6 suspendió su actividad el 1 de marzo de 2000.

Hasta esa fecha, los acusados "con ánimo de lucro e indiferentes al perjuicio ecológico que pudieran causar" explotaron o permitieron la explotación de 6,3 hectáreas de monte público superior, introduciéndose en el Parque Natural de Sierra Nevada, "generando una pared de roca prácticamente vertical de una altura aproximada de cien metros" que no sólo destruyó parte del monte, llegando a cambiar el trazado de uno de los caminos, sino arrasando la flora y fauna existente en una zona declarada Reserva de la Biosfera.

Y todo ello, según el Ministerio Público, a pesar de existir un informe de impacto ambiental desfavorable, no contar con la licencia urbanística municipal del Ayuntamiento de Padul que fue denegada, haber expirado su licencia de ocupación de monte público, y habiendo actuado contrariamente al Plan de Restauración exigible.

Tal actuación, que se prolongó durante una década, violó a juicio del fiscal la Ley de Protección Ambiental, la Ley de Minas, la Ley de creación de la Agencia de Medio Ambiente en relación a los espacios naturales protegidos, la Ley del Suelo y el Reglamento de Disciplina Urbanística, además de otras normativas vigentes.

El fiscal acusa a los responsables de la empresa de "desobedecer" las resoluciones judiciales y mandatos emitidos para la paralización de la actividad, y al resto de los funcionario públicos de permitir que siguieran con ella.

Señala que incluso el ex alcalde llegó a contratar controladores de la extracción, aunque finalmente denunciara los hechos ante la Consejería de Medio Ambiente, y que los técnicos de Minas primero realizaron un primer informe desfavorable y luego otro aprobando un Plan de Restauración a favor a la ampliación de la cantera como recurso minero.