Ante la invasión francesa, España quedó en una situación de vacío de poder, con la mayor parte de sus instituciones y autoridades dispuestas a cooperar con el nuevo régimen afrancesado. La reacción antifrancesa fue de carácter popular y esencialmente revolucionario, pues, negando legitimidad a cualquiera de los poderes en presencia, el pueblo llano se alzó en armas contra los franceses y sus colaboradores en la famosa jornada madrileña del 2 de mayo de 1808, dramáticamente retratada en los cuadros de Goya. La insurrección dio lugar a la formación de juntas locales, que depositaron su soberanía revolucionaria en manos de una Junta Suprema Central, destinada a coordinar los esfuerzos de guerra contra los franceses. Es cierto que estas juntas –formadas en gran parte por nobles, clérigos y personas ligadas al Antiguo Régimen– se apresuraron a reclamar la vuelta del rey que consideraban «legítimo», Fernando VII, y a nombrar una Regencia que gobernara en su ausencia; pero también lo es que rompieron de hecho con el pasado, al poner en marcha unas elecciones para convocar unas Cortes constituyentes, que se reunieron en Cádiz desde 1810.

La guerra contra los franceses –que la historiografía posterior bautizó como Guerra de la Independencia– se prolongó desde 1808 hasta 1814. En un primer momento, se sucedieron episodios de resistencia heroica, como los asedios de Gerona y Zaragoza, e incluso una victoria en campo abierto (la batalla de Bailén de 1808) que hizo huir de España a los ejércitos invasores y supuso la primera humillación del Imperio napoleónico a los ojos de Europa. Pero, tan pronto como el emperador en persona planificó y dirigió una segunda invasión de la península, la resistencia convencional dejó de ser posible. De entonces data la aparición de la lucha guerrillera, que puede considerarse una innovación en el «arte de la guerra» genuinamente española: pequeñas partidas, amparadas en el conocimiento de un terreno accidentado y con la connivencia de la población campesina, hostigaban a los ejércitos invasores e interrumpían sus abastecimientos y comunicaciones, obligándoles a limitar su ocupación a unas cuantas ciudades fortificadas y guarnecidas.

La Guerra de la Independencia supuso una transformación importantísima para España. Por un lado, la experiencia de la invasión extranjera sacó a la luz el importante sustrato de identidad común que habían dejado tres siglos de unidad bajo la Monarquía: la idea de una nación española que luchaba por su independencia surgía por primera vez, y constituiría la base para la construcción de un Estado nacional en el siglo XIX (paradójicamente inspirado en el modelo de Francia). Por otro lado, a pesar de las adversas condiciones de la guerra, los resistentes consiguieron reunir en la asediada ciudad de Cádiz unas Cortes representativas de todos los reinos y provincias de España, que actuaron expresamente en nombre de la Nación. Aquellas Cortes realizaron una intensa labor legislativa de desmontaje del Antiguo Régimen, inspirada por el mismo ideario liberal que habían sustentado los revolucionarios franceses de 1789. Entre la obra de las Cortes destaca la Constitución de Cádiz (1812), un texto liberal en el que se definía un Estado nacional con régimen de monarquía parlamentaria y amplio reconocimiento de los derechos y libertades de los ciudadanos. Esta Constitución sería un referente simbólico para todo el liberalismo español posterior, e incluso un modelo para algunos revolucionarios europeos de la época (como los decembristas rusos o los carbonarios italianos).

Ésta permaneció vigente tres años, durante los cuales Fernando VII obstaculizó cuanto pudo el funcionamiento del sistema parlamentario y la labor de reforma, hasta que en 1823 fue «rescatado» por una nueva invasión francesa de carácter reaccionario (los Cien mil hijos de San Luis).

Durante el reinado de Fernando VII (1814-1833) se produjo otro fenómeno trascendental para España, como fue la pérdida de la mayor parte de sus colonias americanas. La presencia española en América se había reafirmado en el siglo XVIII con las reformas tendentes a racionalizar la administración, e incluso se había extendido hacia nuevas zonas de colonización (con la creación de los virreinatos del Río de la Plata y Nueva Granada). Pero, al mismo tiempo, los españoles habían tenido que suavizar el monopolio comercial, abriendo América al libre comercio con otros puertos de la península y, parcialmente, con otros países europeos (por una sucesión de medidas dictadas entre 1713 y 1797); esto no era sino reconocer la realidad de que el contrabando había crecido hasta proporciones desmesuradas y que la metrópoli no tenía los medios para seguir exigiendo un monopolio estricto. El desarrollo económico y cultural de las ciudades americanas había dado lugar al surgimiento de una burguesía criolla, descendiente de españoles, pero celosa de sus intereses y dispuesta a emprender el camino de la independencia que le mostraban los Estados Unidos de Norteamérica (emancipados de Gran Bretaña en 1776).

Independencias	Primeros conflictos

La invasión francesa de España fue el detonante para que estallaran rebeliones independentistas por toda Hispanoamérica, aprovechando el vacío de poder en la metrópoli. La lucha por la independencia se desarrolló por separado en cada colonia, a partir de la insurrección de juntas locales en 1809-1810. Aunque las fuerzas realistas (españolas) recuperaron la iniciativa y el control una vez restablecido en el Trono Fernando VII, desde 1817 la rebelión se intensificó y los españoles fueron gradualmente batidos mediante un doble avance militar de Bolívar (desde Venezuela) y de San Martín (desde el Río de la Plata) hacia el último bastión de los españoles en Perú, donde se produjo la batalla de Ayacucho (1824). España perdía así la mayor parte de su imperio (limitado desde entonces a las islas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas). En los años siguientes, España iría reconociendo a las nuevas repúblicas independientes, cuya configuración territorial reflejaba paradójicamente la división administrativa de la Hispanoamérica colonial.

La modernización política también resultó problemática. Al morir Fernando VII dejó como heredera a su hija Isabel, de tres años de edad, abriendo la perspectiva de una larga regencia de la reina viuda, María Cristina de Borbón. La novedad de legitimar la sucesión femenina, introducida a la vista de las circunstancias por el propio Fernando VII, un año antes de su muerte, no fue aceptada por los más conservadores, que, aglutinados entorno al hermano de Fernando, don Carlos, rechazaron la legitimidad de la reina Isabel y se alzaron en armas en defensa de la causa carlista. María Cristina se vio obligada a buscar ayuda entre la oposición liberal, a la que pidió que apoyara el Trono de su hija a cambio de introducir reformas políticas significativas, que transformaran a España en una monarquía constitucional. La cuestión dinástica dio lugar a una guerra civil (la Primera Guerra Carlista, de 1833 a 1840), que enfrentó a los partidarios del absolutismo (agrupados en el bando carlista) y los del liberalismo (agrupados en el bando que se llamó isabelino, cristino o constitucional).

• Los progresistas (herederos del liberalismo genuino, y defensores de las libertades individuales y el poder del Parlamento según el modelo británico)

• Y los moderados (de tendencia más conservadora y monárquica, celosos del orden y admiradores del modelo francés). Lejos de constituir las dos piernas con las que caminaría un régimen constitucional establecido por consenso, los dos partidos mantuvieron distintas concepciones del Estado y dirimieron frecuentemente sus diferencias por la fuerza. María Cristina primero (1833-1843) e Isabel II después (1843-1868) no comprendieron que en una monarquía constitucional les correspondía desempeñar un papel meramente arbitral, y quisieron conservar el control último del poder que habían heredado.

Dadas sus preferencias ideológicas, tendieron a llamar a gobernar sólo a los dirigentes moderados, que monopolizarían el poder manipulando las elecciones y utilizando las posibilidades represivas de la fuerza pública y la censura de prensa. Los progresistas, en consecuencia, se vieron abocados a usar la fuerza como única manera de acceder al poder: organizaron rebeliones populares urbanas y, sobre todo, pronunciamientos, es decir, insurrecciones de unidades militares que pretendían variar la situación política con el simple hecho de «pronunciarse» sus jefes a favor de una determinada opción, amenazando con usar la fuerza para imponerla. Este mecanismo dio un protagonismo político inusitado al ejército, pues eran sus jefes quienes acababan dirimiendo los conflictos políticos; los progresistas se hicieron con un «caudillo» militar como el general Espartero –que les llevó varias veces al poder –y los moderados respondieron buscándose su propio «espadón», que fue el general Narváez; cuando en los años cincuenta apareció un tercer partido de tendencia centrista, la Unión Liberal, surgió aglutinado en torno a un tercer general, O’Donnell.

El primer texto (apenas una carta otorgada regulando la convocatoria de Cortes) fue el Estatuto Real de 1834, inspirado por los moderados; los progresistas lo consideraron insuficiente y, sabedores de que volver a la Constitución de 1812 despertaría muchos recelos, intentaron plasmar un texto de compromiso en la Constitución de 1837; los moderados no la aceptaron y, a su vez, promulgaron la Constitución de 1845; los progresistas elaboraron un texto para sustituirla que nunca se llegó a promulgar (la Constitución nonata de 1856). Eran los comienzos del constitucionalismo español, desgraciadamente viciado por la falta de convicciones liberales, que alejaba la práctica política de la definición ideal del régimen en las leyes; pero es indudable que durante esa época fue arraigando en España la práctica del parlamentarismo, que muy pocos ponían en entredicho; y, a la postre, tales prácticas crearon una tradición liberal y una cultura política de respeto a las elecciones, a la libre discusión de los asuntos públicos, a la argumentación y al pacto que constituyen la esencia de todo régimen parlamentario. Y ese es el gran legado del siglo XIX español, que finalmente el XX ha sabido reconocer y profundizar con la consolidación de la democracia.

• A pesar de la desdichada falta de consenso constitucional, la época de Isabel II fue rica en realizaciones. En los breves periodos en los que gobernaron los progresistas, ministros como Mendizábal y Madoz impulsaron la nacionalización y venta de los bienes de la Iglesia (desamortización), medida de gran poder simbólico, que se consideraba esencial para dar el paso a una economía de libre mercado. La desamortización sirvió para sanear la Hacienda del Estado, financiar la guerra contra los carlistas, privar de sus bases materiales al clero regular que había venido sustentando la causa de la reacción, dinamizar la agricultura, facilitar el acceso a la propiedad de las clases medias emprendedoras y con recursos, y por esa vía constituir un grupo de nuevos propietarios cuyos intereses quedaran ligados a la pervivencia del régimen constitucional.

• Los moderados, que gozaron de mayor estabilidad en el poder, fueron los verdaderos constructores de la Administración española contemporánea (inspirada en la francesa), a la que dotaron de bases financieras sólidas y de instrumentos eficaces para el ejercicio de la autoridad (como la Guardia Civil, creada en 1844).

• La Unión Liberal, que dispuso de un largo periodo de gobierno en la última parte del reinado, recuperó para España una política exterior de prestigio, tendente a convertirla de nuevo en una potencia colonial: hizo sentir la influencia española en Marruecos (Guerra de África de 1859-1860), Indochina (intervención hispanofrancesa de 1858-1862), México (donde España intervino junto a Francia e Inglaterra en 1861), Santo Domingo (reincorporada voluntariamente al Imperio colonial español en 1861-1865), Perú y Chile (Guerra del Pacífico de 1865-1868).

Finalmente, la reina Isabel fue destronada en 1868 por una coalición revolucionaria de progresistas, demócratas y unionistas, que la acusaban de no haber aceptado lealmente las limitaciones constitucionales de su cargo. Se iniciaba así el Sexenio revolucionario (1868-1874).

• Por un lado, la sublevación independentista de los colonos cubanos, que recelaban de las reformas del sexenio y muy especialmente de la posibilidad de que se aboliera la esclavitud (Guerra de los diez años, iniciada en 1868);

• Por otro lado, los carlistas volvieron a alzarse en armas contra el Estado (como ya habían intentado en 1846 y 1860), aprovechando la pérdida de legitimidad que suponía el cambio de dinastía primero y la abolición de la monarquía después (Segunda Guerra Carlista, de 1872 a 1876).

• Por último, una interpretación radical de los principios democráticos y federalistas llevó a que algunas ciudades se proclamaran cantones independientes como punto de partida para una ulterior federación de comunidades soberanas desde la base (Insurrección cantonal de 1873-1874). Ante tantos y tan graves problemas, la República no consiguió estabilizarse:

Cuatro presidentes se sucedieron al frente del Poder Ejecutivo (Figueras, Pi y Margall, Salmerón y Castelar) y el proyecto constitucional nunca llegó a promulgarse.