Dictadura y democracia en la España del siglo XX

Como en otros países de Europa, las críticas a los regímenes liberales acabaron desacreditando a la democracia y el parlamentarismo, y avalando opciones políticas de corte autoritario en el periodo de entreguerras (1918-1939). En España esa evolución está representada por la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930). Se habían acumulado una serie de problemas especialmente preocupantes para las clases acomodadas conservadoras: por un lado, el auge del movimiento obrero y de la conflictividad social había provocado una espiral de violencia, especialmente en Barcelona, entre el terrorismo anarquista de un lado y los excesos de la represión gubernamental y patronal de otro, que parecía imparable; por otro, los regionalismos (y especialmente el nacionalismo catalán) seguían ganando adeptos e influencia política, amenazando la idea misma de la unidad de España; la aventura colonial en Marruecos, enormemente impopular y costosa, seguía produciendo tropiezos y derrotas humillantes, como el desastre de Annual (1921), que ponían en evidencia la debilidad militar, política y diplomática de España; y la clase política de la Restauración parecía incapaz de enmendar la situación, enfrascada en querellas partidistas y luchas de poder.

Miguel Primo de Rivera, Capitán General de Cataluña, representaba a muchos conservadores españoles que no estaban dispuestos a permitir que los retos planteados condujeran a una salida democrática, en la que se reconocieran la autonomía regional (parcialmente concedida ya a Cataluña con la Mancomunidad de 1914), la libertad sindical, la sinceridad electoral (que llenaría el Parlamento de socialistas, regionalistas y republicanos), la separación entre la Iglesia y el Estado, y la exigencia de responsabilidades por los errores cometidos en la Guerra de Marruecos (cuestiones todas ellas que parecía dispuesta a abordar la coalición liberal-democrática que había ganado las elecciones en 1923). Su golpe de Estado puso fin a aquella evolución, pues el rey aceptó dejar la Constitución en suspenso, disolver las dos cámaras del Parlamento y nombrar a Primo de Rivera primer ministro (como había hecho el rey de Italia con Mussolini un año antes).

En los primeros años de la dictadura de Primo de Rivera, ésta resolvió algunos de los grandes retos que tenía planteados: ilegalizó y persiguió a las organizaciones anarquistas, acabando por esa vía represiva con la «amenaza» del movimiento obrero barcelonés; anuló la Mancomunidad de Cataluña y puso freno a las expresiones regionalistas mediante el control de la prensa; y, sobre todo, completó la ocupación militar de Marruecos y la derrota del líder rebelde Abd-el-Krim, mediante una operación combinada con Marruecos que se inició con el Desembarco de Alhucemas (1925). Pero, animado por estos éxitos, el dictador pensó en institucionalizar su dictadura (que se había presentado inicialmente como un recurso transitorio), creando un partido propio (la Unión Patriótica) y reuniendo una Asamblea Consultiva que elaborara un proyecto de Constitución autoritaria. Esta voluntad de perpetuarse provocó la reacción de amplias capas de la población que antes le habían apoyado o se habían mostrado indiferentes; y Primo de Rivera hubo de dimitir, al faltarle incluso la confianza de sus compañeros de armas y del propio Alfonso XIII.

Tras la caída de Primo de Rivera en 1930, la opinión democrática y republicana se adueñó de la calle. El dictador había arrastrado con su descrédito al monarca, cuya connivencia con el golpe parecía evidente. Varias combinaciones ministeriales intentaron volver a la «normalidad» constitucional, pero las elecciones municipales, celebradas en 1931 a modo de sondeo, demostraron que la opinión republicana estaba amplísimamente extendida. Ante aquella situación, Alfonso XIII prefirió abandonar el trono y el país para evitar una confrontación, y las masas populares proclamaron de manera espontánea y entusiasta la República.

La Segunda República española hubo de enfrentarse a muchos y muy graves problemas, en un contexto de crisis económica internacional iniciado en 1929. Sabedores de que los grupos dominantes tradicionales se opondrían con todas sus fuerzas a la consolidación de la democracia, los líderes republicanos moderados de clase media (cuyo más destacado representante era el intelectual Manuel Azaña, jefe del Gobierno) optaron por buscar la alianza con las clases populares, únicas de donde podía provenir el apoyo que necesitaba el nuevo régimen; pero ello exigía adoptar una política social avanzada y satisfacer desde el Estado demandas costosas o incluso imposibles. El entusiasmo inicial marcó todo el primer bienio republicano bajo gobierno de la izquierda (1931-1933), momento en el que se definió el régimen y salieron a la luz la multitud de demandas insatisfechas de todo tipo que se habían acumulado no ya en los años anteriores, sino incluso en siglos.

Se elaboró y promulgó una Constitución democrática con tintes sociales, parecida en algunos aspectos a la Constitución de la República alemana de Weimar (1919); pero no fue una Constitución de consenso, sino un texto impuesto por la mayoría de izquierdas que ganó las elecciones de 1931. La Constitución abría la posibilidad de una descentralización política, otorgando estatutos de autonomía a las regiones que lo solicitaran; y, efectivamente, Cataluña logró el ansiado Estatuto de Autonomía en 1932, eligió un Parlamento autónomo y un Gobierno propio (la Generalitat). El Gobierno ordenó también realizar una reforma agraria, tendente a facilitar la división de los latifundios y el acceso a la propiedad de los jornaleros pobres; no obstante, la aplicación práctica de la reforma fue muy dificultosa y no respondió a las expectativas. Los sindicatos obreros vieron reconocida y alentada su función social desde el Estado, que se reflejó en un crecimiento espectacular del número de afiliados. Un asunto especialmente delicado fue el de la separación entre la Iglesia y el Estado, irrenunciable para la opinión anticlerical que predominaba entre republicanos y socialistas, tanto más cuanto que elevados jerarcas de la Iglesia negaban en público la legitimidad del nuevo régimen y clamaban por la vuelta de la monarquía; pero se llevó a cabo con cierta intransigencia, sin considerar que medidas como la disolución de la Compañía de Jesús y la incautación de sus bienes ofendían los sentimientos de los amplios sectores católicos del país. Las relaciones con el ejército (que Azaña intentó modernizar y profesionalizar) y el orden público constituyeron otros tantos motivos de preocupación; el entusiasmo republicano de los primeros momentos dio lugar a excesos como la quema de conventos, que el Gobierno no pudo o no supo atajar; y aquel entusiasmo se fue enfriando a medida que afloraban las demandas insatisfechas, los conflictos sociales y la pervivencia de los excesos represivos entre las fuerzas de orden público.

El Gobierno de Azaña no fue capaz de satisfacer las demandas de todos los sectores que habían puesto sus esperanzas en la República, en un contexto de estrechez económica y graves tensiones políticas y sociales. La consiguiente decepción provocó su derrota en las elecciones de 1933, que dieron el triunfo a la derecha. Las recientes experiencias europeas de acceso del fascismo al poder (en Alemania y Austria) hicieron temer a la izquierda española que el triunfo de la derecha significara también aquí el fin irreversible de la democracia; y, para adelantarse a los acontecimientos, lanzaron una Revolución armada en 1934; ésta, mal preparada y con escaso apoyo (excepto en Asturias) fue fácilmente desbaratada por el Gobierno, que castigó severamente a los implicados y suspendió el autogobierno de Cataluña. Con la izquierda y los regionalistas derrotados y desacreditados, el nuevo Gobierno detuvo muchas de las medidas reformistas del bienio anterior y rectificó la orientación izquierdista de la política republicana.

La opinión española se politizó intensamente durante los años de la Segunda República, en los que aumentó la participación, el debate público, la movilización y la afiliación a partidos y sindicatos; a la altura de 1936 esa opinión estaba polarizada en un bloque de derechas y otro de izquierdas, que se enfrentaron en las elecciones con una apretada victoria de este último. El triunfo electoral del Frente Popular devolvió el poder a Azaña, que pasó a ser presidente de la República, retomando el programa reformador del primer bienio; pero dos meses más tarde un golpe de Estado militar interrumpió la vida normal de la joven democracia española.

A pesar de su inestabilidad y sus tensiones, a pesar de la distancia entre los proyectos y las realizaciones, a pesar de su falta de consenso y de su trágico final, la Segunda República fue la primera experiencia democrática de España y, junto con el modelo de monarquía parlamentaria heredado del constitucionalismo del siglo XIX, aquel Estado de derecho social, democrático y descentralizado, completó los precedentes históricos sobre los que se ha edificado la actual democracia española. Fue un aprendizaje de la democracia, aprendizaje doloroso y en parte fallido, al que le faltaría la «asignatura pendiente» de la concordia y el consenso constitucional, pero aprendizaje al fin y al cabo.

Como otras épocas conflictivas de nuestra historia, también el periodo republicano fue prolífico desde el punto de vista cultural, culminando un periodo iniciado con el cambio de siglo, que ha sido bautizado como la «edad de plata» de la cultura española:

El golpe de Estado del 17 y 18 de julio de 1936 interrumpió trágicamente aquella «edad de plata». El golpe fracasó en las principales ciudades, por la acción combinada de las instituciones y la resistencia popular.

Pero el fracaso no condujo a los sublevados a deponer su actitud, sino que fue el inicio de una larga guerra de tres años (1936-1939), que habría de dejar a España exhausta, dividida y arrasada. La Guerra Civil Española constituyó un ensayo general de la Segunda Guerra Mundial que tendría lugar poco después, pues la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini apoyaron firmemente a los militares sublevados con hombres y armamento, poniendo a prueba tácticas y armas que después emplearían en otros escenarios. Por su parte la República no contó con más ayuda firme que la de la Unión Soviética, que hipotecaba la independencia política del Gobierno legítimo; los Gobiernos de las potencias democráticas occidentales, temerosos de provocar a Hitler y de ayudar a un Gobierno apoyado por comunistas, se limitaron a observar una política de no-intervención; el apoyo occidental tuvo que venir del pueblo llano, con la formación de las Brigadas Internacionales, unidades de voluntarios de inspiración fundamentalmente comunista, que vinieron a combatir a España en defensa de sus ideales.

El estallido de la guerra creó en el bando republicano una situación revolucionaria, pues las organizaciones obreras, que se movilizaron en defensa de la República, exigieron a cambio una profundización de las reformas sociales. Durante toda la guerra, la España republicana se debatió entre la prioridad de ganar la guerra (como pretendían el Gobierno, los republicanos y los comunistas) y la de hacer la revolución (como pretendían algunas organizaciones radicales y, principalmente, los anarquistas, que pusieron en marcha un proceso de colectivizaciones); este debate debilitó al bando republicano y enfrentó a sus partidarios, que incluso llegaron a luchar entre sí en Barcelona en mayo de 1937. En todo caso, en el bando de los sublevados –que se denominaron a sí mismos nacionales– la retaguardia no causó tantos problemas y se impuso una unidad política que facilitó la victoria. El golpe había sido concebido para dar un giro moderador a la política republicana; pero la prolongación de la contienda y la desaparición de algunos de los protagonistas de la conspiración, hizo que todo el poder recayera en el general Francisco Franco y que éste no aceptara otra salida que la rendición incondicional del Gobierno republicano.

Franco dirigía el ejército colonial español en Marruecos, que era el más efectivo del momento; consiguió trasladarlo muy pronto a la península y avanzar con él sobre Madrid. Pero la ciudad ofreció una inesperada resistencia (animada por el grito popular de ¡No pasarán!), y, en todo caso, el Gobierno republicano tuvo la precaución de refugiarse lejos del frente, primero en Valencia y luego en Barcelona (que fueron temporalmente capitales de la España republicana). Franco dio prioridad entonces a otros objetivos, como la conquista de la franja de territorio republicano del norte (entre Asturias y Guipúzcoa), la separación de Cataluña del resto del territorio republicano y, por fin, la conquista de Cataluña. Tras esto, y perdidas las esperanzas de que se llegara a una paz negociada o de que estallara una contienda general europea entre fascismos y democracias que subsumiera el conflicto español (como pretendía el jefe del Gobierno republicano, Juan Negrín), un golpe de Estado interno hizo que los republicanos abandonaran la resistencia y Franco implantó su dictadura en toda España.

La guerra había sido una tragedia para España en todos los órdenes: las pérdidas humanas fueron de cerca de 650.000 muertos, de los que muchos cayeron en represalias y ejecuciones en la retaguardia; la economía se vino abajo, retrocediendo lo avanzado en los decenios anteriores; la vida social y cultural quedó interrumpida, dividiéndose los pueblos y hasta las familias en bandos irreconciliables; y la posguerra no hizo sino prolongar estos sufrimientos, con la durísima represión que impusieron los vencedores, el hambre, la privación total de libertades, el empobrecimiento de la vida cultural y la necesidad en que se vieron muchos españoles (quizá 300.000, incluidos muchos intelectuales de primera fila) de partir al exilio para salvar la vida o para poder desarrollar su trabajo en libertad; otros no pudieron hacerlo y lo pagaron con penas de cárcel (unos 270.000), trabajos forzados, depuraciones ideológicas o incluso la muerte (entre 50.000 y 200.000). Sólo un pequeño número de antifranquistas (los maquis) optaron por prolongar la lucha, resistiendo como guerrilleros en zonas donde el relieve lo permitía hasta los años cincuenta.

La dictadura de Franco (1939-1975) está llena de paradojas. Fue un régimen autoritario y personalista, sin más ideología que la inspiración católica, militar y conservadora de su jefe indiscutible; pero demostró capacidad para adaptarse a las circunstancias y sobrevivir hasta la muerte del propio Franco. Empezó siendo un régimen de tendencia fascista, aliado de la Alemania nazi y de la Italia mussoliniana, que gobernaba España con mano de hierro por «derecho de conquista» y perseguía cruelmente a los vencidos de la Guerra Civil. Pero la derrota del Eje en la Segunda Guerra Mundial llevó a Franco a evolucionar en un sentido más pragmático, abandonando el discurso y la simbología fascista para conseguir que los aliados no le apartaran del poder; hizo valer su probado anticomunismo y, en el contexto de la guerra fría, los Estados Unidos acabaron aceptándolo como un aliado en los años cincuenta (época de los acuerdos bilaterales que permitieron el establecimiento de bases militares norteamericanas en España). Ello obligó al régimen a cambiar de estilo en un sentido tecnocrático, dejando que la inspiración ideológica viniera más de los católicos que del partido filofascista Falange Española; y el cambio se tradujo en el paso de la economía autárquica y nacionalista de la posguerra a una liberalización que, desde el Plan de Estabilización de 1959, permitió recuperar la senda del crecimiento económico.

El crecimiento de la industria y del turismo en los años sesenta terminó de transformar a España en un país capitalista, la décima potencia industrial del mundo al final de la década. Estos cambios económicos, que culminaban un largo proceso de desarrollo, produjeron cambios sociales trascendentales: la población pasó a vivir mayoritariamente en las ciudades, adquirió mayor formación y se alejó de los tópicos ideológicos procedentes de la Guerra Civil. Las generaciones jóvenes empezaron a manifestar intensamente sus ansias de libertad y democracia, participando en movimientos de protesta contra la dictadura, que se intensificaron en los primeros años setenta y fueron el origen de las fuerzas políticas que protagonizaron la transición posterior.

A pesar de la inspiración monárquica de muchos de sus partidarios, Franco no utilizó su victoria en la guerra para restablecer la monarquía en España. Mantuvo conversaciones con el hijo de Alfonso XIII, don Juan de Borbón, pero las diferencias entre ambos fueron insuperables, y Franco no aceptó que éste se convirtiera en rey. Proclamó que España era un reino, pero conservó para sí mismo la jefatura del Estado, en espera de designar a quien hubiera de ceñir la Corona. Se ocupó personalmente de la educación del príncipe Juan Carlos –hijo de don Juan– y finalmente, en 1969, le proclamó su heredero. Así pues, al morir Franco en 1975, el príncipe fue proclamado rey con el nombre de Juan Carlos I.

El nuevo monarca confió la dirección del Estado a un equipo de jóvenes reformistas, encabezado por Adolfo Suárez, que le ayudaron a preparar una transición pacífica de la dictadura a la democracia. Esta solución inédita venía exigida por la madurez y pluralidad de la sociedad española, que difícilmente aceptaría la perpetuación de un régimen dictatorial anacrónico en la Europa del momento (las últimas dictaduras de Europa occidental habían caído en 1973 –Grecia– y 1974 –Portugal, con la Revolución de los Claveles–). Pero la Transición era una verdadera reconciliación nacional, que exigía renuncias parciales por parte de todos: planteada como una evolución legal desde las instituciones vigentes, la transición era incompatible con el revanchismo o con la exigencia de responsabilidades a quienes habían sostenido la dictadura; pero, a cambio, debía partir de una generosa amnistía y conducir a una democracia plena, en la que sin duda el voto popular impondría políticas sociales y territoriales poco gratas para los nostálgicos del franquismo. Así fue: desde que el pueblo español avaló el inició de la transición política mediante un referéndum celebrado en 1977, todos los partidos hicieron renuncias en nombre del consenso (olvidándose, por ejemplo, los socialistas y comunistas, del ideal republicano), y esto permitió elaborar un texto constitucional democrático, que fue aprobado por una amplísima mayoría de los españoles en un nuevo referéndum en 1978.

La Transición transformó a España en un país moderno en todos los terrenos: se garantizaron ampliamente las libertades y se estableció un sistema parlamentario pluripartidista; partidos y sindicatos vieron reconocida su función social; y el Estado se descentralizó ampliamente, abriendo la puerta a la formación de comunidades autónomas en todas las regiones españolas. Estos cambios fueron objeto de un amplio consenso, demostrando hasta qué punto los españoles habían superado las heridas de la Guerra Civil y eran capaces de mirar hacia el futuro más que hacia el pasado. Éste es, sin duda, el legado fundamental de la transición iniciada en 1977: España ya había tenido otras constituciones, ya tenía un largo pasado de vida parlamentaria e incluso una experiencia democrática anterior; pero era la primera vez que los cambios se hacían de común acuerdo, dialogando y pactando para establecer el consenso social más amplio posible, sin que una parte de los españoles impusiera a otra sus particulares puntos de vista. En ese clima de consenso y en el carácter pacífico de la transición a la democracia reside la «lección» que la España actual ha dado al mundo, despertando el interés de políticos y analistas de muchos otros países que, en Iberoamérica o en la Europa oriental excomunista, han buscado el mejor modo de realizar sus propias transiciones de la dictadura a la libertad.

La monarquía de Don Juan Carlos, que había traído la democracia, recibió una amplia adhesión popular, aumentada por la discreción del monarca en el ejercicio de su función constitucional y por su valiente defensa de la democracia frente al último intento de golpe de Estado militar, que se produjo el 23 de febrero de 1981. La derecha hizo una aceptación plena de las reglas del juego democráticas bajo el liderazgo de Manuel Fraga, antiguo ministro de Franco y fundador de Alianza Popular; el Partido Comunista de España, encabezado por un antiguo dirigente de la España republicana, largamente exiliado en la Unión Soviética –Santiago Carrillo– participó en la elaboración de la Constitución y aceptó también el juego de las instituciones democráticas; pero el electorado, para sorpresa de muchos, se decantó por opciones más moderadas que estas dos, situando como primeras fuerzas del Parlamento a la Unión de Centro Democrático (UCD, el partido centrista fundado por Suárez para apoyar la transición) y el PSOE (el histórico partido socialista, en el que una joven generación, encabezada por Felipe González, acababa de desplazar de la dirección al grupo del exilio que se aferraba al recuerdo de la Guerra Civil).

La homologación de España con el resto de Europa occidental facilitó su ingreso en las organizaciones internacionales occidentales: la adhesión a la OTAN (1981) fue polémica por la frontal oposición socialista, pero quedó ratificada en referéndum popular en 1986; en cambio el ingreso en la Comunidad Económica Europea (en 1985) se hizo con un consenso amplísimo, pues respondía a una aspiración muy antigua y profunda de los españoles.

La España actual

Uno de los fenómenos más significativos de la configuración actual de España es su organización en Comunidades Autónomas, fenómeno esencialmente político, pero cuyas consecuencias han transformado profundamente aspectos de la Administración, la economía, la cultura y la vida cotidiana de la sociedad española. El Estado de las Autonomías, contemplado en el título VIII de la Constitución, se ha ido construyendo gradualmente durante los gobiernos de UCD, del PSOE y del PP. Pensado inicialmente para satisfacer las demandas de autonomía de unas pocas regiones o nacionalidades «históricas» (fundamentalmente Cataluña, el País Vasco y Galicia), este régimen autonómico se extendió a otras regiones cuyos ciudadanos deseaban también disponer de una Administración propia, más cercana a sus problemas.

Entre 1979 y 1983, todas las regiones españolas se constituyeron en Comunidades Autónomas, completándose el mapa en 1995 con la aprobación de los estatutos especiales de Ceuta y Melilla. La elaboración de los 19 estatutos de autonomía se hizo mediante incesantes conversaciones y negociaciones políticas; el mismo espíritu de consenso llevó a los pactos entre los dos partidos mayoritarios en 1981 (entre la UCD y el PSOE) y 1992 (entre el PSOE y el PP), por los que se armonizó el proceso autonómico para evitar agravios comparativos y orientar el conjunto hacia una homogeneización final de las autonomías.

La profundización del autogobierno de las nacionalidades históricas ha otorgado un gran protagonismo en sus instituciones a los partidos nacionalistas de ámbito regional, que han aceptado responsabilidades de gobierno y se han orientado, en general, en un sentido moderado y constructivo. En Cataluña, la restauración de la Generalitat (Gobierno catalán) y los primeros pasos hacia la autonomía se dieron bajo la presidencia provisional de Josep Tarradellas, miembro del partido republicano Esquerra Republicana de Catalunya y presidente del Gobierno catalán en el exilio, enlazando de este modo con las raíces históricas de las aspiraciones catalanistas. Pero, una vez aprobado el Estatuto (1979),

Las primeras elecciones dieron el triunfo a Jordi Pujol, líder de la coalición conservadora Convergencia i Uniò (1980). Con una verdadera visión de Estado, Pujol no se limitó a trabajar por el reconocimiento y profundización de la autonomía catalana y por la recuperación de sus señas de identidad, sino que hizo valer el peso de Cataluña en el conjunto de España, aportando un elemento de estabilidad y de moderación al Gobierno central. Los electores han reconocido su labor, otorgando a Convergencia i Uniò la mayoría necesaria para gobernar en Cataluña durante más de diecinueve años. El partido de Pujol ha apoyado en las Cortes a los diferentes partidos mayoritarios que se han sucedido al frente del Gobierno español, en nombre de la gobernabilidad del Estado y de un cierto sentido de la responsabilidad, obteniendo a cambio ventajas concretas para Cataluña.

En el País Vasco (cuyo Estatuto se aprobó también en 1979), la situación política se hizo más compleja desde que el histórico Partido Nacionalista Vasco se escindió en 1984: el primer lehendakari o presidente del Gobierno autónomo vasco –Carlos Garaicoechea– se separó del PNV, creando su propia formación, Eusko Alkartasuna, también de carácter nacionalista. No obstante, el PNV ha seguido siendo el grupo más votado en las elecciones autonómicas vascas y, como tal, ha conservado la Presidencia del Gobierno autónomo, en coalición con otros grupos (a Garaicochea le sucedió José Antonio Ardanza en 1985, y a éste Juan José Ibarretxe en 1999). En todo caso, la situación política del País Vasco se ha visto enrarecida desde los comienzos de la transición por la actividad terrorista de ETA; sus sangrientos atentados han golpeado con fuerza a la sociedad vasca, contribuyendo a difundir en ella un clima de violencia inexistente en el resto de España. En las demás Comunidades Autónomas, han ido surgiendo movimientos nacionalistas y regionalistas, pero no han tenido un peso predominante en los resultados electorales, quedando generalmente sus Gobiernos regionales en manos de partidos de ámbito nacional.

La transición fue dirigida por la UCD, en la que Suárez había aglutinando a sectores reformistas de la administración franquista y a personalidades independientes de ideología liberal, socialdemócrata o democristiana. Gobernar en una época tan conflictiva (con constantes amenazas de golpe de Estado involucionista, una conflictividad social agudizada por la crisis económica de los setenta, y un recrudecimiento de la actividad terrorista de ETA) provocó un fuerte desgaste político tanto a Suárez (que dimitió en 1981, dejando el Gobierno a Leopoldo Calvo Sotelo) como a su partido. Cumplida su labor, la UCD se disgregó y perdió las elecciones de 1982, en las que triunfó ampliamente el PSOE.

El partido socialista que accedía al poder bajo la dirección de Felipe González se había transformado en una formación socialdemócrata moderada y reformista, abandonando la tradicional definición ideológica marxista. Avalado por sucesivas victorias electorales, gobernó hasta 1996, realizando una amplia labor de modernización del país. La notable estabilidad política de este periodo permitió recuperar retrasos históricos en terrenos como la educación, la sanidad, la fiscalidad, la profesionalización del ejército, la reconversión de la industria, la construcción de infraestructuras, la extensión de los servicios sociales... Y esta España moderna y dinámica, capaz de integrarse en la Unión Europea (1986) y de ejercer con eficacia y creatividad sus presidencias de turno de la Unión (1989 y 1995), mostró su nueva imagen al mundo con la organización de la Exposición Universal de Sevilla, la Capitalidad Cultural Europea de Madrid y los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. Roto el aislamiento de la época franquista, España volvió a la escena internacional como agente de paz y de concordia, impulsando las Cumbres Iberoamericanas (desde 1991), participando en las fuerzas de paz de las Naciones Unidas en África, los Balcanes y Centroamérica, albergando conversaciones entre Israel y los países árabes (Conferencia de Madrid, 1991), multiplicando la ayuda a los países en desarrollo (Cooperación Española), llevando la actividad de sus técnicos y empresarios a competir en mercados alejados (con fuertes inversiones en Iberoamérica), multiplicando la presencia de la lengua y la cultura española en el mundo (mediante el Instituto Cervantes, creado en 1991)... No obstante, algunos problemas se resistieron: el paro continuó creciendo a pesar de la buena marcha de la economía; el déficit público seguía siendo importante, a pesar de los esfuerzos por controlarlo; la construcción del Estado de las Autonomías ha sido fuente de tensiones y desajustes, sin que las propuestas de reforma institucional hallaran el consenso necesario; y el terrorismo de ETA siguió sacudiendo al Estado y a la sociedad española con sangrientos atentados que, de hecho, se incrementaron en los últimos años de gobierno del PSOE: atentados contra personalidades prestigiosas y respetadas (como el abogado socialista vasco Fernando Mújica o el jurista y catedrático Francisco Tomás y Valiente) y, especialmente, contra miembros del Partido Popular (como su dirigente en el País Vasco, Gregorio Ordóñez, e incluso el propio lider de la oposición y hoy Presidente del Gobierno, José María Aznar, que fue objeto de un atentado fallido en 1995).

El cansancio de los electores tras este largo periodo de gobierno socialista fue erosionando las mayorías de las que gozaba el PSOE, y se convirtió en rechazo cuando empezaron a conocerse graves casos de corrupción y de «guerra sucia» en las filas de la administración socialista.

El relevo político habría de recogerlo el Partido Popular (PP), partido refundado en 1989 en torno al liderazgo de José María Aznar y a un ideario liberal y demócrata-cristiano y orientado hacia el centro reformista.

Sus resultados electorales positivos en consultas municipales, autonómicas y europeas en 1995 culminaron con la victoria en las elecciones generales de 1996, que llevó a Aznar a la Presidencia del Gobierno. La consiguiente derrota de los socialistas produjo la renuncia de Felipe González, sustituido como secretario general del PSOE por Joaquín Almunia (1997).

Desde su investidura como presidente, José María Aznar contó con el apoyo de los grupos nacionalistas moderados de Cataluña (Convergencia i Uniò), País Vasco (PNV) y Canarias (Coalición Canaria).

Sustentado por esta mayoría parlamentaria, el Partido Popular ha desarrollado una labor legislativa y de gobierno caracterizada por la moderación y la búsqueda de la eficacia, respetando las realizaciones del periodo anterior, y manteniendo el consenso básico en torno a temas como la integración de España en Europa o la lucha antiterrorista.

Y esta tendencia al consenso político se ha reflejado en un clima social de sosiego y de diálogo. La lucha contra el terrorismo, jalonada por éxitos policiales y por nuevos atentados, tuvo un punto de inflexión en 1997, cuando ETA asesinó a varios concejales populares en el País Vasco y sobre todo cuando secuestró y asesinó a Miguel Ángel Blanco, un joven concejal popular de la pequeña localidad de Ermua (Guipúzcoa); la firmeza del Gobierno al rechazar las exigencias de la organización terrorista como un inaceptable chantaje al Estado, fue avalada por una movilización espontánea de la ciudadanía, que tanto en el País Vasco como en el resto de España, se echó a la calle para manifestar pacíficamente su indignación ante la crueldad de los métodos de ETA. La movilización popular contra el terrorismo se había venido manifestando públicamente desde años atrás, incrementándose de manera espectacular con las campañas por la liberación de las personas secuestradas por la organización desde 1993. El asesinato a sangre fría de Miguel Ángel Blanco fue «la gota que colmó el vaso», y conmovió a personas de toda condición e ideología. El llamado espíritu de Ermua, que presidió aquella reacción cívica, unido al cerco policial y judicial al que ETA estaba sometida, llevó a la organización a plantearse la posibilidad de abandonar las armas, proclamando en septiembre de 1998 una «tregua» unilateral y abriendo conversaciones con diversos grupos políticos. Durante más de un año, han cesado los asesinatos y secuestros de ETA, aunque esta organización y su entorno han seguido dando cobertura política a la violencia callejera que, en su apoyo, protagonizan grupos juveniles radicales.

Con la discreción obligada en un proceso de estas características, el propio Presidente del Gobierno, José María Aznar, autorizó públicamente el inicio de conversaciones con ETA (que ya se ha producido durante 1999) y ha emprendido –con el apoyo unánime del Parlamento– una flexibilización de la política penitenciaria, iniciando el acercamiento de los presos de ETA a cárceles próximas al País Vasco; pero, al mismo tiempo, ha dejado clara su posición de que el abandono de la violencia no puede ser moneda de cambio de medidas políticas que no pasen por la aprobación democrática de la mayoría de los ciudadanos; y, en cualquier caso, ha recalcado el respeto debido a la memoria de las víctimas del terrorismo (en cuyo favor se ha aprobado una Ley de reparación y reconocimiento en 1999, con un apoyo parlamentario prácticamente unánime).

En cualquier caso, el cese de los atentados ha creado una oportunidad para la paz, que los responsables políticos están dispuestos a aprovechar y grupos nacionalistas moderados se han aproximado a las posiciones políticas del entorno de ETA, aceptando firmar conjuntamente en 1998 el Pacto de Estella o de Lizarra (a favor de un diálogo sin límites sobre la autodeterminación del País Vasco).

Sin embargo, el 28 de noviembre de 1999, ETA anunció el fin de la tregua, volviendo a amenazar la convivencia y la paz en libertad de los ciudadanos españoles y tratando de romper las reglas del Estado de Derecho.

La política económica del Gobierno popular se ha orientado hacia el control de la inflación y el déficit público para reactivar el crecimiento económico, con el convencimiento de que ésta es la mejor forma de reducir el desempleo y preservar las prestaciones sociales del Estado de bienestar. Efectivamente, el control de la inflación y del déficit público (cada vez más cerca de la media europea) se ha traducido por primera vez en descensos significativos del paro; y la buena marcha del crecimiento económico ha abierto la posibilidad de reducir la presión fiscal y apuntalar el sistema de previsión social (con la subida de las pensiones más bajas y la creación de un fondo de reserva de la Seguridad Social). Los éxitos conseguidos en el terreno económico se han visto reconocidos con la aceptación de España en el grupo de países que se incorporarán desde el primer momento a la moneda única europea (el euro) en el año 2002 (Consejo de Bruselas de 1998), al cumplir la economía española los requisitos objetivos que se habían fijado para ello.