La España de la Restauración

La restauración de la dinastía borbónica había sido la opción defendida a lo largo del sexenio por un reducido grupo de monárquicos alfonsinos, cuya cabeza visible era Antonio Cánovas del Castillo. Sabedor del descrédito de Isabel II y del Partido Moderado que había monopolizado el poder durante su reinado, Cánovas pactó con la reina destronada la abdicación de sus derechos a favor de su hijo, el príncipe Alfonso; y aglutinó a su alrededor un nuevo grupo político, del que nacería el Partido Conservador, constituido por la antigua Unión Liberal, junto con algunos moderados e incluso carlistas reconvertidos.

La proclamación de Alfonso XII como rey, la precipitó el pronunciamiento militar encabezado en Sagunto por el general Martínez Campos, cuando la situación política estaba ya madura para haberla alcanzado por otros medios (1874); pero Cánovas se empeñó en que aquel pronunciamiento fuera el último de la historia de España, para no volver a incurrir en los errores del pasado.

Si se hubiera reconstruido tal cual el régimen de Isabel II, por lógica se habría vuelto al mismo resultado, la revolución, que los conservadores consideraban el más temible de los males que pueden asolar a un país. En consecuencia, inspirándose en el modelo político inglés, Cánovas procuró establecer un régimen bipartidista con verdadera alternancia en el poder entre su propio partido (el conservador) y un partido de tendencia más avanzada, grande y unido, cuya formación facilitó (y que acabaría siendo el Partido Liberal de Sagasta). Si ambas opciones se turnaban pacíficamente en el poder, no había razón para que ninguna de ellas se sintiera excluida y recurriera a los militares para que les llevaran al poder mediante un pronunciamiento; en consecuencia, podría afirmarse la primacía del poder civil y los militares volverían a sus funciones meramente castrenses, especialmente en las colonias. Una nueva Constitución, promulgada en 1876, regularía el funcionamiento de esta monarquía constitucional modernizada, no muy distinta sobre el papel de sus homólogas europeas.

El problema era que, tal como lo entendía Cánovas, el turno pacífico de los dos partidos en el gobierno no tenía que responder a la voluntad del electorado (que podía ir por otros derroteros), sino a pactos entre las cúpulas de ambas formaciones, actuando el monarca como árbitro. Las elecciones, manipuladas desde el Ministerio de la Gobernación, vendrían a sancionar a posteriori los cambios de gobierno decididos en las alturas. Y todo el mecanismo se asentaría sobre el consenso básico de una oligarquía monárquica y liberal-conservadora, formada por los notables o caciques que dominaban la vida política y social a todos los niveles (especialmente en el medio rural, que aún era el predominante).

El entramado de Cánovas funcionó bien mientras los dos partidos mantuvieron su unidad y aglutinaron al grueso de las elites sociales. La sublevación cantonal fue ahogada en sangre desde el primer momento (1874); la Segunda Guerra Carlista se saldó, como la primera, con la victoria del ejército regular en los campos de batalla (1876); la guerra de Cuba concluyó mediante un pacto que sancionaba la victoria de España y la permanencia de la isla en situación colonial (Paz de Zanjón, 1878).

Cánovas encabezó el Gobierno –salvo breves interrupciones– por espacio de diez años, gozando de amplios poderes para reprimir a las opciones políticas revolucionarias mediante la censura y el uso de la fuerza pública. Y cuando el rey murió prematuramente en 1884, la peligrosa situación de regencia de su viuda, María Cristina de Habsburgo-Lorena, no provocó sobresalto político alguno; la regente, que había quedado encinta, dio a luz un heredero varón (el futuro Alfonso XIII), y el cambio de turno de gobierno hizo que los liberales vinieran a apuntalar el Trono y el régimen de la Restauración. El Gobierno «largo» de Sagasta (1885-1890) contribuyó a suavizar los perfiles autoritarios del régimen canovista, liberalizándolo con una serie de leyes que regularon la libertad de asociación, el juicio por jurados y el sufragio universal. Con tan modestos retoques, el régimen de la Restauración habría de pervivir hasta 1923, convirtiéndose en el más duradero de la historia contemporánea de España. La Restauración representa, por tanto, la consolidación definitiva y estable del régimen liberal y parlamentario en España, precedente histórico de la actual monarquía constitucional.

Este largo periodo de estabilidad política, en el que se garantizó una libertad de pensamiento y de expresión bastante amplia, conoció en el plano cultural el florecimiento de la que podría llamarse generación intelectual de 1868. La literatura española tuvo, como la europea en general, su novela realista y naturalista, escrita por autores como Benito Pérez Galdós, Juan Valera, Leopoldo Alas Clarín, Emilia Pardo Bazán o Vicente Blasco Ibáñez. La ciencia, asfixiada por la falta de medios, brilló en personalidades individuales como Santiago Ramón y Cajal. El mundo del pensamiento, en lucha contra los intentos gubernamentales de limitar la libertad de cátedra, se caracterizó por la confrontación entre el conservadurismo de Menéndez Pelayo y el liberalismo de Giner de los Ríos y Gumersindo de Azcárate. Y en las artes plásticas, empezó a destacar por su dinamismo el foco de Barcelona, en donde se desarrollaba la obra arquitectónica de Gaudí.

Como muestran algunos de estos desarrollos culturales, la sociedad española estaba cambiando, y el rígido corsé del sistema político canovista le resultaría cada vez más insoportable. La industrialización, el capitalismo y la urbanización de la población seguían avanzando, y las duras condiciones de vida de las clases trabajadoras empezaban a expresarse en movimientos políticos y sindicales contestatarios. El socialismo marxista había llegado a España en la época de la Primera Internacional, y sus adeptos habían constituido en la clandestinidad el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) entorno al tipógrafo madrileño Pablo Iglesias (1879).

La Ley de Asociaciones de Sagasta permitió que los socialistas aumentaran su radio de acción con la creación de un sindicato propio, la Unión General de Trabajadores (UGT) en 1888. Y diferentes grupos anarquistas se hacían notar en Cataluña y Andalucía, derivando en los últimos años del siglo hacia el uso de la violencia terrorista y la «propaganda por la acción». La espiral de violencia y represión iniciada por entonces anunciaba el posterior agravamiento de la cuestión social, que minaría los cimientos del régimen de la Restauración (hasta tres presidentes del Gobierno murieron asesinados por anarquistas: Cánovas en 1897, Canalejas en 1912 y Dato en 1921). Pero en parte se debió a la escasa comprensión de las autoridades hacia la evolución pacifista y constructiva que significó el paso del anarquismo puro al anarcosindicalismo, con la fundación del sindicato de masas Confederación Nacional del Trabajo (CNT) en 1910.

La construcción del Estado liberal español, desde los lejanos tiempos de Isabel II, se había hecho con un criterio uniformizador y centralista. Siguiendo la doctrina del liberalismo revolucionario francés, la centralización del poder y la administración uniforme del territorio se entendieron como la mejor garantía de la igualdad jurídica que se intentaba afirmar, en oposición a las desigualdades del Antiguo Régimen.

Un nacionalismo de Estado, que tendía a ver a España como una nación no sólo en sentido político, sino también cultural, se había ido afirmando en multitud de símbolos patrióticos y discursos oficiales. Y en la Restauración, tanto ese nacionalismo como el centralismo habían alcanzado su culminación. En esa situación, un sentimiento regionalista empezó a afirmarse en algunas zonas de España, reivindicando el respeto a sus identidades y tradiciones, así como un cierto grado de autogobierno. Cataluña y Vizcaya fueron las primeras zonas en las que se dio esta evolución, primero hacia el regionalismo y luego hacia el nacionalismo; una evolución condicionada por el mayor desarrollo industrial de ambas zonas, que no sólo hacía afluir hacia ellas a miles de inmigrantes (con la consiguiente sensación de «amenaza» para el sustrato cultural autóctono), sino que además las hacía sentirse dominadas por un Estado español de base agraria, en el que los grandes terratenientes controlaban el poder.

Los avances de la industrialización en Cataluña y en Vizcaya hicieron de ambas regiones focos de conflictividad social, en los que la «receta» nacionalista se presentaba como una opción de unidad apadrinada por las clases medias, que permitía desviar las tensiones internas hacia un conflicto de carácter territorial entre centro y periferia. En Cataluña, las ideas de Prat de la Riba y otros catalanistas de distinta significación, fueron confluyendo hasta la formación de la Lliga regionalista de Cataluña en 1901, entidad que alcanzaría una gran influencia en la región y haría sentir su peso en la política española bajo la dirección de Francesc Cambó. En Vizcaya, el movimiento nacionalista fue una creación personal de Sabino Arana, que pronto pasó a pensar en términos de nacionalismo vasco (incluyendo en sus reivindicaciones de independencia no sólo a Vizcaya, sino también a Guipúzcoa, Álava, Navarra y las tres «provincias» vascofrancesas); en 1895 fundó el Partido Nacionalista Vasco (PNV), que ha pervivido hasta la actualidad, debatiéndose entre el ideal independentista y la opción moderada del autonomismo, entre los prejuicios racistas y reaccionarios de su fundador y la aceptación de la democracia liberal como marco de convivencia.

Los abusos del centralismo y de la represión avivaron la llama de los regionalismos periféricos y del movimiento obrero, opciones que crecieron hasta amenazar el consenso básico sobre el que se asentaba el régimen de la Restauración. Los dirigentes conservadores y liberales no se atrevían a introducir las reformas necesarias, por temor a que una democratización verdadera del régimen pudiera abrir la puerta a socialistas, regionalistas y otros grupos no dinásticos (como los republicanos, fuertes en las grandes ciudades, o los carlistas, todavía fuertes en Navarra y Vascongadas). De manera que la Restauración quedó anclada en sus contradicciones, manipulando los resultados electorales desde el Gobierno con ayuda de los caciques locales, y dejando sin representación política a una parte creciente de la opinión pública.

La pérdida de las últimas colonias ultramarinas que le quedaban a España fue el detonante que puso al descubierto todas estas debilidades. Cuba, Puerto Rico y Filipinas dejaron de pertenecer a España como resultado de la derrota sufrida frente a Estados Unidos en la guerra de 1898. Y toda una generación de intelectuales regeneracionistas se lanzó abiertamente a la crítica del régimen de la Restauración, de la clase política y aun de la sociedad española como un todo, acusando al caciquismo y a la falta de educación de haber debilitado al país hasta hacerle perder el rango de gran potencia (que en aquella época imperialista se entendía que iba asociado a la posesión de colonias). Para colmo de males, durante la Guerra de Cuba había sido asesinado Cánovas del Castillo; y en 1903 moriría también Sagasta. Desaparecidos los patriarcas conservador y liberal, sus partidos no recuperaron nunca el mismo grado de unidad y de liderazgo; la descomposición de los partidos dinásticos impidió que se formaran gobiernos estables y que se abordaran reformas urgentes; y el sistema todo empezó a parecer inoperante y opresivo para una gran parte de los españoles.

La crisis del sistema de la Restauración era ya un hecho desde el cambio de siglo, cuando comenzó el reinado de Alfonso XIII (declarado mayor de edad en 1902). El nuevo monarca, especialmente inclinado hacia los puntos de vista de los militares que le rodeaban, quiso asumir un protagonismo mayor que el de sus predecesores en cuestiones de gobierno; y la desaparición de los líderes históricos, unida a la división de los partidos, le dio la oportunidad de hacerlo. Algunos líderes nuevos, como el conservador Maura o el liberal Canalejas, tuvieron una visión de Estado e intentaron devolver al monarca a sus limitadas funciones arbitrales, al tiempo que saneaban el sufragio para asegurar la legitimidad del Parlamento y de los gobernantes democráticamente elegidos. Pero las reformas necesarias se encontraron con la correosa resistencia del entramado caciquil y, finalmente, el rey prescindió de Maura y de quienes, como él, se atrevieron a hacerle frente.

La economía española sufrió gravemente la crisis agropecuaria e industrial de finales del siglo XIX, de la que se salió «en falso» con la adopción de políticas proteccionistas que no hicieron sino consolidar el atraso del tejido productivo. El sector ampliamente mayoritario seguía siendo la agricultura, caracterizada por su baja productividad y por una distribución extremadamente desigual de la propiedad, que daba lugar en el norte a economías campesinas de pequeña propiedad, y en el sur a regiones enteras latifundistas (como Andalucía, Extremadura y La Mancha), en las que unas cuantas familias terratenientes convivían con masas hambrientas y analfabetas de jornaleros sin tierra. Este panorama tradicional, duramente golpeado por la crisis, se completaba con un sector industrial, caracterizado por su concentración casi exclusiva en dos sectores y en dos regiones: junto al textil catalán había surgido también, en el último cuarto del siglo, un sector siderúrgico centrado en Vizcaya.

Éstos y otros sectores cruciales de la economía española –como el de los agricultores cerealeros castellanos– reclamaban la protección del Estado para salvar sus producciones, poco competitivas en el exterior; y el Estado de la Restauración no dudó en darles la protección que pedían, sacrificando los intereses de los consumidores y la modernización tecnológica.

La Primera Guerra Mundial (1914-1918) permitió salir de aquel estancamiento, pues, al mantenerse España neutral en la contienda, pudo aprovechar la demanda procedente de los países beligerantes y sustituir a éstos en los mercados. Durante unos años, la economía española –y especialmente su sector industrial– experimentó un auge sin precedentes, alimentado por las exportaciones y por el alza de los precios internacionales. Sin duda fue aquel el momento en que se consolidó el capitalismo español, reduciendo la dependencia económica del exterior y aumentando el peso de los sectores modernos de la economía. Pero los efectos sociales de aquel cambio rápido fueron desastrosos: mientras unos cuantos empresarios acumulaban ganancias extraordinarias, la mayor parte de la población veía desvalorizados sus salarios por efecto de la inflación y sufría los efectos de la carestía y el desabastecimiento.

En 1917 el malestar social se manifestó con el estallido de una triple crisis, que puso fin a la estabilidad de la Restauración: por un lado.