TRABAJO FIN DE MÁSTER, DIRIGIDO POR EL DR. D. PEDRO AGUAYO, DE HOYOS ALFREDO ORTEGA LÓPEZ.2016
La arqueología y el movimiento para la Recuperación de la Memoria Histórica están estrechamente ligados desde inicios del siglo XXI en España, momento en el que se funda la primera asociación memorialista tras realizarse, a su vez, la primera exhumación de una fosa común de la Guerra Civil con metodología arqueológica en el país. Desde ese momento han sido numerosos los proyectos arqueológicos, con marcado carácter interdisciplinar, que se han llevado a cabo relacionados de una manera u otra con el estudio de fosas comunes de la represión franquista, tanto de la Guerra Civil como de la posguerra, con dos objetivos fundamentales: la composición de discursos históricos a partir de las evidencias materiales que afloran durante la excavación de los enterramientos, así como la búsqueda de verdad, reparación y justicia para con las víctimas del franquismo sepultadas en dichas fosas y sus familias, a pesar de que el Estado Español sigue sin atender sus reclamaciones y sin cumplir sus compromisos y obligaciones con el Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos en este sentido. Pero no sólo la exhumación es importante, lo es también la indagación, localización y delimitación de las fosas, con la intención de que estas sean documentadas y no caigan en el olvido, además de que su protección depende de ello. Con la realización de este Trabajo Fin de Máster hemos buscado precisamente esto: documentar las fosas comunes o individuales de la represión franquista en el Valle de Lecrín (Granada), así como las víctimas que ésta produjo en la comarca; y en el caso concreto de uno de sus municipios – Nigüelaslocalizar y delimitar sus fosas, de la Guerra Civil y la posguerra, mediante la realización de una prospección geofísica con georrádar en su Cementerio Municipal.
Lo primero que quiero decir, es que con la realización de este TFM he aprendido mucho más de lo que hubiera imaginado cuando me propuse realizarlo, que fue antes incluso de haberme matriculado en el Máster de Arqueología. Desde el primer momento lo tuve claro, llevar a cabo esta investigación era algo que me rondaba la cabeza desde hace mucho tiempo, y gracias al Máster de Arqueología, y por supuesto a mi tutor Pedro Aguayo de Hoyos, que me animo a ello desde el mismo día que se lo propuse, he podido conseguirlo. Aunque claro está, queda mucho por hacer en este ámbito en mi comarca: el Valle de Lecrín, a pesar de que hemos avanzado un trecho importante con la realización de este TFM, en relación al punto en el que estábamos.
El esfuerzo ha sido grande, puesto que en lo que respecta a bibliografía referente al Valle de Lecrín durante la Guerra y la posguerra, como se ha dicho en páginas anteriores, hay poco o muy poco. Prácticamente toda la información obtenida se debe a la investigación y al trabajo de campo: hemos recorrido todos los pueblos de la comarca, algunos de ellos en reiteradas ocasiones, en busca de fuentes, tanto orales como escritas. Hemos entrevistado a más de veinte personas de distintos municipios, hemos recopilado numerosa información referente a las víctimas del franquismo de posguerra en los registros civiles y juzgados de paz de la comarca, así como en distintos archivos: concretamente las actas de defunción de todas las personas que fueron ejecutadas extrajudicialmente en la comarca, y también dos expedientes en los que se instruyen los casos de dos grupos de individuos ejecutados por la Guardia Civil: un grupo en Saleres y otro en Nigüelas. En ambos casos los expedientes incluyen información relativa a la ubicación de la fosa común en la que las víctimas fueron inhumadas, y ninguna de las dos estaba documentada en los mapas de fosas oficiales.
Por desgracia, sobre los asesinatos cometidos durante la Guerra Civil la cuestión ha sido más complicada, puesto que la documentación escrita referente a la represión franquista en el Valle de Lecrín no existe, y por tanto, prácticamente toda la información obtenida al respecto ha sido gracias a los testimonio orales; fundamentales en todo momento para la investigación que hemos llevado a cabo.
Hemos logrado inventariar 19 fosas que no estaban documentadas en los mapas de fosas oficiales, que pueden contener alrededor de 64 víctimas más de las que se habían calculado según el Mapa de Fosas de las Víctimas de la Guerra Civil y la Posguerra en Andalucía para el Valle de Lecrín, probablemente un gran número de ellas habitantes de la comarca, que fueron trasladadas a municipios cercanos para ser asesinadas. Aunque también hemos constatado que a algunas personas se las trasladó hasta el Valle de Lecrín desde otros puntos de la provincia con este criminal fin.
Además, en el caso concreto de Nigüelas, los resultados de la exploración georrádar que pudimos realizar en el cementerio gracias a la disposición para llevar a cabo el trabajo de manera desinteresada por parte de D. José Antonio Peña Ruano y Dña. Mª Teresa Teixidó Ullod, a los que no podemos estar más agradecidos, han sido positivos, y pronto los lugares en los que se encuentran las fosas serán señalizados por el 156 Ayuntamiento; aunque es posible que este no sea el final del camino. Esperemos a ver qué nos depara el futuro en cuanto a su necesaria documentación arqueológica, tras su exhumación y estudio antropológico y forense.
Pero no sólo he aprendido en lo referente a la represión franquista y su “cartografía del terror” en el Valle de Lecrín. Hemos profundizado ampliamente en todos los aspectos referentes a la arqueología del conflicto, concretamente de la Guerra Civil, y por supuesto de la arqueología forense, que por desgracia en España sigue sin estar reconocida por la administración de justicia, aunque la metodología utilizada para la exhumación de fosas comunes siga protocolos fundamentados en técnicas supeditadas a un programa forense. Hemos analizado también la relación entre arqueología y el movimiento social de recuperación de la Memoria Histórica, tan importante en España, y comenzada a inicios del siglo XXI, etc.
En definitiva, de todo este intenso y apasionante trabajo que ha quedado plasmado en estas páginas, podemos extraer las siguientes consideraciones y conclusiones:
La Guerra Civil española fue provocada por el golpe de Estado fascista fallido, perpetrado por un sector del Ejército contra la Segunda República Española el 18 de julio de 1936, y no comenzó antes, como defienden pseudohistoriadores y apologetas de la dictadura, que aseguran que la Guerra Civil comenzó con la Revolución de Octubre de 1934 en Asturias, o incluso años antes. Desde la disciplina arqueológica también se puede corroborar que la Guerra comenzó a partir del 18 de julio, ya que ésta es capaz de registrar y estudiar todas las evidencias materiales que han quedado en el territorio, en superficie o en el subsuelo; como fosas comunes, trincheras, refugios, campos de concentración, etc.
Con el estallido de la Guerra Civil se desató una oleada de represión tanto en la zona republicana como en la sublevada, que hizo de España un territorio salpicado de fosas comunes; por tanto, en la zona republicana también se cometieron graves abusos, pero reconocer esto no quiere decir que la represión en ambas zonas pueda ser comparable, ni cualitativamente ni tampoco cuantitativamente: la represión de los sublevados fue desde el primer momento sistemática, organizada de arriba a abajo. El terror fue institucionalizado, con fines políticos, por el régimen franquista en la zona que quedó bajo su control desde el inicio de la Guerra como uno de los pilares de su consolidación; por el contrario, en la zona republicana se tomaron medidas a las pocas semanas de iniciada la Guerra para intentar frenar la violencia de retaguardia.
La mayoría de las víctimas de la represión franquista se produjeron en los meses posteriores al golpe de Estado. Este periodo es conocido como el de la represión o el terror caliente, en el que los militares golpistas promulgaron bandos de guerra por los 157 que se instaba al asesinato sin procedimiento judicial alguno. A partir de febrero de 1937 la represión se “judicializa” a través de los Consejos de Guerra, es el periodo de la denominada represión fría, y en este, miles de personas fueron condenadas a muerte mediante farsas judiciales en las que los reos no disponían de ninguna garantía judicial. A pesar del establecimiento de los Consejos de Guerra, las ejecuciones extrajudiciales siguieron produciéndose. En el Valle de Lecrín, el total de asesinatos extrajudiciales, según nuestros datos, se produjeron en el primer año de guerra.
El final oficial de la Guerra Civil se produjo el 1 de abril de 1939, pero la represión no cesó contra los vencidos, ejecutándose a más de 20.000 personas durante la posguerra, a las que hay que sumar las miles que murieron enfermas en prisión, pudiendo llegar la cifra total por represión durante la posguerra a alrededor de 200.000.
Uno de los colectivos más castigados por la represión fue el de la guerrilla antifranquista y sus colaboradores, reales o inventados. En el Valle de Lecrín fueron ejecutadas extrajudicialmente 28 personas entre 1941 y 1951, según fuentes oficiales, relacionadas de un modo u otro con la guerrilla.
La importancia de la arqueología contemporánea es hoy en día indiscutible, no sólo la arqueología industrial, sino la bélica, concretamente la arqueología de la Guerra Civil, mediante la que puede estudiarse este conflicto desde un punto de vista muy distinto al de la historia, ya que ésta se basa en gran medida en los documentos escritos, aunque también en las fuentes orales, que redactados por los vencedores suelen aportar una visión sesgada de los acontecimientos, cuando no falsa, sobre todo en lo concerniente a la represión. Desde este punto de vista, la arqueología es fundamental, ya que con la localización, documentación, y llegado el caso, la exhumación de las fosas comunes, se puede profundizar mucho más en el conocimiento de esta represión y de su verdadera magnitud, conocida solo parcialmente a día de hoy.
La arqueología no solamente es válida para estudiar la historia, sino que también lo es para trabajar en favor de la justicia y los Derechos Humanos mediante la arqueología forense, como ha sucedido en numerosos países de Europa o América; como Argentina, donde se creó. Su metodología se puso al servicio de las víctimas de numerosas dictaduras, ya que la exhumación de fosas comunes sirvió y sirve para que los indicios que suponen las fosas sin exhumar, pasen a ser evidencias al ser exhumadas por profesionales de diversas disciplinas, que posteriormente en manos de los jueces que instruyen los casos de desapariciones forzosas y de crímenes de lesa humanidad, serán las pruebas por las que los criminales pueden ser condenados.
Por desgracia en España la arqueología forense no es reconocida por la autoridad judicial, que sistemáticamente no admite a trámite las denuncias interpuestas cuando se 158 exhuman fosas comunes, argumentando la prescripción de los casos, debido a que sigue vigente la Ley de Amnistía de 1977, con la que se promulgó la impunidad de los criminales franquistas, que a día de hoy persiste, a pesar de que el Estado español con esta actitud está incumpliendo el Derecho Internacional, que dice que los crímenes de lesa humanidad no prescriben.
La arqueología es fundamental en el proceso de exhumación de fosas comunes, pero este trabajo ha de ser siempre interdisciplinar; ya que es necesaria e igualmente fundamental la presencia de profesionales de otras disciplinas en dicho proceso, como el de los antropólogos físicos o forenses e incluso sociales, geofísicos, historiadores, especialistas en Derecho, sociólogos, psicólogos que puedan atender a los familiares de las víctimas durante la exhumación, etc.
La legislación vigente sobre patrimonio arqueológico en España no contempla como yacimientos ni las fosas comunes ni tampoco el resto de espacios o escenarios de la Guerra Civil y el franquismo; sin embargo, se produce una paradoja, ya que la Ley de Memoria Histórica de 2007 otorga a las fosas comunes el carácter de patrimonio histórico genéricamente, aunque no sea explícitamente, pero no específicamente, es decir una a una con todos los datos con los que se catalogan los yacimientos arqueológicos incluidos en catálogos patrimoniales. Pero además, los protocolos de exhumación, tanto el estatal como los autonómicos publicados, contemplan la metodología arqueológica como la única idónea para la realización de las tereas de exhumación. Por el contrario, esta misma Ley excluye a las fosas de ser objeto de tratamiento jurídico; es por ello que la exhumación de fosas comunes se encuentra en una especie de limbo legal, porque la legislación específica sobre patrimonio no las reconoce como patrimonio arqueológico, y la legislación de justicia tampoco las reconoce como objeto de tratamiento jurídico.
Nosotros hemos llegado a la conclusión, siguiendo a otros investigadores que así lo han manifestado y publicado, que las fosas de la Guerra Civil y la posguerra deberían disponer de una declaración específica como patrimonio arqueológico, y ser incluidas como yacimientos en la legislación patrimonial, porque ésta sería la única manera de protegerlas como yacimientos singulares, pero además, y sin que lo dicho tenga que afectar para nada, tendrían que ser reconocidas como las evidencias de crímenes de guerra que tiene que ser investigados por las autoridades judiciales.
El nacimiento del movimiento social de recuperación de la Memoria Histórica está estrechamente ligado a la arqueología, ya que fue a partir de la primera exhumación de una fosa común de víctimas de la represión franquista, mediante metodología arqueológica, en Priaranza del Bierzo en el año 2000, cuando surgió la primera 159 asociación fundada con este fin, presidida por el nieto de una de las personas asesinadas que se encontraban en su interior. A partir de ese momento, todas las exhumaciones siempre se siguieron realizando con metodología arqueológica, y además este movimiento social creció de forma muy significativa en todo el país. Fue por tanto la sociedad civil la que inició el camino y, gracias a su presión, las instituciones tuvieron que pronunciarse al respecto. Siete años después de aquella exhumación se promulgó la conocida como Ley de Memoria Histórica; que en un principio creo importantes expectativas en los familiares de las víctimas, pero tornaron en frustración y decepción al conocerse el texto, ya que la Ley, como señaló en su día Amnistía Internacional, “…no consagra ni el derecho a saber ni la investigación exhaustiva de estos crímenes; tan solo prevé el derecho a la memoria limitado al ámbito privado, y la declaración de ilegitimidad de los tribunales y sentencias de carácter político durante la Guerra Civil y el franquismo (art. 2, 3 y 4). No se garantizan, por tanto, ni el derecho a la verdad ni a la justicia.” (2013:6).
El movimiento para la recuperación de la Memoria Histórica se centra solamente en unas víctimas; las republicanas, porque éstas han sido las únicas olvidadas y silenciadas desde el mismo día que termino la Guerra Civil española, primero por la dictadura, posteriormente en la denominada Transición, en la que se imposibilitó que se hiciera justicia, y posteriormente y lo que es aún más grave, en los cuarenta años de democracia; ya que como hemos dicho, sigue sin permitirse que los crímenes puedan ser juzgados, o al menos conocidos a través de la identificación de cada una de sus víctimas. Por el contrario, las víctimas de la violencia republicana ya fueron exhumadas, homenajeadas, y además cargadas de un capital simbólico utilizado por el régimen como razón legitimadora de la dictadura. Por otro lado, sus familias fueron “compensadas” de diversas maneras por el sufrimiento padecido.
Tras la investigación que hemos llevado a cabo en el Valle de Lecrín para este TFM, hemos llegado a la conclusión de que en él, una zona en la que no se produjeron combates, la represión franquista fue sistemática y siguiendo un mismo modus operandi contra todas las personas con ideas políticas diferentes a las de los sublevados; por lo que a diferencia de lo que mucha gente pueda pensar, esta represión no tuvo un carácter espontáneo, ni se produjo debido a conflictos internos de la comunidad. Aunque en algunos casos las tensiones existentes pudieran haber tenido que ver con el fatal desenlace de los asesinatos, estos se produjeron en su mayoría siguiendo órdenes expresas de eliminar a toda persona izquierdista en la zona; como ejemplo, citaremos lo ocurrido en Nigüelas, donde testimonios orales indican que los falangistas del municipio tenían en su haber una lista negra con los nombres de 50 personas izquierdistas a las cuales pretendían asesinar, número que según fuentes bibliográficas de las que hemos hablado en este trabajo, coincide con el de afiliados a la sociedad 160 obrera de corte socialista que se había constituido durante la Segunda República en el pueblo.
Podemos constatar como en el Valle de Lecrín la dictadura franquista consiguió que, a nivel general, se relacionara a las ideologías contrarias a la impuesta por el régimen con criminalidad, consiguiendo que, de una manera u otra, incluso muchos de los familiares de víctimas sigan negando en la actualidad que los asesinatos de éstas se produjeron por sus ideas políticas, achacándolos en numerosos casos a las “rencillas personales”, a pesar de conocer la participación de sus deudos en organizaciones políticas o su relación con ellas. Han sido numerosos los casos en que incluso se ha negado que la persona asesinada participara en actividades de índole político, y si se ha reconocido, ha sido casi excepcional que se haya señalado ésta como la causa del asesinato. No es extraño que esto suceda en la comarca objeto de estudio, ya que como señala Francisco Ferrándiz, “el nudo de silencio, miedo y autocensura derivado de las prácticas represivas de los vencedores de la Guerra Civil ha sido particularmente asfixiante en contestos locales y rurales.” (2014:107), como el que nos ocupa.
Pero además, también ha sido habitual, aunque en este caso no tanto entre familiares de víctimas, que algunas personas entrevistadas siempre achacaran la represión a grupos de descontrolados o que actuaban por cuenta propia, asegurando que Franco no conocía estas prácticas represivas, o también en otras ocasiones nos aseguraban que él fue el que puso freno a tales prácticas cuando “tomo el poder”, refiriéndose con ello a su nombramiento como Jefe del Estado en octubre de 1936 de la zona sublevada. Esto se debe sin duda a la fructífera tarea del régimen por mitificar e idealizar la figura del dictador, ya que a pesar de haber negado siempre los crímenes, argumentaba en caso de reconocer de forma muy leve algunos de ellos, que no habían sido fruto de una política de represión organizada sino como parte de las propias tensiones y envidias de los pueblos. Desde luego, este trabajo propagandístico consiguió calar en un amplio sector de la población, en el Valle de Lecrín también, a pesar de que estos argumentos no tienen fundamento, porque en primer lugar, Franco fue nombrado Jefe del Estado en Octubre de 1936, y no fue hasta febrero de 1937 cuando se implantaron los consejos de guerra, pero no con la intención de detener la represión, sino con carácter estratégico y de cara a intentar limpiar la imagen del régimen en el exterior. Además, no podemos olvidar que Franco se mostró dispuesto en una entrevista poco después del inicio de la Guerra, de la que hablamos en este TFM, a acabar con media España si fuera necesario para conseguir la victoria. Como ya hemos dicho, la represión estaba perfectamente planificada, incluso hay suficientes evidencias como para afirmar que desde el propio Cuartel General de Franco y, por supuesto, este era conocedor e instigador, junto al resto de golpistas, de ella desde el primer momento.
Tras la finalización de este TFM, podemos señalar la existencia en el Valle de Lecrín de unas 35 fosas de la represión franquista, que deben contener los restos óseos de 161 alrededor de 700 víctimas, lo que supone 19 fosas y 64 víctimas más que las documentadas oficialmente en el mapa de fosas de la Junta de Andalucía. Hemos podido corroborar la hipótesis que planteábamos antes de iniciar las investigaciones con respecto a la localización de las fosas en el territorio, ya que el mayor número de las de la Guerra Civil en el Valle de Lecrín se encuentran en lugares distintos a cementerios: solamente 10 se localizan en el interior de ellos, y las 25 restantes se localizan repartidas entre exteriores de cementerios, barrancos, fincas privadas, cunetas y senderos forestales; por el contrario, todas las de la posguerra se encuentran en el interior de cementerios.
Con este trabajo hemos corroborado la importancia de la geofísica aplicada a la arqueología; ya que es una técnica no destructiva que permite obtener información sobre los primeros metros del subsuelo sin producir alteración en los materiales, y por tanto es de gran ayuda para la localización de fosas comunes, aunque no siempre sea infalible, sin la necesidad de tener que realizar catas o sondeos mediante procedimientos mecánicos que son más lentos, costosos y además destructivos.
Uno de los objetivos fundamentales que nos propusimos al inicio de este TFM fue el de localizar las dos fosas comunes que según las fuentes orales y escritas se ubicaban en el interior del Cementerio Municipal de Nigüelas. Según los resultados de la exploración georrádar todo indica que ha sido cumplido, por lo que se abre la puerta a la posibilidad de completar su estudio en un futuro mediante la exhumación de dichas fosas con metodología arqueológica, lo que sería indispensable para poder contrastar algunas hipótesis que se han planteado, y de las que damos cuenta páginas atrás en este Trabajo Fin de Máster.
Para finalizar, decir que el movimiento social por la recuperación de la Memoria Histórica, que surgió ya hace 16 años, es imparable y ya no tiene vuelta atrás. Son muchos los problemas que tiene que superar, entre ellos la fragmentación y división entre diversos sectores memorialistas; la falta de financiación, o mejor dicho la eliminación de la partida presupuestaria de memoria histórica desde el año 2011; la deriva institucional de parte del movimiento y la instrumentalización por parte de algunos partidos políticos, que puede llegar, como señala Ángel del Río, a desplazar, controlar, e incluso sustituir las iniciativas de la sociedad civil en este ámbito (2013:158), ya que desde las instituciones y los partidos no parece que exista la voluntad real de que se legisle en favor de la justicia para con las víctimas y sus familiares, como podemos concluir si revisamos la legislación promulgada, o por promulgar en el caso por ejemplo de Andalucía, en materia de Memoria Histórica, y sin embargo estos mismos partidos casi quieren erigirse en abanderados del movimiento, en ocasiones incluso copando las direcciones de algunas asociaciones y aprovechando la 162 coyuntura en beneficio propio. Como decimos, son muchos los problemas, pero también es muy importante la ilusión y las ganas de que algún día la situación cambie en España de una vez para siempre, y se consiga que el Estado asuma sus responsabilidades y acate las normas internacionales en Derechos Humanos, derogando la Ley de Amnistía de 1977, para que los crímenes de lesa humanidad del franquismo puedan ser investigados y juzgados en los tribunales españoles e internacionales y que de esta manera pueda llegarse a la ansiada reparación y justicia para con las víctimas del franquismo, que no será íntegra mientras no se declare nula de pleno derecho toda la legislación franquista y los actos administrativos o jurídicos represivos derivados de ella.
Mientras estos objetivos no se consigan, que por desgracia no parecen estar a la vuelta de la esquina, la arqueología tiene que estar del lado de las víctimas, poniendo su metodología al servicio de la indagación, localización, documentación, delimitación y exhumación de fosas, junto a tantas otras disciplinas fundamentales para ello, como ha hecho desde el año 2000 con la exhumación de más de quinientos de estos enterramientos en España. Según cifras Oficiales el número de fosas en todo el país supera las dos mil, pero como ya hemos dicho en este TFM, tienen que ser muchas más, posiblemente rondando las seis mil.
Por lo tanto, queda mucho trabajo por hacer, y la arqueología académica no debe mirar para otro lado, como parece que en gran medida está sucediendo hasta ahora, aunque es cierto que su participación ha crecido ampliamente en los últimos años. Pero además, esta participación tendría que tener un carácter reivindicativo en favor de la justicia y los Derechos Humanos y nunca neutral, porque no podemos ser asépticos cuando se trata de crímenes contra la humanidad. Entra en juego entonces un aspecto muy importante de la investigación arqueológica en general: la difusión. Ya que el tema de la represión franquista y sus fosas tiene origen social, social debe ser su proyección. La sociedad debe conocer los resultados de los estudios. Estos no pueden quedarse sólo plasmados en revistas científicas especializadas alejadas del conjunto de la sociedad. Sólo con la difusión podrá comprenderse, conforme la investigación vaya avanzando, la verdadera magnitud de la represión franquista, tan poco conocida a día de hoy. Por tanto, a grandes rasgos podemos decir que dos son los objetivos más importantes para la continuación del estudio (localización, delimitación, exhumación e identificación del contenido y sus circunstancias de formación) de las fosas comunes desde un punto de vista arqueológico: el conocimiento histórico y la lucha por la justicia y los Derechos Humanos, que algún día conseguirá que caiga por fin la impunidad de los crímenes del franquismo en este país.