Lo cierto es que en las conductas humanas raramente coinciden los resultados que realmente se alcanzan con los designios de la voluntad. Por eso una de las piezas básicas para el desarrollo de las ciencias sociales modernas ha sido el concepto de consecuencias no intencionadas de las acciones individuales, que se ha ido difundiendo desde la economía clásica a todas las demás disciplinas
En este libro se presenta un conjunto de casos de la política española de los últimos quince años que ilustra, entre otras, las siguientes inverosímiles verdades. Una decisión colectiva entre diversas opciones no depende necesariamente del número de personas que desean una opción más que otra, sino de quienes la aceptan como segunda o tercera preferencia. Si la decisión requiere una acción más o menos organizada y coordinada, es probable que la mayor parte de quienes están de acuerdo con sus objetivos abandonen o abracen la pasividad en desacuerdo con sus convicciones y según lo que prevean que vayan a hacer los demás. De este modo pueden explicarse algunos resultados políticos inesperados por comportamientos estratégicos que, mediante promesas y amenazas, conducen a la aceptación de concesiones, más que por la firmeza de las creencias de quienes protagonizan la acción. Se comprueba, así, que puede lograrse, por ejemplo, un equilibrio estable, en el que nadie esté interesado en modificar su actitud, que sea más perjudicial para todos que un resultado alternativo. Por otra parte, una vez alcanzado un óptimo social, muchas personas pueden sentir la tentación de alterarlo en su propio beneficio, aunque ello acabe provocando un resultado peor. Cuando una decisión colectiva se toma por votación, pueden obtenerse diferentes resultados mediante combinaciones distintas de los temas presentados y según cuál sea el orden en que se sometan a consideración. De hecho, una minoría de electores puede ganar una votación y elegir a una mayoría de representantes. En general, lo que sostiene la teoría que fundamenta los análisis aquí presentados es que toda decisión depende del modo de decidir. Por ello la política no es sólo una actividad en la que diferentes grupos de personas persiguen la obtención de unos resultados sino la misma elección de los procedimientos de decisión. Y por eso cabe considerar que la política menos mala es aquella que permite que los ciudadanos realizan cambios de elección
Bajo el rótulo de teoría de la elección pública o teoría de la decisión, los politólogos han delimitado así un objeto de estudio específico, cada vez más diferenciado del holismo o el determinismo sociológicos
La teoría de juegos ha sido crecientemente aplicada al análisis de diversos campos del comportamiento humano. sus presupuestos han demostrado ser válidos para el estudio de todas aquellas situaciones en las que actúan diversas personas o grupos con intereses contradictorios y a la vez interdependientes.
Una decisión colectiva entre distintas opciones políticas puede depender de alternativas irrelevantes. Así, una elección, por ejemplo, entre dos opciones políticas, a y b, puede variar según cuál sea la preferencia de quienes toman la decisión de elegir con respecto a una tercera opción, c. Una elección colectiva a favor de una opción puede no depender, pues, del número de personas que la desean como primera preferencia, ya que cambios en la tercera preferencia de algunos de quienes participan pueden cambiar la que aparezca como primera preferencia del colectivo al final del proceso de elección
Esta paradoja se produce porque la introducción o la desaparición de una opción en un conjunto de opciones a elegir puede influir en la ordenación que hagan algunos individuos de las demás opciones. Como consecuencia, con la nueva ordenación de preferencias individuales, la decisión colectiva puede modificarse también si la opción que se ha introducido o ha desaparecido no es sometida expresamente a elección pero influye en la elección entre las demás
Cabe afirmar, por tanto, que el éxito o el fracaso del proyecto de establecimiento de una democracia representativa, el mantenimiento o la quiebra de la misma, pueden depender -como cualquier elección entre distintas opciones políticas tomada mediante una decisión colectiva- de la distribución entre la población de las diversas ordenaciones de preferencias con respecto a la democracia, la revolución y el fascismo, más que de la existencia o no de una mayoría favorable a aquella forma de gobierno. Puede haber, así, democracias estables que cuenten con menos apoyo social que ciertas democracias inestables que terminan en enfrentamientos entre fracciones y en guerra civil. Y puede haber insurrecciones revolucionarias o levantamientos militares que triunfen en países donde sus correspondientes programas ideológicos cuenten con menos simpatías que en otros en los que nunca llegan a vencer.
A la salida del régimen franquista había en la política española tres opciones principales:
La primera de ellas era la continuidad de las leyes fundamentales del franquismo, para cuya consecución el dictador había intentado dejarlo todo -como él decía- «atado y bien atado».
La segunda opción consistía en la reforma de las leyes fundamentales franquistas, basándose en sus mismas previsiones legales, para establecer un régimen de democracia representativa limitada.
La tercera opción era la ruptura con el franquismo, verosímilmente mediante la formación de un Gobierno provisional que convocase elecciones a una Asamblea constituyente, para establecer un nuevo marco legal de democracia y libertades.
Podemos a partir de estas opciones formar una serie de grupos:
I) Oposición revolucionaria, que incluye a algunos anarquistas, marxistas revolucionarios y nacionalistas radicales. Entre las opciones presentadas, prefieren la ruptura, pero antes que una reforma que satisfaría sólo a medias las reivindicaciones populares e hipotecaría las posibilidades de ruptura durante muchos años, preferirían preservar la militancia revolucionaria y seguir luchando contra la continuidad.
II) Oposición democrática, agrupada desde marzo de 1976 en Coordinación Democrática y más tarde en la Plataforma de Organismos Democráticos, compuesta básicamente por comunistas, socialistas, nacionalistas vascos, catalanes y gallegos, y algunos liberales y democristianos. Prefieren la ruptura, pero antes aceptarían la reforma, que puede abrir contradicciones internas entre los franquistas y permitir un avance gradual y algo más lento hacia la consecución de algunos objetivos antifranquistas, que la continuidad. Algunos antiguos miembros de la oposición revolucionaria pueden incorporarse a este grupo tras experiencias maximalistas con resultados negativos, como ya había sucedido con los comunistas con posterioridad a la guerra civil.
III) Reformistas, agrupados desde julio de 1976 en torno al Gobierno presidido por Adolfo Suárez y más tarde en el partido gubernamental Unión del Centro Democrático (UCD). Desean el cambio de régimen, pero mejor si puede hacerse por medios legales, preservando algunos elementos de continuidad y beneficiándose de las ventajas que les proporcionan sus posiciones de poder. Algunos miembros de la oposición moderada pueden adoptar también esta ordenación de preferencias por haber llegado al convencimiento de que la ruptura es imposible o demasiado costosa y porque desean librarse de la dictadura como sea, cual es el caso de algunos democristianos y liberales incorporados a UCD.
IV) Aperturistas, que forman parte del Gobierno presidido por Carlos Arias, con Manuel Fraga de ministro del Interior, en los seis primeros meses de 1976, más tarde agrupados en el partido Alianza Popular (AP). Quieren una reforma legal, pero ante el peligro de una ruptura preferirían defenderse haciendo causa común con el continuismo franquista. Algunos franquistas también pueden tomar esta opción porque llegan a la conclusión de que la continuidad sin Franco es imposible y temen la ruptura más que otra cosa.
V) Continuistas, en los que se incluye una gran parte del personal político y funcionarial franquista, entre cuyos lugares principales de toma de decisiones están las Cortes orgánicas y la cúpula de las Fuerzas Armadas. Prefieren la continuidad, pero antes aceptarían la reforma, que permitiría conservar algunas posiciones del pasado, que la temida ruptura.
VI) Involucionistas o ultras, activos en algunas instituciones franquistas, como el Consejo Nacional del Movimiento, el Sindicato vertical y las organizaciones falangistas, y en movimientos como la Confederación de combatientes. Aspiran a la continuidad, pero ante una reforma democratizante que diluyera la vigencia de los principios ideológicos franquistas, preferirían volver a la confrontación abierta con «rojos y separatistas» para poder seguir aspirando a instaurar una nueva dictadura.
Algunas personas pueden que durante el proceso de transición puede que cambien de un grupo a otro.
Los grupos II a V mantienen opciones que denominaremos gradualistas. Hay aversión al riesgo, fruto de la prudencia o del miedo
En cambio los grupos I y VI mantienen posiciones extremas o maximalistas. Están en contra de la conformidad y les gusta el riesgo.
Lo cierto es que es de prever la exclusión de los grupos maximalistas del eventual consenso entre los demás.
Pero lo cierto es que por paradójico que pueda parecer los grupos maximalistas excluidos pueden influir decisivamente en el resultado final, sobre todo por el impacto que tienen sus opiniones en las ordenaciones de preferencia de los demás.
La consecución de un equilibrio estable o la inestabilidad depende menos del grupo de partidarios de los grupos situados en los extremos que de la simpatía o antipatía que hacia ellos manifieste los demás.
Por lo tanto los cambios que se produzcan puede que no se deban a las primeras preferencias sino al diferente grado de impacto de las imposiciones maximalistas sobre personas con preferencias gradualistas.
En los años setenta, hay algunos sondeos que parecen mostrar que tras la muerte de Franco»: un 17 % quería que «las cosas cambiasen rápida y radicalmente», un 47 %, que «las cosas cambiasen poco a poco», y un 13 %, que «todo siguiera más o menos igual».
Este tipo de distribución de las opiniones políticas nos permitirá mostrar cómo, a partir de 1976, se construye un consenso relativamente amplio en torno a la adopción de unas nuevas reglas básicas de decisión colectiva de tipo democrático sin necesidad de suponer expresamente que al inicio del proceso la proporción de demócratas fuera mucho más amplia que en épocas anteriores ni siquiera mayoritaria en la sociedad. De este modo podrán explicarse también los cambios de mayoría a favor de una u otra opción en distintas fases del proceso de transición.
El modelo presentado apunta asimismo a la exclusión de los grupos maximalistas, que de hecho no aceptan la legitimidad del nuevo régimen posfranquista.
Pero, como hemos dicho, la exclusión no significa que las tomas de posición de estos grupos no influyan en el proceso, sino todo lo contrario, ya que los miembros de cada uno de los grupos de opinión adoptan precisamente sus ordenaciones de preferencias bajo la influencia de la amenaza o la presión de los demás. Lo que ocurre es que, como atestiguan sobradamente los documentos, testimonios y recuerdos disponibles, la obsesión de la gran mayoría de la población y de los dirigentes sociales y políticos en la segunda mitad de los años setenta era, a diferencia de épocas históricas anteriores, evitar una nueva guerra civil. Es, pues, la existencia del enfrentamiento civil y su memoria lo que determina conductas que buscan evitar su repetición.
Podemos decir, así, que en la transición española iniciada en 1976 miembros de varios grupos de opinión adaptan sus ordenaciones de preferencias sin renunciar a las que sitúan en primer lugar, pero cediendo en las segundas y terceras de modo que la interacción mutua eluda la producción de un ciclo y dé lugar a un equilibrio estable.
Así, por ejemplo, cuentan con amplio apoyo los reformistas del franquismo que estarían dispuestos a aceptar una ruptura pactada con la oposición democrática como mal menor ante el temor de un mayor protagonismo de la oposición revolucionaria, evocado con terror por los recuerdos de julio y agosto de 1936. Análogamente, los simpatizantes de la oposición democrática aceptan que ésta esté dispuesta a negociar y pactar la reforma con reformistas y aperturistas, con las concesiones consiguientes, por temor a una involución ultra, ahuyentada como una pesadilla por las huellas del final de la guerra y la posguerra, etc.
En una primera fase -los seis primeros meses de 1970 lo que en el fondo se planteó fue una elección entre reforma y ruptura. Un Gobierno de aperturistas, presidido por Carlos Arias, trató de impulsar su proyecto de reforma frente a los rupturistas, pactando con los continuistas y algunos ultras en la Comisión mixta Gobierno-Consejo Nacional del Movimiento creada al efecto. Manuel Fraga, ministro del Interior de ese gobierno, explicitó los términos de la elección cuando dijo que «gobernar es resistir a la ruptura» y cuando presentó el referéndum sobre la reforma que estaba previsto celebrar en octubre de 1976 en los siguientes términos: «El que vote no en el referéndum, votará por la ruptura; el que vote positivamente, por la reforma; y el que se abstenga [es decir, la alternativa irrelevante], por el inmovilismo.» El fracaso del Gobierno Arias-Fraga, sacudido por una creciente oleada de movimientos de oposición y por hechos dramáticos como los muertos en la huelga general de Vitoria y en la concentración carlista de Montejurra, puede ser interpretado, pues, como una derrota de la reforma frente a la ruptura en esta fase de la elección.
Lo que se planteó en una segunda fase -los siguientes seis meses de 1976- fue una elección entre reforma y continuidad. El Gobierno presidido por Adolfo Suárez logró celebrar en diciembre un referéndum sobre la reforma política en el que el voto afirmativo fue lógicamente defendido por los partidarios de la reforma, pero, a diferencia de lo anunciado en su proyecto de referéndum por el Gobierno anterior, el voto negativo fue defendido por los continuistas, mientras la oposición democrática partidaria de la ruptura (que en este momento era la alternativa irrelevante) promovía la abstención. La victoria del sí en el referéndum significó claramente un triunfo de la reforma frente a la continuidad en esta fase de la elección.
Finalmente, en una tercera fase se planteó una elección entre ruptura y continuidad. Ello se debe a que la misma aprobación y aplicación de la Ley para la reforma política como resultado de la elección en la fase anterior volvió irrelevantes los planteamientos basados en la consecución de la reforma. Y, aunque en las elecciones generales de junio de 1977 el sistema electoral deformó los resultados en favor de los reformistas, como veremos, el posterior acuerdo parlamentario entre éstos y la oposición democrática, a costa de los continuistas, permitió llevar a cabo el objetivo de la ruptura: un proceso constituyente y la aprobación mayoritaria en referéndum de una nueva Constitución.
La participación en una acción política no depende de si la gente está convencidamente a favor o en contra de los objetivos que la acción pretende alcanzar o de lo legítimos que los considere. Dicho de otro modo, la amplitud de una acción no depende de la opinión que se forme en un determinado momento, o al menos no solamente de ella, sino además de los incentivos positivos y de la disuasión negativa del acto mismo de participar.
Podemos decir que la acción de cada individuo depende de sus previsiones de que la acción colectiva va a ser eficaz para el objetivo que se propone y de la probabilidad de sufrir o no represalias por su participación. Pero lo curioso es que estas expectativas individuales dependen en gran medida de lo que hagan los demás.
De este modo podemos ver como durante la transición se produjeron los denominados “cambios de chaqueta” cuando empezó a disminuir la probabilidad de continuidad del régimen. Se produce de esta manera una especie de círculo vicioso de tal modo que las protestas iniciales llevan a un sector político a atenuar la represión o a la apertura, de tal modo que esta atenuación lleva a que un mayor número de personas se atreva a participar en las protestas. Todo ello lleva a que hubiese una menor probabilidad de perduración de la dictadura y más sectores políticos se sumen al aperturismo.
La participación tiene un punto álgido, cuando esta no ha llegado a este punto puede ser debido al miedo en la sociedad, y los gobernantes no se verán influidos por ella, pero cuando se prevé que la participación será masiva las personas podemos pensar que el éxito esta asegurado y eso puede llevar a varios sectores a ahorrarse el participar en elecciones o en movilizaciones.
Había también una serie de militantes antifranquistas incondicionales: Por una parte están los antiguos militantes republicanos y por otra los jóvenes que tienen sus miras puestas en un futuro diferente y cuenta con tiempo para la espera.
¿Qué puede ocurrir cuando haya diferente método de votaciones?. Observamos que hay diferente métodos de votaciones y cuando se utiliza uno u otro se pueden producir diferentes resultados en un mismo colectivo de votantes.
Así vemos por ejemplo que si realizamos una votación entre varias alternativas posibles a las que podemos llamar x, y, z, puede ganar, por ejemplo x, pero si se elimina una de las alternativas perdedoras, por ejemplo z, una nueva votación puede dar la victoria a y. Dicho con otras palabras, el ganador de una votación puede convertirse en perdedor si desaparece o renuncia alguno de los perdedores iniciales.
Si, en cambio, se elimina el ganador, x, por ejemplo porque lo que se votan son personas y se trata de seleccionar a varias, la primera ganadora ya se considera seleccionada y se quiere seleccionar otra más, la que antes había quedado en último lugar, z, puede quedar ahora vencedora.
Este tipo de paradojas pone en duda la fuerza moral de los resultados obtenidos mediante el voto y abre la discusión sobre los criterios para preferir uno u otro sistema de votación. En general, es difícil sostener que el resultado de una votación cualquiera expresa < la voluntad» de los votantes. Por el contrario, parece obligado reconocer que la ventaja del mecanismo de votar reside en su capacidad de producir decisiones colectivamente aceptadas, más que en la de averiguar qué es lo que «realmente» los votantes quieren. Los sistemas de votación deberán ser evaluados, pues, por el grado de coherencia que permitan conseguir entre las preferencias individuales y la elección colectiva, pero sabiendo que ningún sistema que proporcione resultados claros podrá evitar en ciertos casos paradojas como las mencionadas. En la práctica, la validez de los resultados tomados por votación suele depender de la aceptación previa de las reglas del juego por los votantes, incluida la aceptación de que estas reglas pueden provocar sorpresas en su aplicación.
Esto permite la manipulación de los resultados de una votación por quién establece las reglas del jugo y dirige la votación. Lógicamente esta manipulación es más fácil cuando no hay discusión previa sobre tales reglas y el procedimiento obra en secreto.
La primera fase de la transición, presidida por el Gobierno de Arias y Fraga, llegó -como hemos dicho anteriormente- a un agotamiento de sus posibilidades al no conseguir un acuerdo con los continuistas ni superar la confrontación con la ruptura. Ultras y continuistas, por un lado (atrincherados en las instituciones franquistas), aperturistas y reformistas por otro (reunidos y discrepantes en el seno del Gobierno), y la oposición por otro (agrupada en una plataforma unitaria y lanzando una continuada movilización popular), se mantenían en sus estrategias dominantes y, como consecuencia, ninguna de las opciones políticas era capaz de imponerse
Al cabo de dos meses de gestión, el rey Don Juan Carlos declaró que el presidente Arias había sido un “desastre sin paliativos” y se disponía a relevarlo por alguien más favorable a impulsar la reforma hacia un régimen de tipo democrático.
Tras una complicada elección y ante la sorpresa de todos salió elegido como presidente del gobierno Adolfo Suárez
Tras su elección Suárez realizó una serie de pactos con los distintos sectores que estaban implicado en el proceso político: tanto los sectores antidemocráticos, como con lo prodemocrático. De este modo mantuvo diálogos con los rupturistas y los continuistas.
El objetivo de los continuistas era el mantenimiento , quizá con algunos retoques, de la democracia orgánica, es decir, de la representación a través de estamentos corporativos, sin participación de los partidos políticos ni concesiones de libertades fuera de los principios ideológicos del Movimiento.
La reforma propugnada por Suárez pretende establecer una democracia representativa limitada, basada en partidos políticos y elecciones por sufragio universal, pero beneficiándose de las ventajas Potenciales que le proporciona su situación al frente del Gobierno. Así, según su proyecto, las primeras elecciones generales se celebrarían bajo un Gobierno monocolor presidido por Suárez, desde el que podría organizar su propia candidatura; el sistema electoral sería impuesto unilateralmente por el Gobierno, deformando las proporciones de la representación en su propio beneficio; se elegirían dos cámaras, en la segunda de las cuales se reforzaría el peso de los elementos de continuidad con el pasado; los comunistas y la oposición revolucionaria no participarían en las elecciones; no se procedería a ninguna purga o ajuste de cuentas con los funcionarios franquistas corruptos ni con los policías y militares implicados en la represión; y en la elaboración por las cámaras electas de una nueva Constitución no se incluiría ninguna declaración de derechos y libertades y quedarían fuera de discusión la monarquía y la forma unitaria del Estado.
Por el contrario, en su proyecto de ruptura, la oposición pretende una participación paritaria de las principales fuerzas políticas en el gobierno que convoque las elecciones, con objeto de evitar el uso privilegiado de los aparatos del Estado y los medios públicos de comunicación por alguna de ellas; la paralela formación de gobiernos provisionales en las nacionalidades históricas con experiencias autonómicas en los años treinta, es decir Cataluña, País Vasco y Galicia; las plenas amnistía y libertad de acción de todos los partidos; y la libre decisión de las Cortes Constituyentes sobre las formas de Estado y de gobierno.
Pero lo cierto es que ninguno de los tres posiciones tiene fuerza suficiente para imponerse. El continuismo franquista es muy difícilmente viable sin el dictador que había atemorizado a la población y concentrado en sus manos todos los poderes. La alternativa democrática antifranquista tiene amplias simpatías, pero también apoyos activos limitados, como hemos explicado en el capítulo 3. Y el reformismo de Suárez sólo puede alcanzar sus objetivos si obtiene un acuerdo con los franquistas para reformar las leyes fundamentales por un procedimiento legal y otro acuerdo con los principales partidos de la oposición para que participen en las elecciones.
Ante esta situación las tres partes deben adoptar posiciones que interactúen con los demás para lograr resultados favorables. Tanto la oposición como los continuistas cuentan con armas de presión, pero la posición más favorable es la de Suárez ya que puede intentar aproximar a los franquistas a su posición, amenazándoles con prescindir de ellos y pactar bilateralmente una ruptura con la oposición, y, a la vez y por separado, acercar a la oposición a sus postulados, amenazándole con imponer condiciones muy adversas a su participación electoral mediante un pacto bilateral de reforma con los franquistas. Sin embargo los continuistas y la oposición no pueden interactuar directamente, ya que sus respectivas primeras posiciones: continuidad y ruptura son estrategias dominantes que configuran un juego de puro conflicto. No cabe, por lo tanto un juego a tres en el que intervengan conjuntamente los tres jugadores.
De este modo Suárez puede aprovechar su posición privilegiada en las negociaciones. Suárez puede aprovecharse de su situación abordando por separado las dos negociaciones bilaterales y sin comprometer en ninguna de ellas las posibilidades de realizar la otra. De este modo consiguió que los continuistas y la oposición rechazaran sus primeras posiciones y optaran por la segunda, es decir, hacia la reforma u opción preferida por él.
La relación entre los continuistas y Suárez lleva a un juego en el que los intereses de los jugadores son en parte contradictorios y en parte interdependientes. En este juego los continuistas tienen una estrategia dominante, mientras que Suárez no la tiene. En el juego se puede producir un equilibrio estable, si cada uno toma su propia decisión sin tener en cuenta al otro, es estable por que una vez alcanzado y conocida la elección del otro jugador, ninguno de los dos tendrá interés en cambiar unilateralmente su elección. Se trata de un equilibrio estable pero ineficiente, ya que los dos jugadores estarían mejor en otra situación a la que se llegaría mediante la cooperación entre ellos. Esta cooperación será posible si los dos confían en que el otro se mantendrá en la elección acordada. Para ello ambos jugadores deberán contar con una combinación de promesas y amenazas.
Para evitar el peligro de su derrota, Suárez debe mantenerse, pues, en una cierta ambigüedad y prodigar gestos de diálogo con la oposición que aparezcan como una alternativa disuasoria para los franquistas. Adviértase que no tiene que pactar la ruptura con la oposición, sino simular que negocia con ella para forzar a los franquistas a aceptar la reforma. Dicho con otras palabras, el mejor comportamiento de Suárez es pactar real y más bien discretamente la reforma con los franquistas, mediante promesas y amenazas, mientras hace gestos públicos pero más bien vacuos de diálogo con la oposición. La faceta amenazante es la que le distingue del anterior Gobierno Arias-Fraga y la que, a diferencia de aquél, le permite llevar a los continuistas a la aceptación de la reforma.
Esta fue la dinámica de la primera fase de gestión gubernamental de Suárez, que se extendió entre julio y diciembre de 1976.
El episodio siguiente de este juego no es más que una manipulación de la agenda para plantear una elección entre dos opciones donde en realidad hay tres.
De acuerdo con las exigencias legales, Suárez sometió su Ley para la reforma política a un referéndum, en el cual se podía decidir solamente si aceptar o rechazar la reforma. Es decir, planteó una elección limitada a la reforma y la continuidad, ya que ésta habría sido verosímilmente la que se habría vuelto a imponer a corto plazo en caso de que Suárez hubiera sido derrotado en la consulta, sin tomar en cuenta la ruptura.
De nuevo Suárez podía sacar ventaja, por tanto, de un doble discurso, dirigido ahora ya no sólo a los grupos organizados de la oposición y al personal político franquista, sino a los sectores correspondientes del electorado. Por un lado, era útil para él aumentar la percepción subjetiva de que el peso de los franquistas e involucionistas era aún bastante considerable; por otra parte, le beneficiaba cierta impresión de que había un real peligro de ruptura o incluso de perturbaciones revolucionarias. El mensaje al público debía conllevar, pues, bastante ambigüedad sobre los fines de la reforma, señalar a la vez su contenido demócrata y la vía legal, la «libertad» y el obtenerla «sin ira». Así, la propaganda ofrecía, por un lado, «el cambio sin riesgo», «para que calle la demagogia», y sugería, por el otro, «el sí es el principio del cambio», «la reforma política comienza con un sí».
Mientras los involucionistas hacían propaganda en contra bajo el transparente eslogan «Franco habría votado "no"», la oposición democrática se dividió: socialistas, comunistas y otros grupos de la oposición llamaron a la abstención activa, pero democristianos, liberales y otros dieron a sus simpatizantes «libertad de voto», diciendo, por ejemplo, «el referéndum es un trámite», «prepárese para las elecciones», lo cual era obviamente una forma de sugerir el voto a favor.
Así, en el referéndum celebrado el 15 de diciembre un 22,3 del censo se abstuvo, un 73,2 % votó «sí» y sólo un 2 % votó «no».
La Ley para la reforma política entró definitivamente en vigor. La legalidad y la legitimidad franquista fue de este modo salvada para articularse con una nueva y futura legitimidad salida de las urnas. El personal político y funcionarial designado en el marco franquista compartiría, pues, algún protagonismo con un nuevo o reciclado personal político demócrata en los procesos de toma de decisiones. Así quedaron desatados, aunque, como puede verse, no muy bien desatados, algunos nudos de continuidad.
A la vez que se producía este juego entre los continuistas y Suárez se producía otro entre los miembros de la oposición y Suárez. En este juego Suárez tiene una estrategia dominante sin embargo la oposición no la tiene. De este modo llegamos a una situación en la que tanto Suárez como la oposición aceptan la reforma. Se alcanza así un equilibrio estable.
En la conversaciones con los miembros oposición que tuvieron lugar a finales de diciembre, Suárez hizo unas pequeñas concesiones. De hecho, en abril convocó elecciones presidiendo, como quería, un gobierno monocolor; organizó desde el mismo una candidatura de la que fue cabeza de lista, Unión del Centro Democrático (UCD); impuso por decreto-ley un sistema electoral que le favorecía; y declaró excluidas de los programas de los partidos que quisieran ser legalizados y del debate sobre la futura Constitución la forma de gobierno monárquica y la forma unitaria del Estado.
Pero a diferencia del juego entre los continuistas y Suárez, en el juego entre Suárez y la oposición no hubo ningún tipo de cooperación.
Mediante su reforma pactada con los franquistas, Suárez había conseguido que los partidos de la oposición solicitaran su legalización y se dispusieran a participar en las elecciones, sin necesidad de ningún pacto con ellos. Sin embargo, los comunistas habían quedado excluidos del proyecto, como contrapartida ofrecida a los franquistas por su cooperación. Podemos analizar como un juego cooperativo, en este caso entre el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, y el entonces secretario general del Partido Comunista de España (PCE), Santiago Carrillo, la interacción que modificó esta situación.
El juego resultante entre Suárez y Carrillo fue el denominado Dilema del Prisionero, en el cada jugador tiene una estrategia dominante, es decir que los dos jugadores tienen una estrategia que adoptada en cualquier caso, sea cual sea la opción adoptada por el contrario, le produce mejores resultados. Pero la interacción de las elecciones sin la cooperación llevaría a un equilibrio estable, pero no a la mejor situación para ellos, que se alcanzaría mediante la cooperación entre ambos. De este modo Carrillo acataría formalmente las condiciones de la reforma y Suárez legalizaría el PCE.
Todo este proceso nos llevó a las elecciones de 1977. Unas elecciones que contaban, mediante el sistema electoral elegido, con todas las ventajas para UCD, el partido de Adolfo Suárez. Por ello se había negado a negociar sobre el sistema electoral con las demás fuerzas políticas, aceptando sólo un criterio genérico de proporcionalidad en la representación. Además el sistema elegido favorecía la representación de los partidos mayoritarios, de centro-derecha y de centro-izquierda, y perjudicaba sobre todo a los partidos minoritarios de ámbito nacional, pero no sufrían, sin embargo, grandes perjuicios los partidos pequeños de ámbito regional. Quedaba así configurado un congreso de tono moderado.
El hecho fue que en las elecciones de 1977 y en las de 1979 UCD obtuvo alrededor de un tercio de los votos, sobre todo localizados en las provincias rurales, y estuvo muy cerca de alcanzar la mayoría parlamentaria absoluta. Pero el no haberla obtenido le obligo a pactar con los partidos de la oposición las líneas generales del proyecto constituyente.
Tras la celebración de las primeras elecciones generales, el presidente del Gobierno Adolfo Suárez intervino en un nuevo juego cooperativo que condujo al retorno de Josep Tarradellas a Cataluña como presidente de la Generalidad. Mediante la aceptación parcial de las aspiraciones de Tarradellas, Suárez incumplió de nuevo algunas de las contrapartidas que había ofrecido a los continuistas al aprobar la Ley para la reforma política y disminuyó las limitaciones de su proyecto inicial de democracia.
Hasta el 15 de junio de 1977, Adolfo Suárez había confiado en una victoria del partido gubernamental UCD en Cataluña, como en el conjunto de España. De acuerdo con ello, el Gobierno había aprobado en febrero, como parte de su proyecto de reforma política, una fórmula regional con dos piezas. La primera era un régimen especial de descentralización administrativa, basado en una Mancomunidad de servicios de las cuatro Diputaciones provinciales catalanas. La segunda, prevista para entrar en vigor después de las elecciones, era la formación de un Consejo General de Cataluña con una mezcla de legitimidades: la de los diputados y senadores electos, y la de los representantes de las Diputaciones provinciales, no electos democráticamente sino designados en el marco de la legalidad franquista
Los resultados electorales en Cataluña no fueron los esperados por Suárez, ya que, si bien la UCD alcanzó la mayor representación en el conjunto de España, en Cataluña los socialistas quedaron en primer lugar, seguidos por los comunistas, y los partidos autonomistas obtuvieron globalmente una amplia mayoría. La fórmula reformista prevista por el Gobierno se encontró, pues, con una oposición electoralmente mayoritaria. El Gobierno tampoco podía tratar ya de imponerla mediante un pacto con la coalición nacionalista encabezada por Jordi Pujol, vía que había sido defendida por los gobernadores civiles de Barcelona Rodolfo Martín Villa y Salvador Sánchez Terán, dados los resultados electorales relativamente modestos obtenidos por los nacionalistas
Por ello se plantearon inmediatamente dos juegos de interacción.
Uno fue el juego entre Suárez y los socialistas catalanes, encabezados por Joan Reventós, los cuales aspiraban a conseguir los objetivos rupturistas -concretamente, el restablecimiento del Estatuto de autonomía, que la oposición no había alcanzado en su juego preelectoral con Suárez. Este, sin embargo, que se consideraba legitimado por su victoria electoral en el conjunto de España, se mantuvo en su misma estrategia dominante de imponer la reforma -es decir, la descentralización administrativa regional y el Consejo general-, por lo que no hubo acuerdo ni posibilidad de cooperación.
El otro juego se planteó entre Adolfo Suárez y Josep Tarradellas. Desde noviembre de 1976, había habido entre ambos una vía de comunicación.
Se estableció así entre Tarradellas y Suárez el juego denominado Dilema del prisionero, en este juego cada jugador tiene una estrategia dominante. La estrategia dominante de Suárez era mantenerse en la propuesta reformista del Consejo General, y la estrategia dominante de Tarradellas es persistir en las reivindicación rupturista del Estatuto de Autonomía. De este modo se obtiene un equilibrio estable pero ineficiente, ya que ambos jugadores obtendrían mejores resultados mediante una cooperación que incluya medios para asegurar el cumplimento de lo pactado. En este pacto Suárez acepta la legitimidad simbólica de Tarradellas como presidente de la Generalidad y Tarrradellas renuncia al establecimiento del Estatuto y acepta presidir una fórmula de descentralización administrativa.
Esto fue lo que ocurrió.
El resultado del juego entre Suárez y Tarradellas fue, por tanto, un compromiso mutuamente beneficioso, en el que, sin embargo, ninguna de las partes alcanzó su primera preferencia. Esto lo distingue, por ejemplo, de los éxitos de Suárez en su juego con los franquistas en la primera fase de la transición.
Toda esta serie de pactos nos llevaron al proceso del que nacería nuestra Constitución de 1978.
En el proceso Constituyente se produjo un intercambio de votos, es decir que varios votantes dejaron de votar según sus preferencias sinceras y votaron de un modo estratégico y coordinado, de tal modo que mientras uno renuncia a obtener satisfacción en alguno de los temas lo obtiene en otros. Cada votante votará sinceramente en aquellos temas que considera prioritarios para él y votará insinceramente en los que le son menos importantes. Por ello para que la estrategia de intercambio de votos sea factible es necesario que los votantes tengan intereses prioritarios distintos.
De este modo se obtuvo una Constitución que se diferenciaba de las anteriores Constituciones españolas en el consenso y el amplio apoyo que consiguió.
El consenso constitucional de 1978 fue, pues, un intercambio de votos estratégicos entre los partidos por el que se consiguió seguramente menos satisfacción total pero más repartida. Esta fue de hecho la principal idea expresada, con unas u otras palabras, por los dirigentes de todos los partidos que aceptaron la Constitución y el principal argumento para su aceptación: nadie está totalmente satisfecho ni totalmente insatisfecho con ella; nadie se identifica del todo con el texto constitucional pero nadie lo encuentra totalmente inaceptable; nadie ha conseguido hacérselo completamente a medida pero todos podrían gobernar con él. Además la Constitución obtuvo un ampliamente apoyada por el electorado español. Sólo en País Vasco no venció el sí constitucional.
El consenso entre los grupos gradualistas alcanzó una notable amplitud entre los partidos gradualistas.
Pero el problema surgió con los grupos maximalistas, tanto de extrema derecha como de extrema izquierda, ya que a medida que los partidos llegaban al consenso, más violenta se presentaba la oposición maximalista.
Se produjo en esta época “la escalada terrorista” de ETA y del GRAPO.
Por otro lado se produce en esta época el inicio, o por lo menos empezaron a salir a la luz, de las conspiraciones golpistas. De este modo se conoció la denominada “Operación Galaxia”. Y más tarde la sociedad española se encontraría sorprendida por el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Sin duda el golpe habría cambiado completamente la Historia futura de España si hubiese llegado a triunfar, pero no fue así. EL golpe no contó con el apoyo real esperado y ante eso los militares no la apoyaron masivamente. ¿Qué actitud tuvieron ante el golpe los ciudadanos españoles?. El golpe fue conocido inmediatamente por los españoles ya que fue transmitido por los medio de comunicación. Los españoles tenían dos opciones salir masivamente a la calle y manifestarse contra el golpe o esperar pasivamente el desenlace del golpe. Lo cierto es que la opción mayoritaria fue la pasividad. Al golpe de estado no le siguió ninguna reacción popular.
El País Vasco presentó desde el principio de la transición unas características específicas. En él podemos distinguir tres posiciones políticas básicas que definen a tres jugadores:
En primer lugar tenemos los partidos de ámbito nacional, tanto de derechas como de izquierdas. Defienden la aprobación tanto de la constitución como del Estatuto y la autonomía constitucional.
En segundo lugar la posición adoptada por los partidos nacionalistas de ámbito vasco PNV y EE. Defienden la aprobación de Estatuto y la no aceptación de la Constitución y el foralismo del pacto bilateral.
En tercer lugar la posición adoptada por ETA y HB, que defienden la no aceptación ni de la Constitución ni del Estatuto y la independencia
La distintas combinaciones de estas tres posiciones produjeron una minoría a favor de la Constitución en el referéndum de 1978 y una mayoría a favor del Estatuto en el referéndum de 1979.
Podemos decir que la autonomía constitucional ha sido la posición defendida por el Gobierno del Estado, tanto los de UCD como los del PSOE; el foralismo del pacto bilateral ha inspirado a la fuerza mayoritaria del gobierno de la comunidad vasca, el PNV; y la independencia ha sido el objetivo de la organización armada ETA y sus simpatizantes de HB.
Dados los contradictorios objetivos de cada uno de ellos, es obviamente imposible que una mayoría de jugadores, en este caso dos, obtenga la satisfacción de los mismos. Por ello, cada uno de los jugadores trata de adoptar posiciones que interactúen con las del adversario para producir resultados que pueda considerar relativamente favorables, aun teniendo que renunciar a sus posiciones definitorias. La cooperación se dará entre jugadores con intereses contradictorios si ambos pueden salir beneficiados de la misma y cuentan con medios para amenazar creíblemente al que incumpla la promesa con llevarle a una situación peor.
En las relaciones entre el Gobierno del Estado y el Gobierno vasco podemos distinguir dos etapas: En la primera fase se adoptó por ambos su estrategia dominante sin cooperación, alcanzándose un equilibrio más bien insatisfactorio para ambos. En la segunda fase y tras un balance más bien negativo del resultado obtenido con estas estrategias de permanente conflicto entre los dos gobiernos, ambas partes pasaron a cooperar para obtener mutuos beneficios.
Las negociaciones entre la ETA y el Gobierno del Estado han producido períodos de tregua por ambas partes y reinserciones de algunos etarras, aunque han sido sucedidas siempre por la reanudación de las actividades terroristas y de la persecución.
En un juego de interacción entre el Gobierno vasco y ETA nunca se alcanzaría el abandono de las armas por ETA, ni aún suponiendo diversas ordenaciones de preferencias del Gobierno vasco, si en el juego no intervine, como factor exterior , el Gobierno estatal. Puede aceptarse intuitivamente este resultado a partir de la consideración de que la fuerza negociadora del Gobierno del Estado procede de su control sobre las fuerzas policiales y demás aparatos de represión, mientras que los medios disuasorios que puede emplear el Gobierno vasco en unas relaciones bilaterales con ETA tienen un efecto mucho menor.
El equilibrio de máxima cooperación entre los tres jugadores sólo podrá ser acordado mediante una negociación coordinada entre las tres partes, pero no a partir de ninguno de los equilibrios de cooperación bilateral ni mediante negociaciones bilaterales separadas, tal como se ha intentado en algunas ocasiones. Cabe recordar además que, como en los dos equilibrios anteriores, una vez logrado este equilibrio, las tentaciones de cada parte cooperante de cambiar de nuevo de opción sólo podrían ser disuadidas si, paradójicamente, cada una mantuviera los instrumentos necesarios para amenazar con volver a su posición definitoria. Es decir, si, a pesar de haberse retirado, las fuerzas policiales del Estado estuvieran prestas a intervenir de nuevo en el País Vasco; la militancia y el liderazgo del PNV mantuvieran su disposición a volver a su tradición foralista inconstitucional; y, aun con la ETA disuelta o reinsertada, HB pudiera gallear de algún modo con una reanudación de la violencia.
Otro caso particular es el de Cataluña. En ella el idioma se ha convertido en un elemento incluido desde el principio en todo programa democrático de Cataluña. Durante el franquismo, la supresión del catalán en el ámbito de la administración, la escuela y los medios de comunicación incrementó la importancia de esta reivindicación en los movimientos por la consecución de las libertades democráticas.
La Constitución de 1978 estableció la oficialidad del castellano en todo el territorio del Estado, con «el deber de conocerlo y el derecho a usarlo» de todos los ciudadanos, a la vez que previó la cooficialidad de las demás lenguas usadas en España en las Comunidades autónomas correspondientes. El Estatuto de autonomía de Cataluña confirmó esta cooficialidad, si bien afirmando que el catalán es “la lengua propia de Cataluña”, lo cual creaba la posibilidad de una política autonómica de promoción preferente del catalán.
A la vista de estos datos y de la evolución posterior de la política catalana y española, podemos delimitar los principales jugadores que intervienen en esta cuestión del siguiente modo:
En primer lugar, los nacionalistas catalanes, es decir, los autóctonos bilingües que aprecian la lengua propia o específica como un valor en sí mismo y desean su promoción. A partir de 1980, las preferencias de este jugador colectivo inspiran la política del Gobierno autónomo de Cataluña a través de la coalición Convergéncia i Unió (CiU).
En segundo lugar, los inmigrantes castellano-parlantes, concentrados sobre todo en la zona metropolitana de Barcelona y en una gran parte influidos políticamente por los partidos de izquierdas. Valoran negativamente la persecución del catalán por el franquismo y estiman favorablemente la autonomía como elemento de la democracia, pero sienten la reivindicación lingüística catalana con una intensidad relativamente más baja que los nacionalistas catalanes y prefieren evitar el coste personal de aprender una segunda lengua.
En tercer lugar, el Gobierno del Estado (tanto de UCD como del PSOE), que legalmente actúa en el marco constitucional y en los hechos se muestra interesado sobre todo en mantener el castellano como idioma oficial y lengua común de comunicación en todo el territorio español.
Podemos establecer así cuales serían las preferencias de estos tres jugadores:
Así, suponemos que el Gobierno nacionalista de la Generalidad está interesado, sobre todo, en la autonomía, y, a continuación, en el monolingüismo catalán, con la salvedad de relegar a posiciones menos deseadas aquellos resultados en que el monolingüismo catalán implica incomunicación y conflicto con los inmigrantes.
Los inmigrantes castellano-parlantes en Cataluña están interesados, por encima de todo, en que haya una administración autónoma bilingüe que no les obligue a aprender catalán; a continuación, en mantenerse en su condición monolingüe castellana sin aprender catalán, excepto en aquellas situaciones en que esta elección comporte incomunicación y conflicto con los nacionalistas catalanes y la administración autónoma; y, finalmente, en que haya autonomía de Cataluña.
Al Gobierno del Estado, por su parte, le interesa más que nada la perduración del castellano como lengua común y oficial en Cataluña; a continuación, no tener que hacer concesiones autonómicas; y, finalmente, que los inmigrantes no se sientan movidos a aprender catalán (y de este modo no se desanimen indirectamente las migraciones a Cataluña ni se incentiven los retornos de los inmigrantes a Andalucía).
Nuestro análisis significa que los nacionalistas catalanes pueden intercambiar la autonomía política por la renuncia a imponer el monolingüismo catalán a la población inmigrada en Cataluña. Dicho de otro modo, la consolidación de las instituciones autonómicas y el suministro de recursos competenciales y financieros por el Gobierno del Estado puede haber inducido un cambio en el planteamiento del proyecto de “normalización lingüística”. El monolingüismo catalán de toda la población al que hemos supuesto que aspiran los nacionalistas ya no podría ser así el “paso siguiente” a la difusión del bilingüismo pasivo, es decir a la adopción de comportamientos no adaptativos por los autóctonos bilingües -como parecía pretender la Dirección general de política lingüística de la Generalidad-, sino, si acaso, un eventual resultado futuro de un relevo generacional apoyado en la escolarización masiva en catalán y la ausencia de nueva inmigración.
Como vimos antes una minoría electoral puede convertirse en una mayoría parlamentaria a través de las desviaciones de la representación producidas por el sistema electoral y de este modo imponer su punto de vista unilateral en un amplio conjunto de decisiones tomadas por diversas instituciones del Estado. Pero incluso una minoría parlamentaria puede conseguir una mayoría en otras instituciones mediante ciertos sistemas de elección indirecta de los cargos públicos.
Aparentemente, una democracia parlamentaria con un sistema electoral basado en un principio genérico de proporcionalidad y un amplio multipartidismo, como la española, tendría que permitir un elevado grado de correspondencia entre la representación política y la pluralidad de las preferencias de los ciudadanos. Pero todo parece indicar que las cautelas de los constituyentes de 1977-1978 para conseguir unos altos niveles a la vez de representatividad y de estabilidad del sistema político han tenido efectos perversos, algunos de ellos posiblemente no contemplados como posibles en el diseño inicial.
Así el presidente de la Cámara y los demás miembros de la mesa, es decir los vicepresidentes y secretario, los miembros del Tribunal Constitucional y el Consejo de administración de RTVE pueden ser elegidos por una minoría parlamentaria. Es decir que un solo partido con mayoría parlamentaria o un partido que pacte con otro lleva a estos cargos a personas que serán obedientes a los partidos que los eligieron.
La percepción de estas deformaciones de la representatividad, junto con otros aspectos del estilo de gobierno de una mayoría absoluta que no necesita pactar ni rendir cuentas de su gestión a ningún otro partido, parecen orientar la opinión adversa de los españoles a las mayorías absolutas.
Los sistemas de votación permiten la manipulación de las decisiones colectivas como hemos visto. Pero algunas de las paradojas producidas por las votaciones pueden ser contrarrestadas por algunos votantes mediante votos estratégicos o sofisticados.
La práctica de los intercambios de votos estratégicos produce a veces resultados favorables para todas las partes, según algunos casos que hemos podido observar. Pero, en otras situaciones, el voto estratégico puede ser una maniobra de un grupo de votantes o un partido en beneficio exclusivo, y puede provocar incluso que otros grupos o partidos con opiniones políticas diferentes sobre el tema adopten otros votos estratégicos a modo de respuesta a aquel intento de manipulación, como en el caso que veremos a continuación. En estas circunstancias, los resultados globales de la votación pueden ser perjudiciales para todas las partes implicadas en tales actos de insinceridad.
El 30 de mayo de 1982 España se convirtió formalmente en un nuevo miembro de la OTAN.
Entre 1981 y 1982, Felipe González declaró que la entrada en la OTAN era un «error histórico», «grave» y «tremendo», una «barbaridad histórica» y «tremendamente perjudicial» y, ante la previsión de una victoria electoral socialista, respondió al Gobierno de UCD que «si entramos en la OTAN por mayoría simple del Parlamento, saldremos de la OTAN por una decisión de mayoría simple del Parlamento». Alfonso Guerra sostuvo, por su parte, que «un eventual ingreso en la OTAN convertiría a España en colonia de los Estados Unidos». El PSOE llevó a cabo una campaña de propaganda bajo el eslogan, ciertamente ambiguo y polisémico, «OTAN, de entrada, no», aunque González explicó que si llegaba al Gobierno, su eslogan sería «OTAN, de salida, sí». Socialistas y comunistas organizaron sendas recogidas de varios centenares de miles de firmas para pedir la celebración de un referéndum popular sobre la permanencia o la salida de España de la OTAN.
El PSOE accedió al Gobierno tras ganar las elecciones de octubre de 1982, en cuya campaña prometió la convocatoria del referéndum y, con un lenguaje ya bastante más confuso, una «desvinculación progresiva en el plano militar del Bloque del Atlántico Norte». Pero, una vez en el Gobierno, procedió a una rápida adaptación al medio en el que se encontró. Los condicionantes externos, tanto norteamericanos como europeos, a los que ya se había referido Calvo Sotelo (y tal vez en menor medida algunos condicionantes internos procedentes de los deseos mayoritarios de los miembros de las Fuerzas Armadas), llevaron rápidamente al presidente González y progresivamente al conjunto del PSOE a defender como más conveniente y responsable, desde el punto de vista de las consecuencias, la permanencia de España en la OTAN.
Los sondeos de opinión indicaban, en gran parte como resultado de las anteriores campañas del propio PSOE cuando estaba en la oposición, que una gran mayoría de los ciudadanos españoles continuaba deseando la celebración del referéndum y que la mayor parte tenía la intención de votar sinceramente «no» a la OTAN. Así pues, el incumplimiento de la promesa electoral de celebrar un referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN podía comportar para el PSOE una notable impopularidad, pero con su celebración corría el riesgo de obtener una clara derrota. Felipe González insinuó que los ciudadanos españoles debían dejar a un lado sus convicciones y aceptar la emisión de un voto insincero con consecuencias más deseables para la estabilidad y la seguridad del país.
Tras varios aplazamientos, el Gobierno del PSOE convocó el referéndum el 12 de marzo de 1986. En contra de todo pronóstico ganó el “si”.
Se produjo en este referéndum una situación paradójica ya que los representantes de la mayor parte de los adversarios sinceros de la OTAN pedían el “sí” y los representantes de los partidos sinceros a la permanencia de España en aquella organización llamaban abierta o veladamente a la abstención o al “no”.
Se produjo en este referéndum una votación mayoritariamente estratégica o insincera.
La llegada de los socialistas al Gobierno y, a mediados de los ochenta, la sustitución de la recesión económica por el crecimiento produjeron una mejora de las expectativas albergadas por los sindicatos. Pero, paradójicamente, este nuevo optimismo condujo a un enfrentamiento abierto entre los socialistas gubernamentales y las centrales sindicales.
La breve historia de la concertación social en España ha pasado, así, por dos etapas. La primera se inició en cierto modo con los pactos de la Moncloa, suscritos entre el gobierno de UCD y los demás partidos parlamentarios en diciembre de 1977, sin participación de los sindicatos ni de la patronal, que se hallaban todavía en una fase muy primaria de organización. La segunda culminó en la huelga general convocada por la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) contra el gobierno del PSOE, en diciembre de 1988.
Parece lógico que, en un primer momento, los sindicatos vieran al PSOE en el Gobierno como un cambio que podía satisfacer las reivindicaciones sindicales que aquel mismo partido había apoyado formalmente cuando se encontraba en la oposición. Sin embargo, pronto el ministro Miguel Boyer anunció un período de diez años de ajuste o estabilización, como opción basada en una estimación más bien crítica del nivel de productividad de la economía española en un contexto comparativo internacional.
Por otra parte, la consolidación democrática, a la que el mismo acceso de los socialistas al Gobierno contribuyó en importante medida, así como la culminación de las devoluciones del patrimonio sindical, eliminaron la posibilidad de conceder a los sindicatos otras contrapartidas al margen de los acuerdos relativos a la política económica.
El hecho es que, tras una prolongación de medidas de saneamiento que incluyeron una drástica reconversión de algunos sectores industriales tradicionales, quedó superada la larga etapa de recesión y la economía española emprendió un proceso de expansión. Esto hizo aumentar las expectativas de mejora de la situación económica personal en amplios sectores sociales y los sindicatos interpretaron estos sentimientos intensificando las demandas de distribución. Un hito de este cambio en la sensibilidad popular fueron las huelgas estudiantiles del invierno de 1987, ante las que el Ministerio de Educación acabó cediendo en lo fundamental, así como una serie de huelgas de diversos sectores profesionales que les sucedieron en los meses siguientes.
Hay que tener también en cuenta que, hacia 1980, en relación con la situación de tres años antes, la UGT había conseguido equilibrar su relación de fuerzas con CCOO, al menos si ésta se mide en los términos numéricos globales de afiliados y de representantes sindicales en los comités de empresa. Sin embargo, las elecciones sindicales de 1986 no confirmaron las esperanzas de los dirigentes de UGT de sobrepasar en gran medida a CCOO en el apoyo obtenido de los asalariados, ya que en las grandes empresas -sobre todo las públicas- y en algunos núcleos tradicionales del movimiento obrero consiguió sólo resultados modestos. Estos límites de la fuerza organizativa de UGT contribuyeron también a que sus dirigentes realizaran un balance negativo de su política anterior de negociación y pactos y aumentaron la impaciencia en sus filas. Nicolás Redondo afirmó en 1987 ante el Comité confederal del sindicato que «los grandes pactos ya no son posibles. Eran factibles en la transición porque se buscaba sobre todo la legitimación política», es decir, lo que antes hemos llamado consolidación democrática y apoyo oficial a los sindicatos. Algunos dirigentes de UGT, como el ya citado José María Zufiaur, subrayaron los peligros de seguir siendo «una correa de transmisión del PSOE» y propugnaron una mayor autonomía sindical.
Este cambio de actitud no significa necesariamente que, con un Gobierno socialista, UGT adoptara una estructura de preferencias hostil a la negociación y los pactos, como la de Comisiones Obreras, a pesar de que sus dirigentes han sido agriamente acusados de ello por los dirigentes del PSOE y por destacados miembros del Gobierno, reprochándoles « seguidismo de CCOO». Tan sólo es necesario suponer que los dirigentes de UGT alteraron el orden de preferencia . Así, UGT seguiría dando prioridad al giro social de la política económica y preferiría conseguirlo, como antes, mediante un pacto con los demás agentes sociales. Pero, en caso de que el Gobierno se empecinara en la política estabilizadora, no dejaría la opción reivindicativa y la huelga como último recurso, sino que las preferiría a la aceptación pasiva y resignada de una política adversa.
Finalmente, CCOO y UGT convocaron una «jornada de paro» contra el Gobierno, apoyándose en unas reivindicaciones de empleo juvenil, aumento de salarios a los funcionarios e incremento de las pensiones, para el 14 de diciembre de 1988. Aun entonces, el secretario general de UGT afirmó: «El Gobierno y el PSOE podían haber evitado esta huelga.» Redondo confesó que vivía el momento de mayor tensión de su vida. Pero las reacciones de los portavoces socialistas, que dijeron temer un estallido de violencia en la calle y sentirse amenazados por una huelga general revolucionaria comparable a la de Asturias de octubre de 1934, más bien tuvieron el efecto contraproducente de excitar los ánimos de algunos sectores de la ciudadanía, no necesariamente identificados con las reivindicaciones sindicales, que consideraron arrogante la actitud de los políticos del PSOE. De hecho, entre los partidos de la oposición, no sólo Izquierda Unida, vinculada estrechamente a CCOO, sino también el PP y el CDS, apoyaron la convocatoria de huelga contra el Gobierno.
En el conflicto con UGT el Gobierno salió perdiendo más que nadie. La desavenencia no sólo rompió un modelo de relación entre partido y sindicato con más de cien años de duración, sino que provocó pérdidas de votos para el PSOE en las elecciones de 1989, celebradas menos de un año después de la huelga del 14-D.
Como hemos visto al tratar del período constituyente, en un parlamento suelen darse intercambios de votos entre partidos para aprobar leyes o enmiendas, de modo que la renuncia de un partido a su posición preferida en un tema se vea compensada por la satisfacción de su posición preferida en otro tema. Pero cabe también lo que puede considerarse un intercambio de votos permanente, es decir, la formación de una coalición de partidos para dar apoyo mayoritario a un gobierno o desarrollar un completo programa de legislatura.
En estos casos -como en los intercambios de votos sobre temas sueltos suele suceder que cada partido actúa como si persiguiera un máximo beneficio propio, bien sea aspirando a conseguir la aprobación de un mayor número de leyes coincidentes con sus planteamientos, bien la más amplia ocupación de cargos públicos o bien la obtención de recompensas materiales de diversos tipos para los miembros de la coalición.
Un ejemplo de esto lo tenemos en las elecciones de 1986 en el País Vasco. En estas elecciones la fragmentación Parlamentaria hizo necesaria la formación de coaliciones para la gobernabilidad. Esto llevo a la realización de un pacto entre el PNV y el PSOE. Situaciones similares de pacto entre partidos, que producían beneficios a todos los implicados se produjeron en otros lugares como Galicia, Madrid y Navarra.
En ocasiones, estos incentivos atraen ya no a los partidos como colectivos, sino a algunos representantes individuales, los cuales pueden romper la disciplina de grupo en una votación o abandonar las filas del partido por el que han sido elegidos para unirse o formar una coalición con otro partido, sin mediación del elector ni manifestación expresa por parte del mismo de un cambio en su decisión electoral.
En general, puede decirse que no se forman coaliciones con un número superfluo de miembros. Es decir, que los partidos tienden a constituir mayorías parlamentarias ajustadas, de modo que el reparto de leyes y políticas, cargos y otras recompensas sea lo más favorable posible a cada uno de ellos y toque a más por cabeza. Esto permite prever con cierta probabilidad al menos dos cosas.
Primera, que cuando un partido obtenga una mayoría parlamentaria absoluta, aunque ésta se base en una minoría de los votos, no formará coalición con ningún otro partido y gobernará en solitario.
Segunda, que en los casos en que ningún partido tenga la mayoría absoluta en un parlamento, se formará una “coalición vencedora mínima”, definible como aquella coalición en la que la deserción de un partido la convertiría en minoritaria.
Es decir, no es previsible que en ningún caso se forme una coalición de gobierno más amplia que la que los interesados crean que vaya a ser suficiente para asegurarles la mayoría.
Este criterio del tamaño de la coalición debe ser complementado, sin embargo, con otros criterios, dado que en muchos casos sin mayoría absoluta de ningún partido habrá varias coaliciones vencedoras mínimas que se podrán formar. Uno de estos criterios es la distancia política entre los partidos susceptibles de llegar a un acuerdo, ya que una coalición entre partidos próximos en una dimensión ideológica determinada -por ejemplo, izquierda-derecha requiere menos concesiones de cada uno de ellos para alcanzar un compromiso que una coalición entre partidos más alejados ideológica o políticamente. Otro criterio es el número de partidos, por el que es presumible que, en igualdad de condiciones, los partidos prefieran un reparto del poder entre un menor número de ellos que una coalición más plural.
Por otra parte, la amplitud de la coalición también depende de las expectativas de mantenimiento de la disciplina interna entre los miembros de los partidos implicados, de modo que el temor al transfuguismo individual puede hacer que se prefieran coaliciones algo más amplias de lo necesario desde un estricto punto de vista aritmético.
Algunas de las reglas de juego del actual sistema político español permiten, con muy pocas trabas, el transfuguismo y los cambios de coaliciones parlamentarias sin intervención del elector.
La Constitución establece que los representantes electos no están “ligados por mandato imperativo alguno” (art. 67.2), lo cual significa que pueden cambiar de partido o grupo y abandonar aquel por el que fueron elegidos sin perder su posición institucional, si bien los reglamentos del Congreso y del Senado establecen algunas restricciones a estos cambios, de modo que los tránsfugas pueden ir a parar al Grupo mixto pero no a otro grupo parlamentario distinto del formado por el partido con el que alcanzaron el cargo.
Muy frecuentes han sido los tránsfugas individuales, de quienes hay que suponer que en general están movidos por un deseo de mejorar sus expectativas, ya que suelen abandonar grupos que en su opinión les ofrecen pocas garantías de llevar a cabo sus políticas preferidas, facilitarles el acceso a cargos o permitirles la reelección.
Las recompensas obtenidas por los tránsfugas con sus cambios de adscripción son de muy diversos tipos: cargos públicos, incorporación a futuras listas electorales de los partidos que han pasado a apoyar, disfrute de superiores recursos como miembros del Grupo mixto de una cámara, etc. En algunos casos las contrapartidas pueden ser directamente monetarias. Como dijo el presidente del PP Manuel Fraga en mayo de 1989, “el país sospecha con razón que en muchos casos los ofrecimientos [a los tránsfugas] son en dinero constante y sonante”.
El voto de los tránsfugas se convirtió en un voto muy disputado por los partidos, ya que ámbito municipales su voto podía decidir la victoria de un partido o de otro.
En conclusión:
Como vemos en todas las ocasiones en que se presentan varias alternativas para elegir los implicados sitúan estas en una pluralidad de dimensiones políticas o ideológicas, es decir que cada persona atribuye distinto valor a cada una de las alternativas que se le presentan
Lo que la apreciación común suele denominar “moderación” o disminución de las preferencias maximalistas, es decir, aversión al riesgo, ya sea como cálculo prudente o como miedo, y predisposición a aceptar el mal menor. Dicho en términos de la teoría de juegos, se trata de una tendencia a ceder con respecto a las opciones preferidas en primer lugar que en muchos casos llevan a una situación de conflicto estable, y aprovechar las oportunidades cooperativas de las interacciones, las cuales pueden producir resultados más eficientes o beneficiosos para todos.
La moderación, parece ser una consecuencia reactiva de la guerra civil efectivamente librada a final del decenio de los años treinta, que a su vez era la culminación de una torturada historia centenaria, y que recorrió como un espectro omnipresente toda la transición
Algunos de los rasgos de la transición española han marcado paradójicamente la democracia consolidada posterior. El propio temor a un enfrentamiento fatal, la tendencia a la componenda y la posibilidad de múltiples satisfacciones parciales que proporciona la “complejidad”, a la vez que facilitan el logro de lo que hemos llamado una transición transitiva, predisponen al estado latente de la ciudadanía y conceden un amplio margen de maniobra a los políticos. Si ello no va acompañado, como es el caso, por tradiciones asociativas importantes, da pie a abundantes comportamientos estratégicos, como los intercambios de votos entre partidos, los cambios de coaliciones sin intervención electoral, el transfuguismo, los repartos de poder no correlativos a la representatividad y la maximización excluyente de los beneficios producidos por ciertos sistemas electorales y de votación. De este modo, puede comprenderse la unidad de las dos caras de la política española de los últimos quince años: por un lado, una transición que, por el predominio de la negociación y el pacto y la escasez de violencia en la misma, es contemplada como ejemplar; y, por otro lado, una democracia consolidada que, como resultado del mismo temor a la inestabilidad y la misma tendencia al pasteleo entre políticos que inspiraron la transición, aleja a los ciudadanos de los lugares de decisión. Lo que en una fase fue fecundo y modélico para un cambio continuado y sin confrontación, en la otra produce estancamiento, exclusiones, falseamiento de las voluntades políticas y desinterés. Las virtudes de la transición se han convertido en vicios de la democracia.
Ante las maniobras a corto plazo de los políticos y las cúpulas de los partidos, caben dos posibilidades de comportamiento. Una es que los ciudadanos se mantengan de un modo relativamente estable en sus preferencias sinceras, en cuyo caso éstas raramente son satisfechas en su integridad y aquéllos experimentan una habitual alienación con respecto a sus representantes. La otra es que, para disminuir la disociación entre sus deseos y las decisiones políticas, los ciudadanos adapten sus preferencias a los resultados azarosos y con frecuencia perversos obtenidos en los procesos de decisión política, en general de un modo retrospectivo ante el hecho consumado. Cualquiera de estas alternativas provoca un sentimiento de decepción y fraude ante la política. Sólo se puede reaccionar al mismo, o bien con inhibición y refugio en lo privado, o bien con revelaciones falseadas de las preferencias y otras conductas insinceras de respuesta a las maniobras de los políticos, es decir, con una generalización de la práctica de la manipulación. Ambas líneas de conducta parecen caracterizar a las democracias maduras.
¿Significa todo esto que los métodos de decisión de la democracia representativa son éticamente vacíos y que la democracia en sí misma no es mejor que cualquier otro sistema de elección colectiva?
Lo que sí parece mostrar con claridad la teoría de la elección pública es que entidades como «la voluntad general», la «soberanía popular» o el «autogobierno», con las que se quiso legitimar la democracia llamémosle rousseauniana, pertenecen al reino de la fantasía y no al de la realidad. Si esto es así, la justificación de la democracia requiere que se le dé otro contenido.
El primer elemento del mismo puede ser precisamente la clarificación, que la democracia facilita, de que la política es sobre todo un asunto de conflicto y coordinación de intereses y la consiguiente desacralización de las apelaciones al patriotismo, la coherencia ideológica, el consenso en torno a valores compartidos y las virtudes del Estado.
Pero el principal contenido que hace a la democracia preferible a cualquier forma de dictadura es que no impide la equivocación, el cambio de opinión y el pacífico derrocamiento de los gobernantes, aunque no dé seguridad de conseguirlos. Ciertamente los partidos, las elecciones y los parlamentos, cuyas combinaciones e incoherencias hemos observado con reiteración, no tienden a un fin predeterminado que pueda ser considerado bueno en sí mismo y haga bueno el procedimiento con el que se alcanza. Pero son capaces de producir decisiones colectivas provisionales que, precisamente por serlo, los ciudadanos pueden aceptar como sustituto de la confrontación civil.
En última instancia, la democracia es mejor porque, como suele decirse, es preferible contar votos que cortar cabezas. En una instancia más próxima, porque requiere, pese a todo, participación de los ciudadanos, aunque ésta sólo consiga imponer límites a las decisiones siempre algo aleatorias que toman los políticos y los funcionarios, porque produce libertad e impide la opresión de los individuos, y porque se apoya en unos principios de igualdad jurídica que son condición de cualquier otra igualdad de derechos de las personas.
A la vista de lo mostrado en estas páginas, es difícil que la política en democracia genere mucho entusiasmo ni, como correlato, grandes rechazos. En el fondo, éste era ya el mensaje de la transición española, cuyo principal logro, la Constitución de 1978, fue más ampliamente aceptada que ninguna de sus predecesoras precisamente porque no era de nadie ni nadie la podía considerar del todo ajena. Es precisamente la abundancia de paradójicas consecuencias no intencionadas de la política democrática la que puede hacer disminuir los recelos con respecto a las intenciones de los demás y la desconfianza mutua. Debe de ser cierto, por tanto, que la forma menos mala de gobierno que existe lleva en su propia esencia el aburrimiento y la mediocridad.