EL GOBIERNO DE SUÁREZ

Con Suárez ascendía al poder un falangista, ministro secretario del partido y hombre de escasa o ninguna trayectoria intelectual en la política. Las contradicciones y tensiones que en el propio seno de la derecha española originaria un personaje así, no se hicieron esperar y hasta hubo un serio intento por parte de Fraga, Areilza y Pío Cabanillas para tratar de impedir que el designado presidente pudiera formar gobierno. Los demócratas cristianos tuvieron entonces que salir en su auxilio, sentando las bases de una futura influencia en el partido del poder.

Suárez se encontró, el mismo día de su nombramiento, con la noticia de que Fraga y Areilza bajo ningún pretexto formarían parte de su gobierno. Al resistir las altas presiones para que reconsiderasen su actitud, Fraga y Areilza arrojaban, o eso pensaban, a Suárez ala soledad: o formaba un gobierno de la tercera generación de falangistas (un gobierno condenado antes de nacer) o tendría que renunciar. La renuncia de los ministros de talante más liberalo reformista del gobierno Arias a incorporarse al nuevo gobierno reforzó la primera impresión de decepción y desconcierto extendido por los círculos diplomáticos, las redacciones de los periódicos y los partidos de la oposición: un gobierno presidido por Suárez, se decía, tenia que ser un gobierno franquista, un retorno al "carrerismo".

A comienzos de julio de 1976 el gobierno presidido por Suárez se hallaba ante la necesidad de encontrar una salida a la crisis que se había producido con el gobierno de Arias. A ello respondió su declaración pragmática, en la que se proclamaba el principio de la soberanía popular, el propósito de establecer un sistema político democrático, la concesión de una amnistía política y la promesa de sostener a la nación, por vía de un referéndum, un proyecto de reforma constitucional que incluiría la celebración de elecciones generales antes del 30 de junio de 1977. De esta forma la declaración de Suárez fijó los objetivos del gobierno y el procedimiento para su consecución. Este procedimiento "legal" respetaba las exigencias y condiciones establecidas por las instituciones existentes y por los poderes de hecho en claro enfrentamiento a la ruptura pactada que exigía la oposición. Sin embargo, los objetivos coincidían en lo fundamental con los de esta última y estaban en abierta confrontación con las aspiraciones de continuidad de importantes, sectores del régimen.

La declaración puso también de manifiesto la voluntad del gobierno de iniciar conversaciones con los principales grupos del régimen y de la oposición. La actuación dual de Suárez será clara: por una parte, recibir un necesario apoyo de los sectores franquistas, qué aceptan o creen necesaria una reforma, pero no una ruptura, integrándolos en el proceso de cambio que se va a realizar; y, por otra parte, una tolerancia que irá transformándose a colaboración previa a los acuerdos pertinentes, de la oposición democrática, que formalmente, proclamaba la ruptura y niega la reforma. La dialéctica reforma / ruptura será de esta manera, la clave para entender este proceso y el éxito del mismo radicaba En conseguir el gran acuerdo, un amplio consenso entre estas dos posiciones, en principio antagónicas.

La respuesta del consejo nacional del movimiento ante el proyecto Suárez y, muy concretamente, ante el preámbulo fue inequívoca: excluir el preámbulo del proyecto objeto rescindirlo sobre otros supuestos, modificar el sentido del articulado, intentando establecer una nueva base de contar reforma política. Hay un claro antagonismo entre la ideología de cambio - ruptura (proyecto Suárez) y la ideología tradicional factor nacional / reforma (dictamen consejo). Para un sector del consejo nacional la legitimidad de la reforma debía proceder de proceso constituyente franquista y de unos principios que se seguían considerando válidos. No se acepta, por tanto, el poder constituyente pleno del pueblo, además se piensa que es el propio poder tradicional constituido el que posee la legitimidad para, En su caso, realizar una reforma o un cambio controlado, que "proteja" al pueblo.

A pesar de la contra reforma del consejo nacional, En forma de dictamen no vinculante, el proyecto de reforma política, con concesiones por parte del gobierno (eliminación del preámbulo, entre otras correcciones) sale adelante En su primera confrontación obteniendo el visto bueno del franquismo institucional, En donde ya consistían sectores evolucionado y sectores tradicionalistas. Finalmente, la ley fue aprobada por las cortes con 425 votos a favor, 5 9 En contra y 13 abstenciones. EL 15 de diciembre de 1976 fue ratificado por referéndum la participación fue del 78 por ciento y el 94 por ciento de los votantes se mostraron favorables a la ley. La abstención fue sólo significativa En el País Vasco.

El éxito del referéndum fortaleció considerablemente la posición de Suárez, que pudo interpretado como indicador del apoyo popular con que contaba. La legitimidad simbólica de los grupos de la oposición democrática se deterioro al fracasar su intento de inducir al electorado a no votar. En la práctica, estos resultados revelaban la imposibilidad de una ruptura tal como la planteaban algunas voces de la oposición. En este contexto, Suárez se apresuró a negociar con la izquierda, cuya participación en las proyectadas elecciones "fundacionales" era obviamente esencial. Accedió a algunas peticiones de la oposición democrática, la ampliación de la amnistía política, una ley electoral proporcional, la legalización de los partidos, incluido el PCE, y la disolución del movimiento y los sindicatos verticales. La desaparición de éstos, sin embargo, fue la única reforma que afectó directamente al aparato político y personal del régimen franquista, pero los burócratas sindicales se registraron y pasaron a formar parte de la administración del estado.

En contrapartida, los grupos de la oposición se vieron obligados a hacer algunas concesiones importantes. Se renunció a exigir responsabilidades a las personas comprometidas en actividades represoras bajo el franquismo. Los nacionalistas aceptaron retrasarla devolución de sus derechos históricos hasta que tuvieron lugar las elecciones.

Suárez tuvo un indudable éxito al superar la resistencia de los grupos continuistas y al conseguir que la oposición democrática aceptara el "reformismo legal". Se erigió así En el líder natural de una coalición de grupos moderados, liberales, demócrata - cristianos, franquistas conversos, con los que formó su partido, la Unión de centro democrático (UCD).

La ley para la reforma política emplazaba inmediatamente al gobierno para la redacción de una normativa electoral que presidiera la convocatoria de elecciones generales a cortes, que fuesen presumiblemente "constituyentes", lo que exigía la adopción de una legislación electoral que permitiese la elaboración del texto constitucional en la que participasen esencialmente las principales tendencias políticas del país, lo cual era no sólo una necesidad de autenticidad democrática, sino también de decantar, entre los casi doscientos grupos y partidos políticos existentes, aquellos que tuvieran un auténtico apoyo popular.

Tal propósito, En su doble proyección, debía contar, sin embargo, con dos tipos de condicionamientos necesarios. Por una parte, la ley electoral debía considerar los requisitos mínimos de toda consulta democrática, esto es, el sufragio universal, el reconocimiento sin excepción de todos los grupos y partidos, la igualdad de oportunidades para todos, la posibilidad del acceso a los medios de comunicación social dependientes del estado... Por otra, la ley electoral tenía que respetar igualmente lo ya establecido En la ley para la reforma política respecto a la forma de composición de las dos cámaras, es decir, el sistema proporcional para el congreso y el sistema mayoritario para el senado, la adopción de dispositivos correctores En el sistema proporcional, el establecimiento del mínimo de diputados elegibles En cada circunscripción, y la aceptación de la provincia como circunscripción electoral.

La forma de llevar a cabo tal compromiso era claro que debía hacerse lógicamente con el visto bueno de la oposición. Y, de esta manera, una comisión de nueve personas, representantes de estas la vez, negoció con el gobierno,

En varias reuniones, las bases de la ley electoral. Tal disposición, En forma de decreto - ley, que promulgada el día 18 de marzo de 1977. Los principios que establecía los podemos concretar me la forma siguiente:

Congreso de los diputados: de acuerdo con los puntos que señalamos a continuación cabe afirmar que se adoptó para la elección de los 35 0 diputados, un sistema de escrutinio que podemos denominar como "proporcional mayoritarizado". En efecto, a ello tendía el método de distribución de escaños basado En el sistema de D'Hondt, y que se basaba En la división sucesiva de los votos obtenidos por una lista cerrada de cada partido (1,2,3,4...), para la atribución de los escaños a los cocientes mayores. Se establecía asimismo un dispositivo corrector basado En el 3% mínimo de votos En cada circunscripción. Igualmente había que aceptar la provincia como circunscripción. Se estableció un número mínimo de dos diputados y un escaño más por cada 144500 habitantes o fracción de 70000.

Senado: En lo que respecta al senado, se adoptó, En idéntico sentido, un sistema que podíamos denominar como "mayoritario proporcionalizado" para la elección de los 207 senadores que prescribía la ley para la reforma política. En efecto, a ello respondía la exigencia de que cada ciudadano votase solamente tres de los cuatro señalados con vistas a respetarla representación de las minorías. Por otra parte, el rey nombraría directamente, más tarde, cuarenta y un senadores, de acuerdo con lo establecido En el articulo 23 de la ley para la reforma política.

La normativa electoral establecía también dos cuestiones importantes referentes, por un lado, a la financiación de la campaña electoral de los partidos, comprometiéndose a devolver un millón de pesetas por escaño obtenido, más 45 pesetas por voto respecto al congreso y 15 pesetas En lo tocante al senado. Por otro, regulaban un sistema equitativo, basado En la diversa presencia me las candidaturas de los partidos En las circunscripciones para conocer el acceso a los espacios gratuitos de la radio y la televisión estatales.

Evidentemente, cabe afirmar que el sistema electoral adoptado a pesar del acuerdo más o menos tácito entre el gobierno y la oposición, no estaba exento de fomentar claras desigualdades En la representación En ambas cámaras; la circunscripción provincial, el mínimo establecido de diputados por provincia, el sistema D'Hondt y la mera existencia de un senado basado En el sistema mayoritario favorecía a las provincias pobres y atrasadas, menos pobladas y más conservadoras, En desventaja de las más ricas, pobladas y progresistas.

Con todo, a pesar de estas limitaciones electorales, así como de no haberse cumplido totalmente los requisitos que exigía la oposición, se celebraron las primeras elecciones democráticas En España desde 193 6, elecciones en las que se presentaron 10 coaliciones nacionales, 12 coaliciones regionales y un total de 15 6 partidos políticos.

Un mes después de aprobar las normas electorales, el gobierno convoca los comicios, al tiempo que sigue adoptando decisiones políticas (legalización del PCE) y jurídicas (decreto sobre la utilización de los medios de comunicación pública En la campaña, y órdenes para asegurar el ejercicio efectivo del derecho de sufragio) aspectos técnicos en los que se produce una gran innovación con relación a procesos electorales anteriores no competitivos ni democráticos, e introducir mejoras en torno a prácticas realizadas en el referéndum constitucional, como el voto por correo.

Aspectos tales como la financiación pública, tanto directa como indirecta, suponen el reconocimiento de los cambios operados en el proceso electoral debido fundamentalmente al impacto de los avances tecnológicos y las repercusiones sobre las funciones de los partidos.

La transición española se produce En un momento de crisis del estado social, modelo que aspiran alcanzar las grandes fuerzas políticas del país. Esta crisis repercute en diversos ámbitos del sistema político, entre ellos el sistema representativo, En sus aspectos teóricos y también sobre los actores políticos fundamentales, los partidos por los que se modifican los mecanismos y elementos del sistema electoral, así como sobre el parlamento.

Los cambios migratorios que tienen lugar En Europa En ese periodo, por los procesos vez desarrollo económico, inciden sobre los censos electorales que pronto quedan obsoletos, alteran la relación habitante-escaño de muchos distritos electorales y cuando la migración se produce más allá de las fronteras de origen, amplió sectores de la población no pueden ejercer el derecho al voto. Como consecuencia de ello, se modifican aspectos relativos a las garantías electorales, como la actualización anual de los censos, se introduce el voto por correo o procuración.

La revolución tecnológica, y en concreto el impacto de la televisión sobre la opinión pública tiene notable repercusión con relación al proceso electoral: En la percepción que los electores tienen sobre la imagen pública de los líderes. Estos, que pasan a representar al tiempo al partido y a su programa, influyen e importan más que las diferencias entre los manifiestos electorales.

Asimismo, se produce una gran transformación En el diseño y desarrollo de las campañas por el uso generalizado de las técnicas de marketing electoral y relacionado con ambos factores, la progresiva generalización de la financiación pública directa, sustanciada formalmente como compensación de los gastos de las campañas.

Para estas elecciones se realizaron unos 20.000 actos electorales. Estas actividades contaron con el respaldo de las normas electorales que mantuvieron la tradicional regulación de la financiación pública indirecta, atribuyendo a las juntas electorales las competencias para su distribución, sustrayendo En parte más de los ayuntamientos, por razones de neutralidad.

En previsión de lograr las mayores cotas de limpieza y neutralidad por parte del gobierno y sectores de la administración territorial, En aquel momento muy decantados por la opción política UCD, coalición electoral constituida a tal efecto por la tendencia que conformaban el gobierno, favoreció esta ausencia de conflictos por trato desigual entre las fuerzas políticas. La actitud de cooperación por parte de los demás partidos empeñados En ganarlas elecciones, pero sobre todo En conseguir el mayor grado de democracia posible En el proceso, cívico que se produjeran conflictos significativos por tratamiento discriminatorio En la utilización de otro tipo de financiación pública indirecta.

El sistema de partidos y el comportamiento electoral han sido objeto de numerosas investigaciones, quizás han mostrado como la mayoría del electorado optó por partidos situados En el centro del espectro político, sólo un 16% votó opciones menos pragmáticas y más ideológizadas y rechazó totalmente las candidaturas extremistas, las fuerzas nacionalistas y regionalistas recibieron por su parte un simbólico apoyo. EL sistema de partidos resultante ha merecido diversas acepciones, tales como bipartidismo imperfecto o pluralismo limitado.

La segunda fase de la transición se inició con más elecciones generales del 15 de junio de 1977. Del resultado de las mismas dependió que la nuevas cortes tuviesen carácter de asamblea constituyente y, En caso afirmativo, si la nueva constitución contaría con un apoyo político más o menos amplio.

Las elecciones tuvieron dos importantes resultados:

A) Los resultados confirmaron la moderación del electorado y su apoyo al cambio democrático. EL insignificante apoyo electoral a la extrema izquierda y a la extrema derecha dejó a una y a otra sin representación parlamentaria, e incluso aquella parte de la derecha vinculada a Franco e identificada con alianza popular sólo logró el 8,5% de los votos, porcentaje inferior al del PCE, que logró el 9,3%. En la primera sesión que celebraron los cortes se decidió que tendrían carácter constituyente.

B) Los resultados pusieron de manifiesto la existencia de un equilibrio electoral entre la derecha y la izquierda. Tanto En el seno de la derecha como de la izquierda predominaba las formaciones moderadas.

Gracias a un sistema electoral muy poco proporcionado, UCD, con el 35% de los votos, obtuvo el 47% de los escaños. Ni UCD ni el PSOE apoyaron las tesis del PCE en el sentido de crear un gobierno de "gran coalición" según los modelos francés e italiano de la segunda posguerra.

Adolfo Suárez optó por la formación de un gobierno de partido casi mayoritario apoyándose en la UCD que, desde una posición estratégica de centro, podía ser respaldada alternativamente por la derecha y por la izquierda En la gestión de los asuntos políticos habituales. Además, esa fórmula permitía al gobierno poner en práctica la las técnicas consensuales necesarias para enfrentarse a tareas básicas, como era la redacción de la constitución, la lucha contra la crisis económica y el establecimiento del sistema autonómico. En otras palabras, los resultados electorales de 1977 ampliaron y renovaron la estrategia del compromiso y del pactismo.

Resultado de un pacto entre las grandes familias (azul, democristiana, socialdemócrata y liberal) de UCD, el nuevo equipo habría de gobernar buscando el consenso con la oposición: todos creían que el camino recorrido hasta el verano de 1977 debía continuase hasta elaborar y promulgar una constitución, pero todos eran conscientes también de la las dificultades que aguardaban. Unas se referían a los efectos, ya dramáticos, de la crisis económica, que exigía del nuevo gobierno una decidida acción, y la búsqueda de un pacto social, hasta entonces demorado por la urgencia de las cuestiones estrictamente políticas. Otras se derivan de la necesidad misma de dotar al estado de una constitución aceptable por la mayoría que completará la transición política de la dictadura a la democracia con una transición institucional. EL gobierno se enfrentaba, por otra parte, con la reciente manifestación de un fuerte sentimiento nacionalista que exigía redefinir la distribución territorial del poder y encontrar un marco En el que las expectativas levantadas por la democracia encontraran un cauce que no pusiera en entredicho la existencia misma del estado. Junto a todo ello el nuevo gobierno debería hacer frente a la agudización de las acciones terroristas, que pretendían paralizar el proceso de transición institucional. Constitución, autonomía y terrorismo serán las tres grandes cuestiones, junto a la crisis económica y la búsqueda de un pacto social, que definen este período de política de consenso.

La forma en que se habían dado los primeros pasos en el proceso de transición y el resultado de las primeras elecciones generales sentaron las condiciones para edificar la democracia sobre un amplio consenso social: las instituciones que tradicionalmente habían servido como fundamento a regímenes autoritarios - La iglesia, el ejercito habían mantenido en esta ocasión una estricta neutralidad política; la tensión centro- periferia no había aparecido aún con una radicalidad suficiente para desestabilizar el proceso; la divisoria izquierda - derecha aparece matizada por el predominio de los partidos más moderados y por la ubicación mayoritaria de los españoles en el centro de las posibles opciones políticas

Naturalmente, todo esto no era más que el comienzo: las Cámaras elegidas por sufragio universal lo habían sido merced a una ley que había evitado cuidadosamente atribuirles un carácter constituyente, aunque todo el mundo estuviera de acuerdo en que por necesidad habrían de tenerlo. La cuestión primera radica, por tanto, en como convertir en constituyentes unas Cortes que habían sido elegidas como si de ordinarias se tratasen. Y en este punto, la evidente moderación en la tradicional confrontación ideológica izquierda- derecha, y el pacto, novísimo en la historia política de España, entre la izquierda y la monarquía, opero de nuevo a favor de la anteposición de las necesidades pragmáticas ala fidelidad a estrictas y venerables doctrinas. El consenso continúa siendo un instrumento que favorece tanto al asentamiento general de la democracia como a los dos grandes partidos predominantes o hegemónicos (UCD, PSOE) sin excluir al PC que apoyará, en acuerdo bilateral inicial UCD- PC, la concertación socio -económica de los pactos de la Moncloa. Por distintas causas, el consenso -salvo para la derecha de talante franquista - seguirá siendo la fórmula válida para resolver los problemas subsiguientes a las elecciones (resuelta ya la forma de gobierno, aunque pro- forma se plantee en las discusiones constitucionales). La fórmula del consenso no fue una solución arbitraria, sino impuesta por las circunstancias. No fue tampoco una fórmula improvisada. Aparece recurrentemente en los discursos electorales de Suárez como estrategia concebida para buscar solución a los problemas. Y era también la fórmula más congruente con los intereses de los principales partidos, UCD y PSOE.