EL PACTO SOCIAL

Si la Constitución fue posible gracias al consenso establecido entre los partidos políticos y puede considerarse como resultado de un pacto en el interior de la clase política, y si las instituciones preautonómicas vieron la luz gracias al pacto realizado entre las clases políticas "nacional" y la que surgía en las nacionalidades y regiones, los acuerdos alcanzados entre Gobierno y oposición, con el grupo de organizaciones patronales y sindicatos para salir de la crisis en la que se debatía la economía desde 1974, deben considerarse como resultado de un amplio consenso social.

Desde 1974 se había producido en España un considerable aumento de la movilización obrera, con un número de huelgas y una extensión de los conflictos jamás conocido hasta entonces. Al mismo tiempo, la inflación no dejó de crecer hasta situarse en valores por encima del 2 5 % en los primeros años de la transición, mientras el paro subía considerablemente. Las razones políticas se unieron así a las económicas hasta mantener en los primeros años de gobierno presididos por Adolfo Suárez un nivel de conflictividad desconocido.

El Gobierno estaba demasiado inmerso en los problemas políticos como para conceder prioridad a la movilización sindical: siguió una política de concesiones y contemporización, cuyo resultado más inmediato fue el empeoramiento de la situación económica en cuanto a inflación, paro, déficit de la balanza de pagos y nivel de reservas, sin que por ello descendiera el nivel de conflictividad obrera. Fue en estas condiciones cuando el nuevo vicepresidente para asuntos económicos, Enrique Fuentes Quintana, propuso un amplio pacto social cuya sustancia consistía en controlar los aumentos saláriales en niveles inferiores a la inflación prevista. A cambio el gobierno se comprometía a impulsar medidas de carácter reditributivo, como una reforma fiscal y mejoras sociales.

La propuesta de pacto social fue acogida con entusiasmo por Adolfo Suárez y, sobre todo, por el PCE, que seguía defendiendo, a pesar de o tal vez debido a sus pobres resultados electorales, la política de un gobierno de concentración nacional en el que tuviera parte.

Es un error creer que los Pactos de la Moncloa pusieron término a la poderosa movilización obrera iniciada en el 1976. Más bien sucedió lo contrario, y no porque los sindicatos no firmaran los pactos sino porque a pesar de aceptarlos y de ser conscientes d la importancia de la democracia, carecían de recursos para oponerse al movimiento de huelgas.

Si parece que la política de confrontación seguida por los sindicatos hasta 1979 descendió a partir del primer Acuerdo Marco Interconfederal firmado en julio de 1979 por la UGT y la recién creada Confederación española de Organizaciones Empresariales. El AMI, como sería conocido, estableció la pauta para futuros acuerdos entre sindicatos y empresarios en los que radica la principal causa de la relativa paz social que ha caracterizado sus relaciones desde entonces. En 1981 se negoció, para sustituir al AMI, un Acuerdo Nacional sobre Empleo, firmado por la CEOE, la UGT, y esta vez también por la COCO, cuya política de confrontación se había saldado con un retroceso de afiliación y una pérdida de posiciones respecto ala UGT.